Honduras: ¿Por qué hay que democratizar las telecomunicaciones?
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Por otro lado, para nadie es desconocido que en su
gran parte los medios de comunicación como la radio, la televisión y la
prensa escrita están organizadas y funcionan en pos de una ganancia. Es
decir, portan en su esencia un marcado sentido mercantil, necesitan
inversión y contratos para enfrentar sus gastos de funcionamiento sea en
planillas como en adquisición de tecnología; la participación de esos
medios en las relaciones establecidas en el “mercado libre” no es muy
diferente a cualquier otra mercancía. Alguien pone precios sin importar
la calidad del producto. Las prácticas mercantiles aparecen también en
el campo de las comunicaciones y en la circulación de las ideas. Tal
situación ha dado paso a unas prácticas en donde se resaltan los
elementos aparentes y menos importantes de la actividad social. Al menos
esto es lo que ocurre en la prensa que se genera desde los medios de
comunicación propiedad de sectores ligados al poder económico y político
de Honduras: no desarrollan propuestas que funden opiniones bien
cimentadas y se interesan más por la imagen, por lo superficial,
evitando con plena consciencia y de acuerdo al interés del propietario
del medio, tocar la raíz y la causa del atraso, de la inseguridad y
del hambre. Sólo promueven las apariencias, lo superficial, y ahí se
quedan.
Además, el acto brutal del golpe de Estado del 28 de
junio modificó mucho más una serie de términos que han sido de uso
común en el periodismo. Me refiero a las categorías de veracidad,
compromiso social y objetividad informativa. Si bien antes de ese hecho
corrupto se efectuaban tratos dudosos en ese gremio, la corrupción, el
alquiler de la pluma, la actitud servil con el poder se volvió más
descarada. Y ello se nota no sólo entre los profesionales del
periodismo, también entre otros sujetos que les dicen “analistas
independientes”, “orientadores de opinión”, que han hecho que la
imparcialidad y la objetividad sean términos usados a conveniencia,
cargados de relatividad y que sirven también como simple máscara para
actuaciones cínicas.
Sin embargo, el mayor acto de corrupción practicado
en la historia nacional como fue ese golpe de Estado, también puso al
descubierto la contraparte, las excepciones, mostró que hay muchos y
muchas comunicadoras y periodistas fuertemente comprometidos con la
justicia y la información veraz. Por ese compromiso se mantienen al
margen del flujo de dinero que se reparte desde el poder político y
económico y tratan de mantener alguna independencia respecto a los
intereses privados y oligárquicos para ubicarse cerca de las fuerzas
democráticas que buscan generar ambientes más solidarios para todos los
habitantes de nuestra Honduras.
Ahora se ha estado discutiendo sobre la necesidad de
legislar para regular y, de ser posible, democratizar el acceso al
espectro electromagnético. En ese intento han salido voces exclamando
que es un ensayo gobiernista para limitar la libre expresión del
pensamiento. Curiosamente los que protestan son los mismos que
promovieron la censura golpista y el cierre de medios de comunicación
que no se plegaron al golpe. Es probable que la Ley de Comunicaciones
que se apruebe en el congreso sea manipulada y después revisada para
modificarla y adecuarla a los intereses de los monopolios mediáticos;
son tan poderosos que abiertamente instigaron la violencia de la ruptura
constitucional. Esa mediatización de la ley es una posibilidad que está
a la vuelta de la esquina. Pero la coyuntura que se abre con esa nueva
medida debe ser aprovechada para profundizar el debate sobre la
soberanía que debe existir en las licencias otorgadas en las
telecomunicaciones.
El control que tienen los grupos oligárquicos sobre
las comunicaciones, televisión, medios impresos y radiofónicos, les ha
hecho creer que son dueños de las frecuencias, que son propietarios
absolutos de la comunicación, que son los medios autorizados para
imponer y formar opinión, y que el resto de los mortales, los simples
depositarios de sus análisis y de sus noticias, debemos ceñirnos a ese
poder y aceptar como buena la desinformación con que nos manipulan y
domestican. Ese monopolio ha hecho del periodismo y de las
comunicaciones un negocio, una mercancía con la que se puede transar
según sus caprichos y un poderoso instrumento para chantajear a los que
detentan el poder político y obtener contratos, privilegios, acceso al
presupuesto nacional y un escandaloso aumento de sus riquezas. Y en ese
afán no distinguen fronteras ni leyes que puedan limitar su poderío.
Todo puede ser atropellado. Todo puede ser objeto de compra y venta
hasta el grado de convertir los derechos a la libre expresión del
pensamiento y de prensa en objetos comerciales, privados, controlados
por los empresarios de la comunicación.
Es tan necesario lograr una democratización en el
espectro radioelectrónico porque buena parte de los medios de
comunicación masiva se han convertido en fomentadores de la incultura,
la vulgaridad y la criminalidad. Sólo basta hacer una pequeña revisión
de los contenidos y mensajes que divulgan para darnos cuenta cómo la
conciencia popular ha sido penetrada con anuncios, programas y voces que
incitan al consumismo, al gasto innecesario y a la violencia. Parece
que el acceso real a la cultura depende de cerrar oídos y ojos a la
radio y a la televisión. Ser cultos podría significar no acceder a esos
medios. Y esto sólo es un aspecto de los efectos nocivos de ese
monopolio, hay otros igual de graves como el hecho de acostumbrarnos a
los hechos violentos y hacer creer que es algo natural la muerte, el
robo, la impunidad, la corrupción, el despilfarro y las relaciones entre
esos medios con los grandes negocios, con el chantaje y el lucro
excesivo. Todos los actos violentos los muestran como algo normal.
Es de esperarse que los sicarios de la comunicación
pongan en marcha todas más herramientas para desacreditar la ley que
regula las comunicaciones y dirijan sus dardos venenosos contra los que
han promovido esta discusión. Y es que están de por medio poderosos
intereses, presentes y futuros negocios en donde se combinan banqueros,
empresas farmacéuticas, jerarquías eclesiásticas, contratos con el
Estado, en fin, una colusión de intereses vinculados directamente con
los que financiaron, planificaron y ejecutaron el golpe de Estado.
Un dato final, que no es un pequeño grano de sal,
para mostrar qué es lo que está en juego, qué tipo de intereses, de
donde vienen la protesta y que empresas pueden sentirse afectadas. Según
datos oficiales y dados a conocer por el Comité por la Libre Expresión
las iglesias, entre evangélicas y católicas, tienen en su poder 38
frecuencias de radio en AM y 45 en FM; entre los dos grandes monopolios
como ser Emisoras Unidas y Audio Video, controlan 53 frecuencias de AM y
31 en FM. Es bueno decir que en estas dos últimas empresas existen
accionistas que participan en las juntas directivas de los dos negocios.
Igual ocurre en la televisión. Es decir, las familias Andonie, Villeda,
Ferrari, entre otros, son propietarios y accionistas de ambos
consorcios radiales.
En el campo de los canales de televisión la iglesia
católica tiene adjudicados 18 canales, VICATV opera 20 canales y tres
empresas que funcionan bajo el mismo techo, que tienen los mismos dueños
, como ser Telecadena, Canal 5 y Telesistema Hondureño tienen el
control de 75 canales de televisión. Es decir, entre tres grandes
conglomerados de la comunicación se manipulan 113 canales de televisión,
de 136 que aparecen en los registros de C-Libre y que funcionan a nivel
nacional. Todo esto permite entender la escala de molestia y de las
rabietas que los empleados de estos medios han desprendido y siguen
haciéndolo contra cualquier intento de democratizar el espectro
radioelectrónico y estarán cualquier esfuerzo futuro por democratizar y
lograr la soberanía nacional sobre las comunicaciones.
http://alainet.org/active/61794&lang=es
Etiquetas: censura, manipulación mediática, Medios en Nuestra América, Monopolios
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