Rajoy dinamita los servicios públicos de radiotelevisión

(http://www.deia.com) Mediante el real decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE y el proyecto de ley para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica (Consejo de Ministros de 20/04/2012) se pretende una regubernamentalización intolerable de RTVE y el inicio de un proceso de desmantelamiento de las televisiones autonómicas que suponen un ataque a los medios públicos de radiotelevisión y un grave retroceso democrático.
La reforma de RTVE acometida por el Gobierno Zapatero en 2006, a pesar de ser muy mejorable, representó el primer paso hacia la desgubernamentalización real de los medios de comunicación públicos en el Estado español. Por primera vez desde la creación del servicio público de radio y televisión, la gestión del mismo dejaba de estar en manos de quien ostentara una mayoría absoluta y se exigía una elección consensuada del presidente de la Corporación RTVE que debía ser, como los órganos de administración de la misma, elegido por una mayoría reforzada de dos tercios en el Congreso y el Senado. Eso implicaba que PSOE y PP al menos debían pactar una figura de consenso. O, lo que es lo mismo, que por primera vez la presidencia de RTVE no se correspondería con un perfil de gestor totalmente afín al gobierno de turno. Aquello fue un cambio histórico que invitaba a ir en el misma dirección al conjunto de las radiotelevisiones autonómicas, incluida la de Euskadi.
Por una parte, con la reforma introducida por el real decreto-ley 15/2012 del pasado 20 de abril, el consenso ya no es necesario para la elección del presidente y del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, que podrán ser elegidos por mayoría absoluta, en segunda votación y al cabo de 24 horas, si no se logra una mayoría de dos tercios en la primera votación. Se retrocede así al modelo de radiotelevisión pública anterior, en el que la independencia y neutralidad del organismo se hacía muy difícil, cuando no imposible, especialmente en los informativos. La modificación legislativa también elimina la presencia de los sindicatos en el Consejo de Administración de RTVE, otro avance histórico de la reforma de 2006 que ahora queda en nada, eliminando la representación de colectivos profesionales y sociales.
Ya en enero de 2004, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa citaba a RTVE como ejemplo de "clientelismo político", criticando que entre 1980 y 2006 se nombrara al director general en el Consejo de Ministros. De facto se vuelve ahora a esa situación mediante el procedimiento de la mera mayoría absoluta parlamentaria. Asimismo, esta medida contradice de plano el llamamiento del Consejo de Europa a los gobiernos (16/02/2012) para reforzar la independencia de los medios públicos.
Junto a este real decreto-ley también es denunciable la otra estrategia que le acompaña: el ahogo económico de RTVE y la privatización del espacio comunicativo. Ambas estrategias revelan la comprensión de la comunicación como un puro objeto de negocio y un sistema de control de la opinión pública. La Corporación percibirá 200 millones menos en los presupuestos de 2012, obligándole a modificar toda su estrategia y a eliminar producciones y/o canales en un mapa de predominio de la oferta privada generalista, temática o de pago. Esto impedirá a RTVE ejercer de servicio público ejemplar en los ámbitos de la programación y la producción, haciéndole perder audiencias, y desdibujando su rol tractor como líder hasta ahora del sistema comunicativo en el Estado español.
Esa reforma constituye una auténtica regresión democrática, como tantas otras que la actual coyuntura de crisis está amparando, a pesar de que, como ellas, sea una decisión que en nada puede contribuir a solucionar el problema que pretende resolver. Todo lo contrario. Desmantelar lo que estaba funcionando bastante bien es una perversión política que solo se entiende desde el autoritarismo y el empeño en convertir la comunicación social en puro negocio políticamente controlado.
Por otra parte, paralelamente se despliega una ofensiva sobre el sistema público de radiotelevisión autonómica en la misma dirección. Primero (y pese a las previsiones legales existentes) se permitió la externalización de sus servicios informativos, y ahora se pretende modificar la Ley General de Comunicación Audiovisual, por un procedimiento de urgencia, para así flexibilizar los modos de gestión de los medios públicos autonómicos y abrir la puerta a su privatización y desmantelamiento.
Además, se invita a las comunidades autónomas a sacar a concurso las correspondientes licencias audiovisuales en caso de que decidan no prestar el servicio público audiovisual en sus respectivos territorios, o a someterse al credo de la estabilidad presupuestaria si, por el contrario, deciden ofrecerlo.
En las democracias con los sistemas de medios públicos más plurales e independientes, los gobiernos jamás se sienten a gusto con ellos. Pero prefieren esta incomodidad, a veces muy contraria a sus intereses, al desprestigio de tener medios públicos afines o de proceder a desmantelarlos. Lo primero añade una considerable dificultad a la tarea de gobierno, pero las dos segundas opciones son consideradas una vergüenza intolerable.
En la Comunidad Autónoma de Euskadi nadie se ha hecho eco de esa invitación a la privatización. Pero que se renuncie ilegalmente a que haya Contrato Programa (es obligatorio desde la Ley General); que la dirección general y Cultura se desentiendan del sector audiovisual -tumbando incluso la proposición no de ley que PNV, EA, Aralar y EB presentaron en el Parlamento Vasco para aumentar los contenidos producidos por empresas y creadores de aquí-; que no haya un proyecto de ley de nueva reforma de la obsoleta ley de creación de EITB de 1982; que se tenga una cúpula de confianza política y no profesional; y que las audiencias estén en porcentajes cercanos al dígito… sí nos sitúan en un campo de erosión muy preocupante que invita a dinámicas de desmantelamientos parciales.