Ley de Medios: Derechos y medios que movilizan la sociedad

El 7 de diciembre puede operar como bisagra en la posibilidad de cambiar la matriz privada de los medios de producción cultural e informativo. Un punto crítico en la línea histórica de las luchas populares por la inclusión económica y social.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) no es sino el marco que contiene las diferentes posibilidades para el ejercicio de la actividad de la comunicación audiovisual masiva. Y al hacerlo, establece quienes son los sujetos de derecho que pueden hacerlo y cómo pueden hacerlo. Se trata de un ordenamiento de gran parte de la cadena productiva de la actividad sobre el cual se establecen dos tipos de limitaciones para evitar las concentraciones verticales (de todos los eslabones de esa cadena o rama) y horizontales (varias ramas a la vez).

Aún soslayando dos aspectos centrales (establece la comunicación como un derecho humano y el ejercicio de la misma como una actividad de interés público), se trata de una norma que no hace más que ordenar y nivelar el mercado. Ni más ni menos que otras leyes en otras actividades productivas y comerciales.

La virtud como normativa es que afronta la batalla cultural que supone romper con la concentración y centralización (60% de todos los contenidos emitidos en la totalidad de canales de TV abierta del país proviene de la capital del país y de ellos el 80% de dos canales-prductoras: Telefe y Artear) a partir de las condiciones de producción de los mensajes-contenidos y no regulando y sancionando esos mensajes-contenidos.

En el marco del capitalismo y de la lógica empresarial como organizadora de la economía, la LSCA abre la puerta para que al negocio de la industria cultural audiovisual entren más actores.

Ese es el marco general como posibilidad. La situación histórica particular de nuestro tiempo en relación a quiénes son los jugadores que efectivamente están en condiciones de ocupar los lugares previstos, no puede sino considerarse como consecuencia del trabajo pasado y acumulado en dinero, empresas y tecnología, y de las relaciones establecidas entre sí, entre grupos económicos nacionales y extranjeros y con el Estado mismo en, al menos, los últimos 30 años.

La sociedad

A los ojos de la ciudadanía, los medios no aparecen como empresas privadas que dentro de su propia red circulan el tipo de productos, contenidos e información que después toman estado de verdad pública. Es (era) ya natural entender que existe “el” canal y no un canal, “el” diario y no uno más entre otros.

En esa visión, la regulación aparece así como negación, quebranto o limitación de libertades. Y tratándose del campo de las ideas y no de la producción de alimentos, por ejemplo, las opiniones y la exaltación de valores tienden radicalizarse aun más.

Esa lógica no aprecia la dinámica social y elimina la idea de que todo lo que aparece como institución ahora es resultado de procesos históricos en los que los sectores sociales retrasados o relegados van ingresando al reconocimiento del estado de derecho ciudadano.

Pasó así con el pasaje del voto calificado al sufragio universal, con la educación eclesiástica a la pública, con el tránsito de la esclavitud al trabajo asalariado regulado en horas y salarios. En cada uno de esas líneas, emerge una nueva institucionalidad en términos del derecho y nuevas instituciones (públicas, privadas, intermedias) en términos de su ejercicio.

Por caso, entre el anterior decreto-ley de radiodifusión y la actual LSCA, aparecen las diferentes instituciones del Estado en todos sus niveles y las organizaciones y empresas sin fines de lucro como sujetos que pueden hacer uso de ese derecho.

Igual que con el matrimonio igualitario, que no podría ser juzgado como válido solo la eficiencia en cantidades de parejas que hagan uso del mismo.

Como todo, el cambio y la ampliación de derechos, genera resistencias. Resistencias de quienes hasta ahora detentaban el monopolio de ese derecho: la empresa privada en general guiada con fines mercantiles y de generación de ganancias vendiendo productos y servicios culturales e informativos.

Es -cuanto menos- poco razonable no comprender la profundidad social de esta nuevo marco instituido como derecho para toda la ciudadanía y esgrimir evaluaciones con criterio de eficiencia empresaria para decir que nada ha cambiado en los tres años de que lleva la normativa. Sobre todo si pensamos que 3 en relación a los 200 años nuestro Estado-Nación es apenas un recreo. Y además, porque entonces para la evaluación de lo nuevo sigue rigiendo el criterio de lo viejo. Ese es el punto de resistencia de quienes no encuentran en la sociedad otro modo de hacer las cosas, todas las cosas, sin que sea un negocio particular. Ese es, de fondo, el punto de conflicto que atraviesa la Argentina de nuestros días: tiempos de yuxtaposición de formas nuevas y viejas, sectores sociales que pretenden ser incluidos en el derecho público y sectores que quieren conservar el estado y modo actual.

Además, una sociedad acostumbrada a delegar o relegar en un tercero la especificidad del ejercicio de la comunicación, no tiene entonces desarrollada a la escala del nuevo desafío las mismas capacidades de financiamiento, de estructura productiva, de recursos profesionales, de redes de conexión de fibra óptica -entre otras variables-. Superado el debate por el derecho y hecho ya Ley, los sectores conservadores se amparan ahora en el monopolio o dominio de esa estructura de recursos varios y desde ahí es que fogonean su posición y desvalorizan las incipientes políticas de promoción para el resto de los “nuevos” actores de comunicación.

Tanto, que si bien ellos mismos lograron la escala y la propiedad de lo que actualmente son acompañados por la legalidad instituida de entonces, ahora niegan ese mismo derecho de apoyo o asistencia de fondos y políticas públicas de promoción para los emergentes, denostando todo el quehacer popular en el reduccionismo de “oficialista”, obsecuente kirchnerista o mercenario asalariado.

Seguramente, cuando obtuvieron sus licencias para canales de TV y radios AM, primero en la ola alfonsinista de la primavera democrática, luego en la era menemista que permitió centralizar diarios, cables y canales en una misma empresa, su conciencia siguió siendo libre y nadie podría denunciar grado alguno de obsecuencia para con el gobierno de turno.

La condición de libertad de conciencia, y de logar imponer en la conciencia de toda la sociedad la idea de esa libertad y de esa democracia, no es entonces sino resultado de una posición de fuerza.

En su naturaleza universal, ese derecho de entonces en nada dista con este derecho de ahora. El de su condición histórico-social, sí. Y mucho.

Emerge un sujeto depositario del mismo como continuación de las luchas populares por la inclusión social y económica que abrazaran e impulsaran desde sus gobiernos el irigoyenismo de la UCR a principios de siglo pasado y el surgiente peronismo décadas después.

Lo nuevo

Hay entonces una línea que continúa. Pero hay, también, aspectos novedosos que hacen de éste un momento particular tanto en el tipo de conflicto como en su profundidad.

Por un lado, la revolución tecnológica y el desarrollo centralizado y concentrado del formato empresario facilita el nuevo rol de los medios y tecnologías de la comunicación no ya como reflejo de la realidad que acontece, no ya como constructores de la matriz ideológica-cultural dominante sino, ahora, como organizadores de las fuerzas políticas que participan de esta disputa y como orientadores de las acciones a realizar en la coyuntura.

Por otro, si la fuerza conservadora afronta ahora esta coyuntura ya sin argumentar desde la racionalidad y la objetividad que supone el ámbito socio-económico y productivo, y sin poder contener, canalizar ni conducir estos intereses dentro y a través de la organización institucional de partido político (cualquiera sea) para acceder vía elecciones al gobierno y al parlamento, tal como viene siendo visto en las movilizaciones de las cacerolas y en el contenido que expresan los individuos movilizados, lo que empieza a estar ya en juego es la lógica del orden social mismo.

Apelar a la matriz social, a raspar el nervio social recordando el modo “normal” como se vive y se organiza la vida social, la costumbre en el hacer de las cosas, el modo liberal de la democracia y de la economía, el rol solo administrativo que se espera de un gobierno para que la “gente” siga viviendo como la “gente”, y movilizar la espontaneidad individual no ya como clásicas corporaciones sectoriales y partidos políticos sino bajo el formato de multitud, habla de que nada objetivo y objetivable está en juego, sino, por el contrario, el todo mismo a la vez.

Un punto crítico de la historia que no puede ser imputado a las malas administraciones de la economía y del orden institucional sino a la capacidad popular de recuperar la fuerza y seguir peleando por una forma social inclusiva e integrada.

Fuente: El Megáfono -Cooperativa de Trabajo Bases Ltda.-