Página 12 entrevistó al titular del Inaes, el órgano estatal que se
ocupa de la economía
solidaria en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social, tras otro
fallo contra el fraude laboral. En la entrevista, explica
la utilidad de la sentencia y señala la
eficacia que tendría una ley general sobre cooperativismo.
Patricio Griffin, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social, exhibe un fallo y lee un párrafo. Dice que la
Cooperativa de Trabajo Agrícola “Colonia Barraquero” de Mendoza fue
calificada por organismos públicos de “fraudulenta, de mera
intermediación entre la demanda y oferta de trabajo, proveedora de
servicios de trabajo de temporada o de trabajo eventual o agencia de
empleo”.
Por ese motivo, la sala primera de
la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la
decisión del Inaes de que “Colonia Barraquero” deje de funcionar.
–Llevamos más de siete años haciendo un proceso completo de avance
sobre el control de cooperativas y mutuales en las áreas más sensibles
–dice Griffin, y corrobora que este fallo apareció muy pocos días
después de otro, informado la semana pasada por Página/12, también sobre
el uso fraudulento de formas asociativas para aprovecharse de las
necesidades de los trabajadores golondrina.
–¿Cuáles son las áreas más sensibles?
–El área de trabajo, donde hay casos de fraude laboral. Algunas
mutuales que hacen intermediación, donde puede haber fraude fiscal y
trabajamos con la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y un
núcleo de cooperativas y mutuales con actividades financieras. En este
caso el fraude puede ser fiscal, por violación del impuesto al cheque, y
relacionado con la ética financiera si se cobra una tasa de interés
excesiva.
–¿Quién puede decir que la tasa de interés es excesiva?
–Por eso hablé de ética. Hasta el momento no hay otra posibilidad. Y
digo hasta el momento porque cada vez que nosotros interveníamos, el
Banco Central nos comunicaba que de acuerdo con la normativa vigente las
tasas de interés eran libres. Por eso saludamos alborozadamente la
reforma de la Carta Orgánica. Estamos de acuerdo con que sería bueno
avanzar en limitar las tasas de interés para reasignar los destinos de
los fondos captados y establecer topes de tasas para cada uno de los
diversos espacios.
–En los últimos días salieron dos sentencias del fuero en lo
contencioso administrativo sobre fraude laboral con cooperativas que no
eran tales.
–Sí, y la última sentencia incluso refuerza las facultades del Inaes
más allá de las normativas generales. Crea jurisprudencia y nos permite
limitar intereses.
–¿Cuál es el universo fraudulento?
–El fraude laboral lo hacen 20 o 30 cooperativas sobre 25 mil. Y
cuando hablamos de mutuales con actividad financiera fraudulenta nos
referimos a menos de veinte cooperativas entre 25 mil cooperativas y
menos de 20 mutuales en 4500 mutuales. Estamos hablando de un sector
importante. En la Argentina hay 4.200.000 familias asociadas por lo
menos a una cooperativa. Nos referimos al 40 por ciento de los
productores lácteos, al 25 por ciento del comercio de granos, al 30 por
ciento del seguro, al 25 por ciento de los vinos, al 25 por ciento de la
electrificación rural, al abastecimiento de servicios públicos de la
mitad de los municipios del país, por cierto en situaciones de no
rentabilidad. Hablo de 90 mil trabajadores en cooperativas de trabajo en
18 federaciones, asociadas a la Confederación Nacional de Cooperativas
de Trabajo.
De más está decir que el grueso de las operaciones financieras no
corre por cuenta ni por las cooperativas ni por las mutuales. La
Presidenta señaló que el 85 por ciento de los préstamos lo daban 15
entidades. El sector cooperativo y mutual no sólo no está corrompidos
sino que son pocas las entidades que incurren en estas irregularidades.
El problema es que como el Inaes no tiene facultades de policía o
intervención directa, primero necesita terminar procesos administrativos
para recién después llegan a lo judicial.
Entre el sumario y la revisión judicial puede pasar, como sucedió con
la última sentencia, que la inspección se haya realizado en 2003 y el
fallo se produzca nueve años después. En el ínterin hubo una medida
cautelar del tribunal federal número dos de Mendoza y un pronunciamiento
a favor de la cooperativa “Colonia Barraquero” dictado por el Tribunal
Fiscal de la Nación. La cautelar frenó el proceso judicial, que
afortunadamente luego continuó. Es frecuente que las cautelares se
prolonguen en el tiempo.
–Al comentar las cautelares contra el artículo 161 de la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Corte Suprema dijo que las
cautelares sin plazo se convierten de hecho en fallos de fondo y no en
medidas de forma.
–Exacto. Ahora este tipo de sentencias se va produciendo con más
rapidez y hay fallos nuevos. La jurisprudencia nueva facilita el
trabajo. El objetivo siempre es proteger la nobleza y la virtud del
sector como institución jurídica. Si no, pocas entidades fraudulentas
desprestigian a un sector sumamente valioso para el proyecto nacional.
Porque el desarrollo del cooperativismo y el mutualismo es condición de
viabilidad del proyecto.
–¿En qué se apoya esa afirmación?
–Sin cooperativismo y sin mutualismo no es posible plantear una
industrialización de la ruralidad, objetivo fijado por la Presidenta. No
es posible que los ahorros se reinviertan en las localidades del
interior. No es viable que la población se quede en su lugar de origen o
vuelva. Es lo contrario de lo que ocurre con modelos de alta
concentración, porque por naturaleza éstos se instalan en los grandes
centros. Al contrario, las pymes y el asociativismo, que se llaman desde
hace 300 años cooperativas, sirven al desarrollo. En la Argentina todas
las corrientes inmigratorias trajeron movimientos cooperativos: gringos
piamonteses, suizos como en Romang, al norte de Santa Fe, al lado de
Reconquista, donde llegaron los primeros Kirchner, judíos, galeses… El
primer paso era formar la mutual como forma de socorro mutuo. Después
vinieron las cooperativas agrícolas, que a su vez generaban demanda de
herreros, talabarteros y otros oficios.
Cuando necesitaron energía surgieron las cooperativas eléctricas. Las
eléctricas surgieron promovidas por ACA y por AFA. Hay historias
heroicas en esos movimientos. En Rojas, por ejemplo, los vecinos crearon
una cooperativa eléctrica a la que una vez le quitaron la concesión. El
pueblo se rebeló. Participó Darío Alessandro, uno de los fundadores de
Forja. Rojas entró en insurrección contra la empresa inglesa. Uno de los
dirigentes fue Ghizardi, que estuvo preso en todas las dictaduras. No
quiso pertenecer a la Marina en su momento por el Pacto Roca-Runciman de
1933.
–¿Qué hicieron los habitantes de Rojas?
–El pueblo no quiso consumir la electricidad y hasta vivió con velas.
–¿Y quién ganó?
–Al final, el pueblo. Con ejemplos heroicos o simplemente con trabajo
paciente, la matriz de desarrollo y ramificación combinada con litigios
frecuentes se repite en todo el país: fue la pelea de cooperativas
eléctricas con tarifas bajas contra empresas británicas que pedían
tarifas más altas.
–Vuelvo al tema del fraude laboral. ¿Por qué se repite Mendoza como escenario de vulneración de derechos?
–A ver. En Mendoza, junto con las experiencias fraudulentas, hay
experiencias interesantes, como el Hospital Español, de primer nivel.
Hasta vimos una privatización distinta de las otras: la de Giol. En
lugar de entregar la empresa a una firma extranjera se le concedió la
titularidad a una federación de cooperativas vitivinícolas que hoy sigue
siendo importante en la exportación de vinos. Es el 25 por ciento de la
producción y otro tanto de la exportación. Es el tercer exportador en
el rubro de vinos considerado como rubro exclusivo y primer exportador
en el rubro que suma vinos y mostos. A la vez, es el primer productor de
vinos nacionales. En Chilecito hay otra cooperativa ejemplar de vinos.
–¿Por qué el Estado debe depender de la jurisprudencia y no de una ley que le dé poder de policía y control?
–Uno de los problemas del movimiento cooperativo es la falta de
protagonismo social suficiente para conseguir el consenso hacia una ley
más avanzada. Es uno de los desafíos. Lo señaló la ACI, sección América.
En diciembre de 2010 dijo que la falta de visibilidad deriva en una
falta de protagonismo. Eso a pesar de que en toda América es el 10 por
ciento del Producto Bruto y que en todo el mundo tiene mil millones de
familias asociadas. Junto con este proceso de depuración del sector hay
otro, iniciado con un acuerdo entre el cooperativismo y el Estado
argentino, el 22 de diciembre de 2004. Fue el Compromiso con la Economía
Solidaria entre las empresas del sector y del Gobierno. El 7 de julio
de 2006, Día del Cooperativismo, se firmó en Sunchales el Consenso de
Sunchales, un documento que se presentó como el contra-Consenso de
Wa-shington. Lo firmó todo el movimiento cooperativo y mutual. Ese mismo
día adhirieron 1500 cooperativas de trabajo y en octubre lo respaldó la
totalidad del movimiento mutual.
–El Consenso de Washington ya tenía 17 años y había resumido la
experiencia neoconservadora de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. ¿Qué
decía el contra-Consenso?
–Solidaridad y no competencia, desarrollo local y no concentración,
un compromiso para trabajar en congresos de economía solidaria que se
tradujeran en una ley. La ley supone obligaciones pero también derechos.
Ahora el acuerdo es que durante este año se pueda proponer una ley
general y básica de la economía solidaria.
–¿Hay una definición de economía solidaria?
–El concepto tiene tres puntos. Uno, la participación igualitaria de
todos los socios. Otro, la distribución equitativa de los excedentes y
los resultados, que en el caso de la mutual, quedan en la entidad
mientras que en la cooperativa se reparten dividendos a los socios. El
tercer punto es el modelo de integración y difusión del modelo
cooperativo. Se defiende el desarrollo local desde la base pero hay
diversos escalones de integración. Así, por ejemplo, se democratiza la
tecnología en sus aplicaciones, porque están todos los asociados en
igualdad de condiciones. Estamos hablando de un sector importante.
–¿Cuál es la más grande?
–En número de asociados, SanCor Seguros, con 227 mil asociados.
–¿De dónde vienen las mutuales y las cooperativas?
–El origen es el socorro mutuo. De esa manera en la Edad Media,
cuando la Iglesia tenía el monopolio del entierro en campo santo, había
que juntar recursos para disponer del lugar de entierro y solventar las
misas. Con los principios de ayuda mutua, las cofradías aseguraban que
cuando ocurriera el siniestro –morirse– el pasaje al Cielo quedara
garantizado. Con el mismo criterio, siglos después y en el plano
sindical, tanto los cristianos como los anarquistas utilizaron ese
formato para ayudar a los despedidos o a quienes sufrieran un accidente
laboral.
–¿Y en la Argentina?
–La primera cooperativa fue de seguros. Eran chacareros y el seguro
era contra el granizo. En Pigüé. Pero una panificadora de Entre Ríos lo
discute. Dice ser la primera.
–¿Qué otros elementos debería incluir una ley general?
–La adecuación del Inaes a los nuevos tiempos. El directorio pidió
ser incorporado al sistema de control de lavado de dinero y narcotráfico
y lo consiguió. Por eso la ley no sólo debe contemplar las nuevas
realidades sino que el órgano de aplicación debe ser adecuado a las
nuevas dinámicas de fiscalización, control y tutoría.
–¿Cuál es el motivo de la persistencia de los fraudes laborales usando sellos cooperativos?
–Se da en áreas donde hay actividades de tipo temporal. En Alto
Valle, en Mar del Plata con la pesca, en el sector hortícola de
Balcarce… En algún momento en San Pedro incluso llegó a funcionar una
federación de cooperativas que eran ilegales. No nacieron de casualidad.
Son parte del modelo de los ’90, que al favorecer la tercerización y la
precarización utilizó estos instrumentos como contrapartida a las
exigencias de reducción de personal cuando las multinacionales se
quedaban sin las concesiones. Pasó también en el Estado.
–¿Cómo se evita el uso irregular de una forma cooperativa?
–Queda prohibida la tercerización para las cooperativas. Una
cooperativa no puede ser agencia de colocación de un contratista. Pero
sí puede haber, por ejemplo, una cooperativa de trabajo del campo que
explote su propio terreno o alquile un terreno para explotarlo. Lo que
sí está prohibido es que la cooperativa le “preste” a un propietario
trabajadores para que operen en el campo del empresario.
–¿Por qué un rubro de uso de cooperativas truchas es el de la limpieza a gran escala?
–En el caso de la limpieza, si los asociados tienen su propia
maquinaria, su propia instalación y sus propios medios de transporte, no
tienen por qué dejar de hacerlo. Es ilógico que un equipo de
electricistas no pueda hacer una cooperativa para mantenimiento. Pero en
los ’90 era un modo de precarizar personal que podía ser funcionario
del Estado.
–¿Cómo se puede evitar el fraude con modos concretos?
–Una manera de evitar es exigir una capitalización suficiente para
poder explotar el negocio por sí mismo. Que la cooperativa tenga capital
propio en maquinarias y capacidad productiva para que la explotación
funcione. No puede haber una cooperativa de pesca que aparezca
alquilando dentro de un galpón las máquinas de fileteo y de frío a un
empresario de Mar del Plata. Eso no es cooperativismo sino fraude
laboral. Otro cambio necesario es igualar los costos. Que el costo total
hora de trabajo sea el mismo que en una empresa privada. Al eliminar la
posibilidad de ganancia excesiva, se elimina la posibilidad de fraude.
Dictar una norma es más fácil que perseguir una por una a las
cooperativas fraudulentas. Eso se hizo en España y funcionó bien.
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