"De la Sota lesiona el derecho a la comunicación"

La defensora del Público detalló las medidas tomadas ante la clausura de antenas de la TDA en Córdoba.La clausura "provisoria" de por lo menos cuatro antenas de la Televisión Digital Abierta (TDA) en Córdoba, medida dispuesta por el gobierno provincial, ya ocasionó que varios vecinos del distrito efectuaran denuncias ante la Defensoría del Público que conduce Cynthia Ottaviano. En diálogo con Tiempo Argentino, Ottaviano criticó fuertemente al gobernador José Manuel de la Sota por la medida y enfatizó que el mandatario cordobés "lesiona el derecho a la comunicación".

–¿En qué consiste el pedido de informes a De la Sota y a organismos del Estado nacional por la clausura de antenas de la TDA en Córdoba?

–Durante la semana recibimos varias denuncias vinculadas con "la salida de emisión de servicio de TDA en varias regiones de la provincia de Córdoba", con la "falta de señal de televisión con la antena de TDA", con el "cese de emisión de TDA en la región de Villa María". Nos preguntaban incluso si sabíamos qué había pasado que no tenían más el servicio, si sabíamos cuándo lo iban a volver a tener, lo que deja en evidencia la prepotencia de la medida tomada por el gobierno de la provincia de Córdoba y la falta de aviso a las personas, a los sujetos de derecho, a quienes ni siquiera les advirtieron que dejarían de tener acceso a la televisión gratuita. De inmediato intentamos ponernos en contacto con los funcionarios cordobeses, pero no atendieron y ante la falta de respuesta le exigimos al gobernador José Manuel de la Sota que responda cuáles son los peligros de daño grave e inminente con que sería amenazado el ambiente por el funcionamiento de las antenas de TDA clausuradas atento a la importancia del derecho a la comunicación conculcado; cuáles son las mediciones de constatación realizadas para determinar el peligro y cuáles son los requisitos, informes y parámetros técnicos que cumplen los operadores del servicio que no fueron clausurados. También le solicitamos que remita los informes presentados por esos operadores cuyas antenas no fueron clausurados, porque ahora mismo hay un montón de antenas en funcionamiento, lo que no hay es público que pueda ver la televisión sin pagar y funcionarios que respondan por qué tomaron medidas de gravedad para el derecho a la comunicación.

–¿Cuáles serán los pasos a seguir en caso de que los organismos requeridos no respondan? 

–Los pasos son diversos. Por un lado, insistimos en la necesidad de que respondan y solicitamos una audiencia en carácter urgente, sobre todo luego de que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), a cargo de Ceferino Namuncurá, nos hiciera llegar una carpeta con más de 200 páginas de documentación del caso de Leones –que pusimos al alcance del público– en la que claramente puede verse el trámite de habilitación municipal, la evaluación ambiental preliminar, el trámite de aviso de proyecto y el análisis de impacto ambiental, donde se espewcifica que "los niveles de radiación emitidos durante la operación de las antenas no son peligrosos, que las radiaciones no ionizantes que se generan están muy por debajo de los niveles aceptados y permitidos, y que los valores de los cálculos de Intensidad de Campo Eléctrico son 36,89 veces por debajo del límite máximo establecido en la normativa". Es decir que, hasta aquí, en la investigación sumaria iniciada en la Defensoría no tenemos información de daño a la salud y el ambiente. 

–En este marco, ¿cuál es el objetivo de las gestiones que realiza la Defensoría? 

–Primero, es fundamental llevarle tranquilidad al público. La tarea de la Defensoría implica defender sus intereses, por eso celebramos la decisión certera del titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, de presentar un recurso de amparo. La TDA cumple un rol social trascendente, al permitir que millones de argentinos y argentinas accedan a señales de excelente calidad y de producción nacional, que contribuyen al desarrollo sociocultural del país y restituye viejos derechos que antes tenía el pueblo, hasta que en la década del '90 nos arrebataron la posibilidad de mirar televisión sin pagar. El derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental e inalienable, que no debe ser pisoteado ni por un gobernante ni por una corporación. Está claro que al mismo tiempo la Defensoría debe velar por los intereses del público sin descuidar la protección de otros derechos constitucionales, como el derecho a la salud. Fue por esa razón que solicitamos a la CNC, a Arsat y a los organismos públicos específicos que envíen la documentación referida a los estudios de impacto ambiental, y todo lo necesario para habilitar el emplazamiento de las antenas. Ya dimos a conocer los resultados de la documentación enviada y seguiremos trabajando para que De la Sota respete de manera urgente el derecho a la comunicación, que ahora está lesionando, y aclare la situación. 

–¿Qué otro tipo de denuncias del público relativas a los servicios de comunicación audiovisual vienen recibiendo? 

–Muchas, realmente. Desde el comienzo de la gestión, el 14 de noviembre pasado, es decir en dos meses y medio, ya recibimos más de 50 denuncias y consultas. Muchas de ellas están vinculadas con que Cablevisión no les permite ver Telesur ni Incaa TV o que en Direct TV tampoco pueden acceder a la totalidad de la programación propuesta por Paka Paka. También por la mala atención de los cableoperadores en general, por la discrecionalidad en el precio del abono, por falta de acceso a los medios de comunicación, por violencia simbólica contra las mujeres, por falta de pluralismo en Canal 7, por falta de accesibilidad, de subtítulos en películas en inglés, por transmitir películas no aptas para todo público en el horario de protección al menor, por exceso de publicidad. Realmente, son muy variadas, hablan de un alto interés de participación y de la necesidad de que se cumpla con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

–¿Cómo se van canalizando el resto de las denuncias? 

–Decidí la creación de un equipo interdisciplinario de trabajo. Tenemos reuniones habituales con los directores de las áreas de Protección de Derechos, a cargo de una excelente abogada especializada en derechos Humanos, María José Guembe; de Investigación, análisis y monitoreo, donde otro excelente profesional, antropólogo y licenciado en Comunicación, Gerardo Halpern, coordina un equipo de sociólogos, semiólogo y especialistas en comunicación; y de Capacitación, a cargo de Ernesto Lamas, fundador de La tribu, con gran trayectoria en la formación, discutimos el alcance de la ley, aportamos miradas complementarias desde las distintas Ciencias Sociales y proyectamos cursos, seminarios y encuentros para poner a disposición de los trabajadores y trabajadoras de los servicios de comunicación audiovisual, con el objetivo de construir entre todos medios de comunicación en la perspectiva de los Derechos Humanos, sobre todo cuando vamos camino a cumplir 30 años de la recuperación democrática. La metodología en todos los casos es la misma. Primero, se recibe la denuncia, allí la directora de Relaciones con las Audiencias, Paula Gueler, muy dedicada a responder al público de manera rápida y eficiente, las deriva a las diferentes áreas. En las reuniones decidimos el curso de acción y trabajamos muy fuerte para que se restituya el derecho afectado. Tenemos la posibilidad de realizar recomendaciones, propuestas, reclamar sanciones, crear resoluciones alternativas de conflicto y, llegado el caso, judicializar la problemática.

–¿Qué otras actividades vinculadas con el cumplimiento de la Ley de Medios y la defensa del público viene articulando la Defensoría?

–Hemos firmado convenios con diferentes universidades, como la Universidad Nacional de Quilmes, con quienes estamos trabajando en la publicación de la LSCA porque nadie puede reclamar un derecho que no conoce, de manera que tenemos una tarea pedagógica clave para hacer. También firmamos convenio con la Universidad Arturo Jauretche y estamos por hacerlo con la Universidad de Avellaneda, La Plata y la UBA, ya que trabajaremos juntos para crear la primera biblioteca popular de comunicación audiovisual. Allí vamos a sistematizar la producción del país vinculada con el tema, porque hay mucha información en pocas manos y nuestra tarea también es socializarla. Por otra parte, con la Biblioteca Braille y Parlante de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Marcelo Calvo, estamos haciendo la Ley de Medios en audio libro y en braille, para que todas y todos puedan acceder en igualdad de condiciones. 

Fuente: www.tiempo.infonews.com