domingo, 9 de diciembre de 2012

Eduardo Aliverti en el stand de la Economía Solidaria. Llegó el 7D

Eduardo Aliverti en el stand de la Economía Solidaria.

Compartimos un texto de su autoría: Los pájaros


Hace una semana, esta columna decía que, frente a la inminencia del 7D, había que disponerse a perder la capacidad de asombro. Una referencia obvia a con qué estarían prestos a tirar los grandes afectados por la batalla cultural —primero económica y finalmente política, como todo— que ese día de diciembre porta uno de sus íconos.
El 7D, es muy probable, generará alguna sorpresa. No el 7, en rigor, sino el lunes 10. Aun así, los efectos de que en esa jornada comience el proceso a través del cual los grupos comunicacionales deberán desprenderse de todo lo que les sobra comenzarían a verse, con viento a favor, bastante después. Martín Sabbattella viene dejando claros ciertos aspectos técnicos al respecto. Pero el valor simbólico y legal de esa fecha no tiene retorno. No se espera que antes del viernes suceda algo estrambótico. Y es de tal forma como lo entienden no sólo el principal emporio "perjudicado" sino, casi a la par, las corporaciones que expresan los mismos intereses de discurso único. A todos ellos refería aquello de estar prontos a perder la capacidad de asombro aunque –seamos francos– más bien se trató de una frase con alto grado de legítimo efectismo porque –sabemos de sobra– el volumen de extrañeza nunca debe perderse. Confesión: en buena medida, esta columna se equivocó. Pese a eso del legítimo efectismo, cuando políticamente uno no cree que pueda quedarse estupefacto, dos sucesos de la semana provocan auténtico estupor.
El primero fue la pretensión clarinetística de penalizar a colegas, además de funcionarios, por presunta instigación a la violencia contra El Grupo. Perseguir periodistas, en una palabra, porque no hay que dar vueltas. A partir de ahí, dividamos. Ni siquiera un colifa completamente rematado podría imaginar que algún juez, y en última instancia la Corte o tribunales internacionales a los que el país suscribe, habilitaría mandar presos a trabajadores de prensa. Al margen de eso, nadie se explica, en ningún ámbito, cómo Clarín incurrió en semejante error y horror, hasta el punto de que varios de los periodistas del propio grupo tuvieran que salir al cruce. ¿Justo cuando venían de la potencia del/su cacerolazo se disparan a los pies? Un alto funcionario del Gobierno, en estricto off, contempló lo siguiente pero previniendo que era sólo un ejercicio especulativo, sin anclaje de data alguna: "Lo único que se me ocurre es que, para después del 7D, tenían armado un bardo de agresión contra instalaciones físicas de Clarín. O algo por el estilo. Y que, entonces, podrían decir 'nosotros avisamos'. Pero les pasó que se 'sobregiraron' con los periodistas. Se fueron al carajo con eso y les salió mal, pero igual no se entiende. O están locos o están desesperados". El firmante abona la segunda posibilidad, que no es necesariamente antitética con la primera (en las últimas horas se sumó la hipótesis de que trataron de marcar una ruta hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Como si fuera poco, El Grupo puso a dar explicaciones a un abogado de su ejército de bufetes, Hugo Wortman Jofré, quien requiere con urgencia un curso intensivo de oratoria. Pasa que es difícil, muy difícil, esperanzarse con herramientas retóricas cuando no hay el más mínimo convencimiento en torno de lo que se asevera. El agente acabó por señalar que nunca se pretendió acosar periodistas, cuando la presentación judicial afirmaba, de puño y letra, exactamente lo contrario. Todo terminó, por decir, en unas disculpas que publicó el diario en su sección "Del Editor al Lector", más el bochorno indescriptible de los abogados corporativos al aclarar que los periodistas acusados no deberían desfilar ni apenas como "testigos". La moraleja es aprender que los poderosos acostumbrados a la impunidad también se equivocan muy feo, si hay la voluntad política de enfrentarlos. Medio mundo de los ambientes políticos, periodísticos, intelectuales se rompió la cabeza, estos días, tratando de escudriñar a dónde quiso llegar Clarín con esa presentación judicial persecutoria. Qué se escondía. Resultaría que, como en el cuento de Poe "La carta robada", el móvil de los desvelos está a simple vista. Si no se asume que una firme decisión política es capaz de alterar al bando oponente, al límite del desvarío o de ponerlo muy nervioso, jamás se podrá tener confianza en las fuerzas propias. El campo popular tiene mucha memoria de grandes derrotas, y quizá se trate de eso la sospecha permanente alrededor de cada movida de sus enemigos. Pero no es un curso irreversible.
Más o menos a la altura del jadeo de Clarín tratando de explicar lo inconcebible, un fallo neoyorquino de segunda instancia frizó la sentencia del cadavérico Griesa a favor de los fondos buitre. La derecha mediática se quedó sin regocijo, pero le faltaba lo peor: el documento de los obispos católicos. Esto requiere cierta explicación. Si es por consuno de intereses oligopólico-culturales (la Madre Iglesia y su sabiduría espiritual "abstracta"; el periodismo independiente que la aprovecha para afirmar que ese saber es el de sus negocios, etcétera), El Grupo, La Nación y compañía se hicieron la fiesta de encabezar en portada con la declaración obispal. El problemita es que lo aseverado por los obispos choca, para empezar, de frente y a lo bestia, con la liberalización de la costumbres. Estos curas se suicidan. Van en contra del matrimonio igualitario, de la emancipación sexual, de actualizar el Código Civil. Así les va, con sus misas cada vez más raleadas, sus feligreses cada vez más dispersos, su derrota progresiva frente a la religiosidad popular y los colectivos fascinerosos de evangelistas marketineros, pastores televisivos y radiofónicos, encantadores del alma. Pero ese suicidio es lícito, ortodoxo: muero con la mía, no quiero darme cuenta de nada, iré al cielo como guardián pretoriano de mi liturgia. Lo restante, como dato puntual, es que estos príncipes emiten su declaración bien antes de su rígido momento, la Navidad. Antes del 7D. Y como dijeron otros eclesiásticos, los de la Opción por los Pobres, con ironía no necesariamente desprovista de certeza, desde el escritorio del CEO de algún multimedios. Y dicen, en consecuencia, que les preocupa la división de la sociedad, la agresión, los chicos que no estudian ni trabajan. Dicen que la libertad de expresión está bajo amenaza, por supuesto. Dicen, por el amor de Dios, que los alarma "la politización de los jóvenes". De ahí a "¿sabe usted dónde está su hijo ahora?" no hay ninguna distancia. Ninguna. Anda en ese documento la pluma de monseñor Bergoglio, para todos los habitantes de un pote de yogur que suponían una etapa diferente con monseñor Arancedo. Nunca son diferentes. Siempre estarán codo a codo con el Poder y en contra de los desposeídos. Siempre. Y a veces, como esta oportunidad en que se juega de qué lado ponerse, sin grises, o con grises que no confundan al enemigo, se les sincera la chaveta y lo dicen con todas las letras: nos preocupa la politización juvenil. La sinceridad extrema, cabe admitir. Tal vez podría agregarse que los irrita la politización a secas, y en todo caso, la juvenil en particular porque cada vez más pibes, y más, y más, están avivados acerca de varias cosas, incluyendo lo que representan estos obispos. Que no fueron capaces de dedicar una sola línea al show de pedófilos que anida en sus filas. Ni una sola. Parece ser que eso no es preocupación pastoral de la Curia, en este país donde ya son paisaje noticioso común los episodios de abuso sexual de los sacerdotes. Hasta el Papa los condenó en público. Hay que remar para quedarse a la derecha de Ratzinger.
Esta parte del todo se clarifica a pasos agigantados. Hay otra que es brumosa y se conforma con los interrogantes del tipo de quién, si no es Cristina. Y si no hay quién, a quién se promociona y cuándo. Y si acaso no está faltando reacción, renovar algo del gabinete, mostrar nuevas cartas, no caer en el embudo que desemboca en Scioli, cómo no seguir dependiendo tan en exceso del frenético trabajo que se centra en Olivos. Pero esa porción del todo, que es tan categórica como prospectivamente angustiante, apunta hacia el techo. La otra enseña cuál es el piso. El nunca menos.
La cuestión es que a los buitres se sumaron los cuervos. Y los caranchos. Si esto sigue así, será un muy buen negocio montarse una pajarería. Están juntándose, como era de prever, todas las variantes de rapiña. Pero en, y desde, un mismo sitio. En la inolvidable escena final de la película de Hitchcock, los pájaros se adueñan del lugar y los moradores de la casa huyen. La diferencia metafórica sería que, en el film, ganan los sagaces porque logran alzarse con la casa. En la actualidad política argentina, en cambio, que los pájaros conquisten el predio simboliza que el mediático es uno de los últimos lugares que les queda para refugiarse.
Y pasando papelones, encima.
Fuente: Pagina/12

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sábado, 8 de diciembre de 2012

#7D: Un gran día para la libertad de expresión



Desde una España asfixiada por el modelo neoliberal, el periodista ib´rico Pascual Serrano analiza el impacto de la ley de medios en Argentina. 

Este 7 de diciembre vence en Argentina el recurso judicial interpuesto por el grupo de comunicación Clarín para impedir que entre en vigencia la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley que fue aprobada el año 2009 con el objetivo de acabar con la concentración empresarial de medios que mantiene la información en manos de unos pocos impidiendo una adecuada pluralidad y democratización de la comunicación en Argentina. Este día es la fecha límite para que 21 grupos de medios de comunicación presenten su plan de desinversiones para adecuarse a la ley, algo a lo que se ha estado negando el grupo Clarín, que se ha convertido en el principal agente de oposición al gobierno de Cristina Fernández. 

La fecha fue fijada por la Corte Suprema de Argentina, que determinó que ese día vence la medida cautelar que en la justicia de primera instancia había suspendido durante tres años la vigencia de un artículo de la ley de medios, la referida a la obligación de desinvertir para aquellas empresas excedidas en cantidad de radios, canales u operadoras de televisión satelital o por cable, un servicio que en este país se encuentra muy extendido. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue aprobada en Argentina el 10 de Octubre de 2009, sustituye la anterior normativa instaurada por la última dictadura cívico-militar. Esta nueva legislación, prevé que una persona o empresa puede poseer 24 sistemas de televisión por cable, 10 licencias de radiodifusión -sean de radio FM, AM o de televisión abierta- y una señal de contenidos (canal de cable). El grupo Clarín ostenta, según la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), 250 licencias. Ahora el Gobierno argentino adoptará las medidas necesarias para subastar las licencias que incumplan con la norma.

A Clarín le corresponde desprenderse de entre 150 y 200 medios, lo que da una idea del nivel de acaparamiento del grupo. Una de sus empresas, Cablevisión, acumula el 58% del servicio por cable del país, cuando la ley de 2009 establece que nadie podrá tener más del 35% de cualquier negocio audiovisual a nivel nacional. Cablevisión suma 257 licencias para operar en diversas ciudades y pueblos, mientras la norma solo permite contar con un máximo de 24. Ningún grupo puede disponer de más 10 licencias de uso del espacio radioeléctrico, pero Clarín cuenta con 25, incluidos cinco de televisión abierta, como El Trece, y 11 de radio, como Mitre, que operan en ciudades que suman más del 35% de la población argentina, por lo que también en este sentido estaría excediendo el límite establecido por la ley.

La norma establece también que en una misma ciudad no se puede contar al mismo tiempo con una operadora de televisión por suscripción y con emisoras de TV abierta. Clarín viola esta regla en Buenos Aires, Córdoba y Bahía Blanca. Tampoco una empresa de televisión por suscripción puede contar con más de un canal de TV cerrada. El conglomerado dueño del principal periódico argentino,Clarín, y de otros cinco diarios más tiene nueve canales de televisión por cable. El grupo, que además ha invertido en Paraguay y Uruguay, incumple otra norma por exceso de licencias audiovisuales en 37 municipios, incluidos Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata y Mar del Plata.

Poder poner en práctica la ley aprobada por los poderes elegidos por los ciudadanos, aunque sea con varios años de retraso, es una victoria de la democracia argentina, y así lo han entendido los medios comunitarios y alternativos latinoamericanos que han convertido el 7 de diciembre de 2012 en una jornada global de apoyo a la puesta en vigencia de esta importante legislación que supone un paso importante para la democratización definitiva de los medios de comunicación en Argentina. “El 7 de diciembre representa una fecha clave para quienes entienden que la comunicación es un derecho inclaudicable de los pueblos y, por eso, es necesario que exista una pluralidad de voces y discursos en los medios que difunden las noticias que interesan a los sectores sociales, porque afectan a los mismos o porque ellos son los propios protagonistas de esas historias. Para que se garantice este derecho y esta necesidad, es fundamental diversificar la propiedad de los medios de comunicación, porque la concentración de ellos en pocas manos no permite visibilizar la multiplicidad de realidades que existen en el mundo”, han afirmado en un comunicado [1] .

El acaparamiento de los medios de comunicación por parte de una pequeña cantidad de emporios económicos se ha convertido en una de las principales herramientas del neoliberalismo para el control ideológico de las sociedades. A este problema se añade la impunidad para manipular y el ocultamiento de sus accionistas con todos sus intereses económicos y políticos. Todo ello se cuidan mucho de presentarlo a través de sus cárteles empresariales -como la SIP- como una defensa de la libertad de expresión, convirtiendo este principio democrático en una coartada para su dominio y el atropello del derecho ciudadano a informar y estar informado. “Cuando la defensa de sus intereses económicos entra en contradicción con el interés general, los medios de comunicación son cualquier cosa menos modelos de virtud democrática”, resumen los investigadores Elisabeth Fox y Silvio Waisbord [2] .

Por ello es necesario que surjan gobiernos valientes y dignos que pongan coto a ese atropello. Argentina lo está haciendo, y no está sola. La necesaria reacción en defensa de la democracia mediática por parte de los gobiernos soberanos latinoamericanos requiere actuar en tres frentes. Primero, erradicar la impunidad para la mentira, la manipulación y la desinformación dominante; segundo, terminar con los latifundios mediáticos que dejan fuera de la oferta informativa a la gran mayoría de la sociedad; y tercero, garantizar el acceso de la ciudadanía a los medios de comunicación mediante el desarrollo de una oferta pública y comunitaria participativa y democrática.

En el primer frente se encuadra el decreto de aplicación de la ley de Responsabilidad Social de Radio y Comunicación (extendida a internet, en diciembre de 2010) que firmaba Chávez el 8 de diciembre de 2004. En él se regulaban algunos contenidos, además de fijar cupos mínimos de programas nacionales, el texto procuraba que Venezuela se ajustara a la Convención Americana sobre Derechos Humanos: controla la programación de imágenes de carácter sexual o violento (prohibidas entre las 7 y las 23 horas) y prohíbe la publicidad de alcohol y tabaco. Pero el dispositivo va más lejos. En el capítulo 7, artículo 28, penaliza los mensajes que “promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia”, aquellos que “fomenten zozobra en la ciudadanía”, así como... la información “falsa”. En noviembre de 2010, La Paz adoptaba un texto de ley similar, la Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, mientras que la Constitución ecuatoriana de 2008 condena la información errónea susceptible de generar “conmoción social”.

También la Ley de Radiodifusión y Televisión de Ecuador establece el deber de la promoción de valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas existentes en el país, así como el compromiso con la verdad y la responsabilidad social.

Argentina optó por el segundo frente, actuar contra los latifundios mediáticos, mediante la citada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que por fin será una realidad. Pero también desarrolla el tercero a favor del acceso a la ciudadanía al distribuir el espectro radioeléctrico en tres tercios: uno para el sector comercial, otro para el Estado y un tercero para el sector sin fines de lucro. De ahí que mientras los grandes grupos de comunicación mundiales se escandalizaban, el relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, vio “un paso importante en la lucha contra la concentración de los medios de comunicación” y calificó la ley argentina como una de las más avanzadas de América y un "modelo para el continente y para otras regiones del mundo" en materia de libertad de expresión [3]. De hecho ha inspirado a Ecuador y Uruguay. Argentina también ha puesto en marcha leyes que impiden la explotación cuasimonopolística del papel decretándolo de interés público.

No basta con actuar sobre la concentración, es necesario, como han entendido algunos gobiernos, asegurar que el gran capital no logre adueñarse de nuevo de ese bien público que es la información. Por ello, gobiernos como el de Ecuador primero y el de Venezuela después establecieron por ley que ni las entidades bancarias y financieras ni sus accionistas mayoritarios ni representantes podían tener participación accionarial en los medios de comunicación. En el caso de Argentina tampoco los políticos para evitar su utilización partidaria y en Ecuador tampoco los empleados públicos y miembros de consejos y directorios de órganos de reglamentación o concesión de licencias.

El tercer frente, desarrollar medios públicos y comunitarios, se ha materializado en Venezuela con la creación de una televisión fundamentalmente cultural como Teves y en Argentina con el canal también cultural Encuentro y otros infantiles y deportivos. También se han fundado diarios públicos en Ecuador, Bolivia y Venezuela. El proyecto multinacional de Telesur es otra iniciativa ambiciosa de desarrollar una televisión informativa con el apoyo de varios estados latinoamericanos que no se resignan a que la agenda informativa internacional esté en manos de televisoras como la estadounidense CNN. Existe otra batería de legislaciones destinadas a proteger y desarrollar la producción cultural independiente y nacional frente al dominio de las distribuidoras extranjeras, en especial estadounidenses. Se ha hecho en Argentina o en Venezuela con la Ley de Cinematografía Nacional que establece un mínimo de producciones nacionales que se deben exhibir en el país, medida que también se ha establecido en Brasil. Los países latinoamericanos han iniciado programas de integración regional sin fines de lucro que suponen intercambios informativos y audiovisuales entre agencias de noticias y canales de televisión estatales; coproducción, codistribución y reserva de mercado para películas, documentales y series televisivas. Brasil, Argentina y Venezuela han creado un fondo internacional de coproducción [4].

Los medios alternativos y comunitarios han logrado reconocimiento legal en Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Chile. Una de las normas más audaces es reservar un tercio del espacio radioeléctrico para licencias a radios y televisiones sin ánimo de lucro, como ya hemos señalado que sucede en Argentina y también en Uruguay.

Por supuesto, queda mucho por andar para lograr que la democracia se instale en el sistema mediático. En Brasil, los dueños de medios de comunicación ocupan uno de cada diez escaños en la Asamblea y uno de cada tres en el Senado, el grupo Globo poseía en 2006 “el 61,5% de los canales de televisión” y “el 40,7% de la difusión total de los diarios” [5]. Con más de ciento veinte canales en el mundo, la red televisiva del magnate Roberto Marinho (cuyo fallecimiento “Lula” conmemoró decretando tres días de duelo nacional, en 2003) llega a más de ciento veinte millones de personas al día.

Mientras tanto en España bancos, grandes editoriales, empresas de telefonía, Berlusconi, familias franquistas y multinacionales italianas se reparten la propiedad de los medios. Las licencias de televisión digital se han distribuido a los pocos grupos que ya contaban con una licencia analógica, las radios y televisiones sin ánimo de lucro tienen prohibido facturar más de cincuenta y cien mil euros por año, es decir, deben ser marginales por ley. Una anécdota que muestra el poder sobre los gobiernos que tienen los medios de comunicación: ningún gobierno se ha atrevido a impedir los anuncios de prostitución en la prensa escrita. 


Notas



[1] “7D en Argentina: Un paso más hacia la democratización de la comunicación”. Alai, 4-12-2012
[2] Elizabeth Fox y Silvio Waisbord (bajo la dirección de), Latin Politics, Global Media, University of Texas Press, Austin, 2002.
[3] Efe, 15-10-2012
[4] De Moraes, Dênis. La cruzada de los medios en América Latina . Paidós. Buenos Aires. 2011
[5] Lambert, Renaud. “En Latinoamérica, los Gobiernos se enfrentan a los dueños de los medios de comunicación”. Le Monde Diplomatique. Diciembre 2012.

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El #7D debería haber sido hace tres años


Algún día Clarín deberá rendir cuentas por demorar la ley de mayor impacto cultural de los años que fuimos felices. Sorteando  infinidad de chicanas judiciales y operaciones políticas, los argentinos arribamos al 7D. Sin jactancias, asistimos a un cambio de época. Un parto colectivo, un alumbramiento histórico, que aún está pujando para nacer. Ya lo dijo la Corte Suprema dos veces en el mismo año: el 7 de diciembre es ahora y no dentro de 30 días y 500 noches. Clarín no quisiera que fuera nunca.


De ahí que nadie llamaría loco a quien temiera que antes de las 12 de la noche del viernes 7 de diciembre el diablo judicial pudiera meter la cola y convalidar un gol de Magnetto con la mano, en innegable posición adelantada. El poder económico siempre obliga a dormir con los ojos abiertos.

En ese caso, la fiesta popular que se vivirá en las calles el próximo domingo adquiriría un nuevo significado. Ya no sería sólo una multitud festejando el triunfo de la ley por sobre los prepotentes económicos, sino una nueva muestra de fortaleza de quienes quieren democratizar los medios y condensar definitivamente en el marco normativo de la democracia una ley antimonopólica, profundamente plural, con un amplio sentido republicano, nacida –vaya paradoja– tras un traspié electoral. Si algo aprendió este pueblo es a resistir. De ahí su sabiduría: no darse jamás por vencido, ni siquiera ante el peor de los vaticinios. Como dijo Cristina a Rafael Correa, que sufrió un intento de derrocamiento y magnicidio con complicidad mediática, "si damos un paso atrás, es para tomar envión".

 ¿No se expondrían a un juicio político los jueces que desobedecieran flagrantemente el fallo de la Corte de hace diez días, que puso un término perentorio a los amparos ad infinitum? Si así ocurriera, ¿no se trataría de una evidente insubordinación judicial?

 El 7D debiera haber sido en octubre de 2009, pero la infinita bondad de una justicia demasiado contemplativa cuando de corporaciones económicas se trata extendió el privilegio de no cumplir la ley que un justiciable considera desventajosa, hasta hoy. Quien piqueteó durante tres años los tribunales y siempre buscó ganar tiempo, invierte la carga de la prueba y acusa al gobierno de querer dilatar la causa. Recurrió para sus "piquetes" judiciales a recursos más sutiles y mejor vistos que prender fuego una goma de camión, pero en el fondo parecidos. Con una diferencia insalvable: quienes cortaban rutas durante los años noventa lo hacían para pedir trabajo, para reclamar su derecho a la existencia social, a ser parte de una clase –la trabajadora– a la que el capitalismo en su versión más atroz había condenado a la extinción. Apelaban a métodos extremos, porque más extremo había sido el sistema para con ellos. Estaban legitimados. A Clarín, todo lo contrario.

 Aunque fijado demasiado tarde, el límite establecido por el máximo tribunal frustra la estrategia judicial planteada por Magnetto. La queja de Clarín fue convertida por el Grupo en una puja política como no se recuerde otra desde el reinicio de la etapa constitucional. Sus múltiples posesiones, lo diversificado de sus utilidades materiales, y su capacidad para producir subjetividad y crear opinión favorable a sus necesidades, hicieron del megagrupo empresarial el gran enemigo político de la democracia, plataforma de la articulación de las diferentes variables de la derecha argentina y de los más rancios y concentrados intereses económicos.

 Con el recurso de amparo, que lo mantuvo al margen de la legalidad durante larguísimos tres años, Clarín intentó diferir a otro mandato constitucional la total aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en el momento más difícil del kirchnerismo, tras las elecciones del 28 de junio de 2009, cuando muchos especulaban con su abrupta salida del poder. En el alucinógeno escenario proyectado por Magnetto, Cristina perdía las elecciones presidenciales del año 2011, y el gobierno que lo sucedía volvía atrás con el texto de la ley, o al menos con uno de sus puntos cardinales: el artículo 161. Nada de esto ocurrió.

 Sin embargo, son los medios que todavía resisten su aplicación los que califican de "obsesión presidencial" a la decisión oficial de hacer cumplir la ley a todos por igual, sin distinciones. Los medios hegemónicos declararon una guerra santa contra el gobierno nacional por lo menos desde 2008, y sin embargo la "irracional", según sus relatores, viene a ser la presidenta. En su estrategia plantearon hasta la denuncia penal a los periodistas que no acuerdan con su posición, a quienes atribuyeron ante sede judicial un improbable "delito" de lesa opinión.

 Para negar hasta lo obvio, dicen que en el fondo lo que la Ley de Medios persigue es la creación de un monopolio comunicacional estatal. "El peor de todos los monopolios", ponen nota de concepto. Otra zoncera jauretchiana. No es cierto, pero si lo fuera aunque sea en parte, ¿de dónde sacaron que ese eventual monopolio del Estado es menos plural, más tirano, absolutamente impropio a la idea más primaria de democracia, que el de los medios privados? Por lo menos las autoridades políticas del Estado se renuevan periódicamente en elecciones libres. Al capital privado, concentrado en poquísimas manos, no lo elige nadie. Las políticas de las corporaciones económicas las deciden en absoluta soledad los accionistas de esos grupos, en sus reuniones de Directorio. Bajo las espesas coordenadas que rigen la sociedad capitalista, es el dinero el único que tiene garantizada su reelección indefinida.

Algún día Clarín deberá rendir cuentas por demorar la ley de mayor impacto cultural de los años que fuimos felices. No sé si ante la justicia; sí estoy seguro que ante la historia y la sociedad de este tiempo inexorable. "La máquina de impedir", le decía Néstor Kirchner. "En libertad ambulatoria", definió Cristina. Nuestra democracia, si bien en expansión, nunca conoció una acción corrosiva de semejantes persistencia y voracidad. Sólo cuando la Ley de Medios se aplique en todo su articulado, nuestro sistema de representación sortearía la verdadera prueba del ácido, condición sine qua non para profundizarlo. 

"¿Dónde estuviste el día que el pulpo más grande, antidemocrático y retardatario de la historia se igualó con el resto y debió cumplir la ley?", nos preguntarán nuestros hijos, hoy niños, dentro de algunos años, protagonizando el país infinitamente mejor que empieza el 7D. "En Plaza de Mayo", les responderemos orgullosos, felices, en la nueva época.

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viernes, 7 de diciembre de 2012

Un respaldo regional a la ley de medios


(Por Fernando Cibeira).Imposible saber si el debate sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual estará hoy presente en el discurso de la presidenta Cristina Kirchner en la cumbre, aunque sería extraño que no hubiera siquiera una referencia por más que el tema no esté en agenda. Con todo, donde sí se discutió fue en la tradicional Cumbre Social o de los Pueblos que se realiza en forma paralela a la de los jefes de Estado. En uno de los eventos temáticos de la cumbre paralela hubo un explícito respaldo a “las organizaciones populares de la Argentina” en su lucha por “democratizar los medios”. Además, coincidieron por unanimidad en la necesidad de que todos los países del bloque aprueben una ley de medios que contemple la pluralidad de voces. El documento debatido por la Cumbre Social será entregado hoy a los presidentes.

Está avanzada la legalización de la Cumbre Social como un evento oficial dentro de la cumbre de jefes de Estado. Es que cada vez más quienes participan de este foro forman una parte significativa del entramado de sectores sociales que apoyan a los partidos que se encuentran en los gobiernos de cada país del Mercosur, un dato potenciado ahora que Venezuela ya es parte del bloque. En esta dirección, del lado argentino por primera vez hubo una delegación de Unidos y Organizados, la agrupación kirchnerista por excelencia. Viajaron representantes de cada uno de los partidos que la integran. Por ejemplo, por el sabbatellista Nuevo Encuentro participó el diputado Carlos Raimundi. Como coordinador viajó Oscar Laborde, quien se ocupa en Cancillería de las relaciones con la sociedad civil, pero también es dirigente del Frente Transversal de Edgardo Depetri, otro de los participantes.

Tan casi oficial es que las sesiones de la cumbre paralela fueron inauguradas el miércoles por el canciller brasileño Antonio Patriota en el Museo Nacional, un edificio que de lejos parece un plato volador gigante. “Estamos ganando la pelea contra el neoliberalismo”, afirmó Depetri en esa presentación, en la que envió saludos a los presentes de parte de Cristina Kirchner. “La política ha vuelto a ser la herramienta para transformar la realidad”, arengó.

Los dos días de sesiones de la Cumbre Social se dividieron en cinco ejes temáticos. En uno de ellos, denominado “Democratización de la comunicación y de la cultura digital”, fue donde se tocó la cuestión de los medios y el kirchnerismo logró un contundente respaldo para la batalla que tenía marcada la fecha de hoy como momento emblemático. Y no sólo se resaltó la puja que llevaban adelante las organizaciones argentinas, sino que recomendó al resto de los países seguir los mismos pasos para “achicar el poder de los monopolios mediáticos” y posibilitar la difusión de la mayor cantidad de voces.

Fuente: Pàgina/12

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Ley de Medios: Fallo Completo de la Cámara ¿Argentina o Clarintina?


(Aram Aharonian) .- En la puja por la democratización de la comunicación argentina, a la que se subió la corporación judicial abiertamente en favor de los grandes grupos económico.-mediáticos, el oligopolio Grupo Clarín consiguió una extensión de la medida cautelar gracias a la cual seguirá eximido de adecuarse a las disposiciones y límites de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada hace tres años.

Esta nueva legislación prevé que una persona o empresa puede poseer 24 sistemas de televisión por cable, 10 licencias de radiodifusión -sean de radio FM, AM o de televisión abierta- y una señal de contenidos (canal de cable). El grupo Clarín detenta 250 licencias.

El beneficio cautelar vencía el 7 de diciembre, según había establecido la Corte Suprema en mayo último, cuando señaló que hasta el momento Clarín no había demostrado que se hubiera vulnerado algún derecho esencial, como la libertad de expresión, y que por esto el expediente aparecía como una cuestión de naturaleza meramente “patrimonial”. Un asunto patrimonial se puede recomponer a la larga con una reparación económica. La violación de un derecho básico, no.

Sin embargo, la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial dispuso el jueves 6 de diciembre que siga vigente “hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa”. Es decir que caerá cuando el juez de primera instancia, Horacio Alfonso, defina la validez constitucional de los artículos de la norma que obligan a desprenderse de licencias de radio y televisión y que definen los parámetros de concentración de medios.

La Cámara argumentó que la situación cambió respecto de seis meses atrás, cuando se pronunció la Corte para advertir que no se deben prolongar las medidas cautelares indefinidamente porque se conviertan en sentencias anticipadas. La Cámara señaló que una sentencia del juez Alfonso sobre la cuestión de fondo ya es inminente, porque lo exigen las directivas supremas.

Para los camaristas, levantar la cautelar “cuando aún no está dirimida la impugnación constitucional” que planteó Clarín contra “la obligación de desinvertir (...) causaría un perjuicio irreparable” si la decisión final fuera favorable a la empresa, que se vería en la situación de tener que ceder parte de su patrimonio.

El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, consideró “una vergüenza” la decisión de la Cámara Civil y Comercial. “Esto demuestra claramente que esa Cámara termina siendo el equipo jurídico del grupo empresarial Clarín (…) Hay una parte de la Justicia argentina que no está preparada para enfrentar a las corporaciones, porque está colonizada y responde a esos intereses corporativos”, advirtió.

Sabbatella remarcó que “es una barbaridad que una ley aprobada por el Congreso por amplia mayoría quede trabada por una maniobra”.

La decisión de la Cámara Civil y Comercial está firmada por los jueces María Susana y Francisco De las Carreras, sobre quien pesa una denuncia penal y una denuncia en el Consejo de la Magistratura, por haber viajado a un Congreso en Miami organizado por Certal, una asociación que tiene entre sus miembros a dirigentes del Grupo Clarín. Según Sabbatella, esta situación “demuestra que los jueces que viajan a Miami financiados por Clarín terminan convertidos en su equipo jurídico”.


El fallo de la Cámara prorroga la cautelar hasta que el juez de primera instancia Horacio Alfonso resuelva la cuestión de fondo, desconociendo así el criterio de “razonabilidad” planteado por la Corte Suprema, que fijó el 7 de diciembre para su finalización. Es todavía más grave que la Cámara haya opinado sobre el hecho de que Clarín podría tener un año más para adecuarse a la ley después del fallo de fondo.

Para que todos tengan las mismas oportunidades, la Autoridad Federal anunció que prolongará la resolución 901 del organismo, que amplía los plazos de adecuación para el resto de los grupos de medios, hasta tanto el principal actor del mercado, el Grupo Clarín, comience su proceso de adecuarse a lo dispuesto por la ley. Se trata de una decisión que busca evitar una mayor concentración en favor de Clarín por la obligación de sus competidores a desprenderse de licencias.

Sin duda, la concentración de los medios de comunicación por parte de una pequeña cantidad de emporios económicos se ha convertido en una de las principales herramientas del neoliberalismo para el control ideológico de las sociedades. Antes necesitaban de las fuerzas armadas, hoy les basta con el control de los medios masivos de comunicación.

A este problema se añade la impunidad para manipular y el ocultamiento de sus accionistas con todos sus intereses económicos y políticos. Pero todo esto lo muestran como una defensa de la libertad de expresión, convirtiendo este principio democrático en una coartada para su dominio y el atropello del derecho ciudadano a informar y estar informado.

¿Argentina o Clarintina?

- Aram Aharonian es periodista y docente uruguayo-venezolano, director de la revista Questión, fundador de Telesur, director del Observatorio Latinoamericano en Comunicación y Democracia (ULAC).

Fuente : www.alainet.org

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