Ley de Medios: 7D El verdadero desafío

(Por Hernán Brienza). El camino de la profundización de la crítica a la estrategia de Clarín nos lleva a los argentinos a realizarnos preguntas estructurales.

 La estrategia del blanco y negro,  la lógica de amigo-enemigo, del Estado contra Clarín, ha sido impuesta a la sociedad por el multimedio de posición dominante con el objetivo de defender sus propios intereses.

En un primer orden

La estrategia del blanco y negro reduce la ley más consensuada de la democracia argentina a una simple disputa de poder entre un gobierno y un medio de comunicación, ocultando los intereses monopolizadores de un grupo en perjuicio incluso de otras empresas competidoras en el mismo rubro. 

En un segundo lugar

Porque ese andamiaje discursivo permite al Grupo Clarín autovictimizarse y construir desde allí un lugar de supuesta empatía con la sociedad en contra de un Estado al que caracterizan de autoritario. 

Por último

El Grupo Clarín se reserva para el futuro la opción de convertirse en el “único medio opositor” que capitalice el descontento de todos aquellos que no comulgan con el gobierno nacional y poder explotarlo comercialmente.

Claro que, para llevar adelante esa estrategia necesita no sólo de sus amplificadores mediáticos sino también de las ayudas de otros esquemas corporativos de la sociedad, como es este caso el Poder Judicial, que ha demostrado recientemente que no siente pudor en hacer explícito su apoyo al Grupo Clarín al sostener y confirmar a los jueces elegidos a dedo y esponsoreados por Cablevisión con viajes a Miami y, finalmente, extender las medidas cautelares aún desafiando a la propia Corte Suprema de Justicia. La Cámara de Apelaciones, conformada esta última semana a gusto y piacere de Héctor Magnetto, ha decidido ayer extender el plazo de las medidas cautelares más allá del 7 de diciembre –lo que Clarín venía anunciando desde hace varios días– en una demostración de que la independencia del Poder Judicial del poder político es indirectamente proporcional a la dependencia o connivencia con los poderes económicos y mediáticos reales de este país.   La tapa de Clarín del jueves era sintomática: denunciaba supuestos aprietes del gobierno nacional contra la justicia, por las denuncias y recusaciones contra los jueces del ministro Julio Alak el miércoles al mediodía. Sin embargo, por debajo se cocinaba la jugada a favor del grupo de medios monopólico y en contra, incluso, de la Corte Suprema que había puesto como límite a las cautelares el día 7 de diciembre. Ahora queda desnudo el juego completo: era necesario elegir a dedo los jueces para que pudieran fallar a favor de Clarín y en contra de la democracia argentina. Para ello, la cobertura mediática debía armar una estrategia de “blanco y negro” por un lado. Y, por el otro, acoplar un discurso de defensa de la independencia del Poder Judicial para armar una pantalla de humo demasiado tóxica para la democracia argentina. El camino de la profundización de la crítica a la estrategia de Clarín nos lleva a los argentinos a realizarnos preguntas estructurales:

"Puede un grupo económico mediático desafiar con tanta omnipotencia a los tres poderes del Estado?"

O, mejor dicho, reformulando: ¿cuál es el verdadero rol de la Justicia en la Argentina?, ¿velar por los intereses de los grupos monopólicos?, ¿estructurar estrategias en las sombras para que los poderosos tengan el derecho de no cumplir la ley?, ¿por qué Clarín tiene ante la Justicia argentina beneficios que otros ciudadanos no tenemos?"

  Es claro que el Poder Judicial es el menos democrático de las tres columnas del Estado: por su composición sociológica, por sus dobles apellidos, por las prerrogativas adquiridas, porque no son elegidos por los ciudadanos, porque sus cargos son prácticamente vitalicios, porque no pagan impuestos como los demás ciudadanos, porque muchos de los actuales jueces iniciaron sus carreras durante la época de la dictadura y porque, además, han construido una dinámica de grupo aristocratizante.   Es por todas estas cosas, y por su connivencia con los factores de poder real y los grupos de presión, que la democracia argentina, a partir de este 7D se merece, también, una revisión profunda sobre la democratización del Poder Judicial. Ese es el desafío simbólico del 7D: la sociedad argentina debe democratizar hasta los últimos rincones de su propia democracia.