Cientos de cooperativas piden por la plena constitucionalidad de la ley de medios

Unos 200 emprendimientos cooperativos que ofrecen servicios de videocable en todo el país solicitaron la constitucionalidad plena de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ante la Corte Suprema de Justicia.

La Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) representó a entidades de la economía solidaria, durante la audiencia pública que se celebró hoy en el Palacio de Tribunales,  "que necesitan la plena vigencia de la norma para competir en condiciones de igualdad con el Grupo Clarín", señaló la agencia especializada  Ansol.

Miguel Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Información y Comunicación, representó a Cooperar como amicus curiae por el Estado en la audiencia.

La legislación anterior "se ensañó con las cooperativas, las dejó de lado, porque eran el único sector que podía competir con los grandes grupos. Por 29 años se marginó la palabra al sector cooperativo y de la economía solidaria", dijo el profesional a Télam.

El abogado aseguró que "la concentración -del grupo Clarín en las provincias- sanciona al interior, no permite que crezca la democracia local ni la provincial, porque tampoco dan participación".

Cooperar, aglutina a 3.000 cooperativas del país, que llegan a más de 10 millones de personas y son "más de 200" emprendimientos cooperativos los que ofrecen servicios de videocable, resumió el especialista.

Villafañe recordó que "Cablevisión no permitía a las cooperativas operar en sus localidades, y cobraba 150 pesos a cada hogar, dinero que se iba del pueblo, porque no se invertía en el lugar".

Esta situación se suma a "la omnipresencia que da poder, ya que hay localidades provinciales que durante todo el día deben ver si hay tránsito hacia el Obelisco, cuando están a miles de kilómetros de la ciudad de Buenos Aires".

Incluso "durante años vimos a los candidatos de pueblos y provincias hacer campaña en TN, en lugar de recorrer sus localidades o dar entrevistas en medios locales, condicionando la democracia local", aseveró.

De allí que "quieran la concentración a través de la competencia desleal" porque "el pluralismo informativo es una necesidad de la democracia y no del mercado, por el contrario, si el mercado no es controlado con seguridad tenderá a la concentración", agregó el dirigente cooperativo.

Villafañe criticó a quienes "ahora hablan de libertad de expresión, cuando durante 30 años en que nos silenciaron a los representantes de la economía social y solidaria, nunca dijeron nada".

Recordó que "en el interior del interior, las cooperativas dieron dignidad a los pueblos, pero se le negó la comunicación audiovisual".

En ese sentido, Nicolás Ambrosius, presidente de la cooperativa de servicios audiovisuales de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, dijo a Télam que "podemos trabajar gracias a la sanción de la Ley de Medios, pero Cablevisión utiliza todos los recursos disponibles para sacarnos del mercado".

Ambrosius contó que "como cooperativa pudimos empezar a distribuir cable después de la sanción de la ley, pero a cada barrio al que llegamos con nuestro tendido, Cablevisión baja la tarifa casi hasta la mitad para que nadie nos contrate".

"Cablevisión es un monstruo grande que desde su posición monopólica puede hacer lo que quiera, por eso liquida a las cooperativas locales bajando su precio y, cuando aniquila a la competencia, le sube la tarifa a los usuarios hasta las nubes porque sabe que no les queda alternativa", añadió.

"Es necesario que la ley se aplique en su totalidad para garantizar la igualdad de oportunidades entre empresarios y emprendimientos como el nuestro, y para que todos podamos optar en nuestras casas por el servicio que más nos convenga con total libertad", concluyó Ambrosius.

La Corte escuchó hoy las posiciones de "amicus curiae" por el Estado Nacional y el Grupo Clarín en la contienda legal por la validez constitucional plena de la Ley de Comunicación Audiovisual, en la primera audiencia pública antes de dictar el fallo definitivo sobre la cuestión.

La audiencia continuará mañana y se escucharán a representantes del Gobierno Nacional y el Grupo Clarín y luego los miembros del Tribunal formularán preguntas.

Fuente: Télam