El gobierno denunció una maniobra de Clarín contra la Ley de Medios

En una conferencia de prensa ofrecida en el Consejo de la Magistratura, el oficialismo advirtió sobre manejos irregulares en el fuero civil y comercial para asegurar un fallo a favor del multimedios. Advertencia al radicalismo.

El ministro de Justicia Julio Alak respaldó ayer a los representantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura que denunciaron una "maniobra" opositora para favorecer al Grupo Clarín, mediante la designación de un juez jubilado y el bloqueo al concurso para ungir a un magistrado "natural", antes del 7 de diciembre, día en que caerá la medida cautelar que mantiene frenado el artículo 161, la "cláusula de desinversión" de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Incluso anunció que el gobierno recusará al juez jubilado Raúl Tettamanti, designado por la Cámara en lo Civil y Comercial Federal para fallar en la acción de amparo del Grupo Clarín en un procedimiento que calificó de "irregular" y viciado de nulidad. Alak entendió que el secuestro que denunció haber sufrido Enrique Alfonso Severo, testigo en el juicio por el homicidio de Mariano Ferreyra, sumado a otros episodios de alta repercusión mediática, forman parte de una secuencia en la que "se está creando una suerte de situación institucional delicada para amedrentar a la presidenta de la Nación, al gobierno y al Parlamento para que no avance en un acto decisivo", el 7D.

Alak se presentó ayer en el segundo piso del edificio judicial de la calle Libertad 731, donde funciona el Consejo de la Magistratura, para denunciar "la maniobra en el fuero Civil y Comercial Federal para mantener en suspenso el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales a través de jueces que no son naturales". En sintonía con lo que habían denunciado el jueves los consejeros oficialistas Hernán Ordiales, Stella Maris Córdoba y Carlos "Cuto" Moreno, el ministro de Justicia encabezó una conferencia de prensa en la sala de sesiones del Consejo acompañado por el propio Ordiales y por el senador Marcelo Fuentes. Los tres, cada uno con su impronta, coincidieron en que existe una formidable presión del Grupo Clarín contra un "grupo minoritario" de consejeros para imponer una suerte de "veto" al concurso para la designación de cinco magistrados para sendos juzgados vacantes en el fuero. 

El consejero Ordiales sostuvo que la "maniobra" fue urdida por "un grupo minoritario que responde a la UCR y al PRO". En ese contexto, Alak exhortó al radicalismo a demostrar frente a su historia que "es independiente del poder económico y mediático y que no dé una muestra clara de subordinación a ese poder". Fuentes pareció tener pocas esperanzas. Advirtió sobre la presión que están ejerciento los "poderes fácticos" como el monopolio mediático, y sentenció:  "La UCR subordina su agenda a (Héctor) Magnetto."

La maniobra denunciada tiene, según Alak, dos frentes: la Cámara Civil y Comercial, cuyo vicepresidente es Ricardo Recondo, y el propio Consejo de la Magistratura, del que Recondo es miembro. La denuncia indica que Recondo, ex secretario de Justicia en el gobierno de Raúl Alfonsín y, pese a ello, de fuerte perfil antikirchnerista, intervino en la designación presuntamente irregular del jubilado Tettamanti en el juzgado que tiene la "Causa Clarín". Y, al mismo tiempo, encabezó el bloque que completan los legisladores radicales Oscar Aguad y Mario Cimadevilla, y los abogados Alejandro Fargosi y Daniel Ostropolsky, para impedir la designación en el Consejo la conclusión exitosa de un concurso que hasta hace un mes ninguno había objetado. Fuentes los llamó "banda de cuentapropistas". Ordiales los acusó sin medias tintas de "responder claramente a los intereses del Grupo Clarín".

Desde un punto de vista más técnico que político, el ministro Alak halló cuatro razones para objetar la designación de Tettamanti. Enumeró que no se trata de un "juez natural" (un principio sacrosanto en la Justicia) pues ocupará un cargo para el que no fue elegido mediante el proceso constitucional de selección de jueces; fue designado allí por la Cámara, que tiene autoridad para hacerlo, pero en el acuerdo en el que se resolvió su postulación no intervinieron todos los jueces del fuero sino sólo dos: Recondo y el presidente, Martín Diego Farrell; las designaciones deben realizarse por sorteo, y en este caso no fue mediante un sistema informático sino manual, y finalmente, existe una incompatibilidad en el juzgado que va a ocupar. El artículo 12 del Reglamento de la Justicia establece que "para ser secretario o prosecretario de los tribunales nacionales, se requiere ser ciudadano argentino, mayor de edad y abogado graduado en Universidad nacional. No podrá designarse secretario o prosecretario al pariente del juez dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.". La secretaria letrada del Juzgado Nº 1, Ana Laura Bruno, es esposa de un hijo de Tettamanti. Bruno es, en los hechos, la encargada de la Causa Clarín; el expediente tramita en su oficina, ella es secretaria permanente mientras que los jueces subrogantes cambian hasta cuatro veces por mes. Tettamanti debería firmar el borrador de sentencia que elaboraría su propia nuera.

De las cuatro razones, la última parece la más sólida para que prospere la anunciada recusación. Pero ese planteo recusatorio deberá ser resuelto, primero, por el propio juez Tettamanti, y luego, revisado por la misma Cámara que lo designó allí. Un fuero en el que Recondo ya ha mostrado, con creces, cuánto poder posee.

Tanto Alak como los consejeros Fuentes y Ordiales aclararon que la Corte Suprema de Justicia no avaló la designación de Tettamanti, como sostiene el Grupo Clarín, sino que delegó esa facultad en quien verdaderamente la posee, que es la Cámara. Inclusive, exhibieron la decisión emitida por el secretario General y de Gestión del máximo tribunal, Alfredo Kraut, en la que se expresa claramente que la Corte "ha delegado en las Cámaras de apelaciones y las superintendencias en la materia" la designación de los subrogantes y, en consecuencia, considera "improcedente" la aprobación requerida por Recondo y Farrell.  

Los impedimentos de Raúl Tettamanti

Raúl Orestes Tettamanti pertenecía al fuero Civil y Comercial, y el Poder Ejecutivo, a través del Decreto 241/2008 aceptó su retiro como titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 10 de la Capital Federal. Actualmente es juez subrogante en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en los juzgados Nº 4 y Nº 7. Uno de los principales impedimentos para que Tettamanti quede a cargo del juzgado Nº 1 es que la secretaria de ese tribunal es Ana Bruno, nuera suya. Hay un artículo del reglamento de la Justicia, el 12, que expresamente impide ser secretario de un juzgado a quien tenga hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el juez. Pero el que se tiene que ir es el que llegó último y provocó el conflicto, Tettamanti en este caso. En su carrera como juez, Tettamanti emitió fallos de alguna trascendencia. En 2010, el magistrado condenó al Estado a pagar $ 620 mil  más intereses de una década a los familiares de Maximiliano Tasca y Cristian Gómez, asesinados por el policía federal Juan de Dios Velaztiqui el 29 de diciembre de 2001 en lo que se conoció como "la masacre de Floresta".

Sabbatella y empresarios

En su primera semana de gestión, el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, inició la ronda de reuniones que mantendrá con representantes de todos los grupos mediáticos. 

El organismo informó que los encuentros apuntan a evaluar los casos particulares para la adecuación de las empresas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de cara al 7 de diciembre, la fecha que la Corte Suprema fijó como plazo límite para iniciar el proceso de desinversión.

En ese marco, ayer por la tarde Sabbatella recibió a Francisco Mármol y Heber Martínez, en representación del grupo Telefe. 

Antes, el funcionario había mantenido encuentros con los empresarios Sergio Szpolski del Grupo Veintitrés, y Fabián De Souza del Grupo Indalo, y continuará en los días sucesivos con el resto de los multimedios.

"De acá al 7 de diciembre hay que trabajar con todos los actores que tiene el proceso de comunicación audiovisual, los que queden afuera, ese día pasan a estar fuera de la ley, y la AFSCA tendrá que actuar para dar cumplimiento a la norma", advirtió. 

Fuente: www.tiempo.infonews.com