Papel Prensa: Hallan documentos de la dictadura con pruebas clave

 

Toda la documentación original que produjeron las juntas de comandantes de la dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1983, fue encontrada, de manera fortuita, en un subsuelo del Edificio Cóndor, sede la Fuerza Aérea. El material, contenido en 1500 biblioratos, fue presentado ayer por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, junto a representantes de organismos de Derechos Humanos y la plana mayor de las tres fuerzas armadas. Esos papeles, un verdadero muestrario del plan orquestado y sangriento del terrorismo de Estado, tienen una importancia histórica pero sobre todo judicial. Dan cuenta, por ejemplo, del seguimiento pormenorizado que Jorge Videla, Eduardo Massera y Ramón Agosti realizaron de la fraguada venta de las acciones de la secuestrada familia de David Graiver a los diarios Clarín, La Nación y La Razón para la apropiación de Papel Prensa, un caso que hoy es parte de una investigación judicial que incluye delitos de lesa humanidad.

Rossi reconoció que el hallazgo fue obra de la casualidad y el azar. Y es que la escena del descubrimiento hizo recordar a las viejas series televisivas en blanco y negro. En este caso, un grupo de empleados de maestranza buscaba en un sótano oscuro y húmedo, una habitación donde depositar los materiales de trabajo. De repente, en una sala de ese subsuelo les llamó la atención las existencia de dos cajas fuertes, una importante estantería de tres metros de largo por dos de alto, y un armario. Es allí donde estaban acomodadas (¿ocultas?) desde tal vez hace 30 años, esas 1500 carpetas de tapa negra y otros tantos libros y publicaciones, que guardaban la memoria histórica de los responsables del genocidio.

La novedad subió rápidamente por el escalafón aeronáutico hasta llegar al jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Mario Luis Callejo, quien le informó al ministro Rossi sobre el descubrimiento. La conducta del jefe de la aviación fue destacada por Rossi al considerar que se inscribe en la nueva etapa que viven las fuerzas armadas desde 2003 y que está relacionada con la integración de los militares a la vida de la sociedad civil y la democracia. "Me siento muy satisfecho por esta actitud", remarcó el ministro.

El día del descubrimiento, el jueves de la semana pasada, Rossi ordenó que la dirección de Derechos Humanos del Ministerio y el departamento legal hicieran un trabajo exhaustivo con toda la documentación y su resguardo en un lugar seguro que comenzó ese mismo jueves y todavía continuaba ayer. No es para menos. Por primera vez se accede a todas las actas de las juntas militares, desde la primera hasta la última, en 1983.

Sin duda que la venta de Papel Prensa representó para la primera Junta Militar un tema central de lo que ellos denominaron el "período fundacional" del denominado proceso de reorganización nacional que, según consta en un acta, planeaban extender más allá de 1990 para completarse con una "nueva república" en los albores del 2000.

"En el caso de Papel Prensa-Caso Graiver fueron encontradas trece actas originales de la Junta Militar donde se realiza un seguimiento exhaustivo del tema, doce de ellas están fechadas entre el 15 de septiembre de 1976 y el 1 de diciembre de 1977, lo que demuestra que el tema era de discusión permanente en la Junta", afirmó Rossi durante su exposición en la sede del Ministerio de Defensa. Todo este material, en buena parte desconocido, será entregado a la justicia, sobre todo al juez de instrucción del fuero Federal Julián Ercolini, a quien la Secretaría de Derechos Humanos le pidió que cite a indagatoria, entre otros, a Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, del Grupo Clarín; a Bartolomé Luis Mitre, de La Nación; y al ex ministro de Economía (ya fallecido) de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz. En una de las actas, la número 19,  que corresponde al 6 de abril de 1977, los jerarcas militares utilizan el término "arrestados" y no secuestrados, como sucedía en realidad, para referirse a los familiares de David Graiver y el caso Papel Prensa. Por esos días, la familia Graiver, tal como lo relató la viuda del banquero, Lidia Papaleo, entregaron las acciones de la fábrica de papel para diario luego de interminables sesiones de tortura.

Entre esas actas se encuentra también la número 14, de la cual había una sola copia en manos de la justicia, donde queda establecido que la Junta Militar autoriza la transferencia del 51% de las acciones de Papel Prensa SA a los diarios Clarín, La Nación y La Razón. "El acta 14 tiene dos anexos –precisó Rossi–. El anexo 1 donde le dice a los tres adquirientes del paquete del 51% que el 49% tenían que dividirlo entre los diarios del interior, y el anexo 2, que suprime esa obligación (por pedido de los tres diarios), lo que deriva en que ese 49% termina quedando en manos del Estado." Es más, Rossi afirmó que a través del seguimiento que hacen Videla, Massera y Agosti en las actas al caso de la papelera "queda perfectamente establecida que la detención de la familia Graiver tenía que ver directamente, estaba relacionada, con la venta de Papel Prensa".

Burócratas, además de genocidas, aquellos militares dejaron un libro donde están sistematizadas las actas por temas y fechas de tratamiento lo que, de alguna manera, agiliza el trabajo de los investigadores. Entre ese material, encontrado entre humedad y materia fecal de roedores, la minuta correspondiente al acta número 20 destaca la necesidad de resolver lo actuado en el caso Papel Prensa para "evitar que el 'Grupo Graiver' cobre las sumas por las acciones vendidas", y resalta que "no se debe demorar el proyecto".

El otro punto que preocupaba a los jerarcas genocidas fue el de los desaparecidos. En varias de las actas figuran con esta denominación las personas que se había "devorado" la dictadura. Claro, las denuncias internacionales que complicaban las relaciones con países democráticos, llevaron a un debate dentro de la Junta sobre la forma en que debían ser llamados. En un primer momento decidieron llamarlos personas "con averiguación de paradero", pero no contentos con ello, el 8 de agosto de 1979, durante la reunión que generó el Acta 106, la Junta Militar analizó junto a los representantes de la denominada CAL (Comisión Asesora Legislativa) la redacción de un decreto-ley donde se habilite la figura de "presunción de fallecimiento" para los desaparecidos, que finalmente no prosperó (ver pág. 4).

Entre el material expuesto, Rossi detalló la existencia de "listas negras" donde se señalaban como "peligrosos" a 331 artistas, intelectuales y periodistas (ver pág 5). Cada nombre llevaba la calificación que iba de F1 a F4. Esto demostraba el grado "peligrosidad" de los integrantes de la lista. La categorización preveía ir habilitando de a poco la reincorporación a sus trabajos de los menos peligrosos pero todo debió apurarse con el proceso electoral de 1983.

El ministro también hizo referencia a la existencia de un libro de la mesa de entrada de la Rosada donde consta, entre otras miles, una solicitud presentada por Hebe de Bonafini cuando, como otras tantas Madres de Plaza de Mayo, peregrinaba por la justicia, la Iglesia y el Estado en busca de sus hijos detenidos-desaparecidos. Todo ha quedado guardado en estos documentos que representan una porción importante de la memoria, contribuyen a la verdad y ahora puede formar parte sustancial de la justicia. «

Felipe Yapur

Fuente: http://tiempo.infonews.com

Incaa: Las imágenes de los juicios

(Por Alejandra Dandan)El Instituto Nacional del Cine lleva grabadas casi siete mil horas de los procesos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que serán de acceso libre a medida que las sentencias queden firmes. El equipo del Incaa cuenta su experiencia.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) tiene registradas 6725 horas de los juicios de lesa humanidad de la ciudad de Buenos Aires. Las imágenes incluyen testimonios de las causas de la Escuela de Mecánica de la Armada, el plan sistemático de robo de bebés y el Vesubio, entre otros casos. El número es enorme y no incluye aún los registros que realiza, a través de otros convenios, en otros 24 juicios del resto del país. El material es de la Justicia. Pero en medio de lo que aún es un trabajo experimental, las autoridades del Incaa señalan que las secretarías de derechos humanos provinciales y de la Nación conservarán copias y el acceso público se producirá una vez que las sentencias queden firmes. “Esta es una experiencia nueva y particular”, dice la presidenta del instituto, Liliana Mazure. “El registro de los juicios es parte de una política audiovisual; es extraordinario el modo en el que en los juicios surge la mirada que primó no sólo durante la dictadura, sino también en los últimos años en cada provincia. Los juicios muestran la identidad de cada lugar, qué ocurrió, cómo se movió el poder y cómo se movió también quien contaba la historia. Los registros ahora dan cuenta de que la historia se cuenta desde otro lugar: el relato audiovisual no es una voz más, cuando decimos que tienen que expresarse todas las voces, esta es una de las voces que faltaban.”

En el tercer piso del Instituto, Mazure espera con una parte del equipo del mundo del cine que trabaja en Comodoro Py. Están ahí quienes tienen en mano el trabajo de campo en un espacio que aún tiene trazos de exploración. Como recuerda Liliana Vaccaro, otra integrante del equipo, se abrieron paso en las provincias a veces explicando ante los Tribunales: “Fíjense en las universidades, tienen glamour pero van a ver que es gente tan seria como la de la Justicia”. Cuando el primer equipo llegó a los Tribunales de Retiro, encontró que los registros “legales” sólo se hacían en cassettes o las grabaciones las hacía la policía en planos generales, fijos y con lógica de “cámara de seguridad”. ¿Qué pasó con sus miradas en este tiempo y con las restricciones que les impedían detenerse más de pocos segundos en un primer plano de un imputado? ¿Qué mira la cámara? ¿Cómo es la relación de ese ojo con los represores? ¿Cómo es la articulación entre las políticas de memoria y las lógicas jurídicas? Algo de esto analizan en este diálogo. Aunque antes Mazure anuncia que el 1° de marzo harán un primer encuentro de formación e intercambio con quienes registran estos juicios en todo el país.

–Vamos a hacer un encuentro con todos los participantes que filmaron –dice–. Tanto de las instituciones que firmaron los convenios como los registrantes de las salas de los juicios. Decidimos que será el 1° de marzo porque queremos que vengan todos. Que unos días antes nos manden un informe para tener una primera visión de los trabajos en cada lugar y armar así los talleres para la jornada. Son talleres cerrados, serán entre 100 y 120 personas que participaron de manera directa. Será para intercambiar experiencias y sacar un resultado del trabajo que tiene que ver con el aporte a la memoria, la verdad y la justicia; el aporte a la historia del país y con lo que pasó en cada juicio que tiene que ver con los testimonios, pero también los requerimientos, alegatos y todo lo que sucede que aporta a nuestro relato, nuestra historia como país. Creemos que es una oportunidad extraordinaria porque sin esto todos los relatos de cada lugar no hubieran surgido.

–¿Hubo alguna demanda?

–No, surgió.

Vaccaro: –Nosotros siempre decimos que no somos la Secretaría de Derechos Humanos, no somos un organismo querellante, somos la política audiovisual del país, entonces busquemos la mirada y el aporte de nuestros profesionales.

A la derecha de Mazure se sentó Gustavo Mosquera, director y guionista de cine, ganador por su película Moebius en 1997 del premio a Mejores Nuevos Directores del Museo Metropolitano de Arte Moderno de Nueva York, hoy a cargo de lo que a veces parece la odisea de la grabación en Comodoro Py.

–¿Cómo fue al comienzo?

–En realidad, tuvimos que hacer una adaptación muy particular. El profesional del medio audiovisual tiene que hacerlo tanto si viene de una universidad, de una escuela o la industria. Llegás con esa mentalidad a meterte en un submundo, por así decirlo, muy particular. Nos metimos en el ámbito de la Justicia que a la vez tiene submundos: quién filma, quién maneja las cámaras, había gente de la Policía Federal, de Eventos... Uno se mete ahí y hay que empezar a abrirse camino para ver cómo colocar la formación en ese espacio. No es lo mismo cuando te abren la puerta y dicen acá tenés la cámara, filmá, hacé lo que quieras. Acá, cuando preguntabas: ¿nosotros somos los directores? “No”, nos decían, “los directores son los jueces”. Eso cambia todo. O preguntabas: ¿quién está al mando de la cámara? ¿Jueces o gente de los jueces? Y decían: “No, gente de otra división”. La pregunta para nosotros era cómo adaptar todo para que nuestra formación obtenga lo mejor. Al comienzo había limitaciones increíblemente altas que pudimos ir bajando.

–¿Como cuáles?

Rocío Santos: –Los tamaños de plano, por ejemplo. Llegamos a tener una reunión con un Tribunal que nos pautó que no se podía hacer paneos, o estar más de tantos segundos con la cámara detenida en la cara de un imputado. ¡Por segundos! O no querían que grabáramos a los jueces. Yo arranqué en noviembre de 2009 y soñaba con un montón de cosas. Cuando fuimos a la práctica nos encontramos con la Policía Federal al lado de las cámaras, al lado de la cabina. Me acuerdo que cuando hablaba un testigo, por ejemplo, y se levantaba, lo acompañábamos con la cámara. El Tribunal nos planteó que eso connotaba que estábamos (en sentido figurado) con el testigo. O después entregábamos el material y del material no sabíamos más nada. Fue muy gradual ir ganando terreno.

Mosquera: –De hecho, otro tema fueron los archivos. Ahora no pasa tanto. Pero si estás obligado a registrar y entregar el material porque no te podés quedar con nada: ¿qué pasa cuando el material se va? ¿A dónde se va? ¿Quién lo guarda? Cuando uno lo pide para hacer el verdadero registro ¿por qué te dicen que no está? Nos han regrabado material y ha pasado de todo. Cuando entramos, el material se grababa en VHS en una calidad horrible. Las primeras audiencias no se pueden mejorar. Se puede guardar mejor, pero es un material que incluso fue sobregrabado.

–¿Qué pasó luego?

Rodrigo Paz Paredes: –Es importante decir que para el juicio el formato audiovisual no era un formato oficial, no era legal, no figuraba en ningún acta. Al Tribunal le interesaba sólo que los videos circularan entre las partes. El único material “legal” era el cassette de audio, usaban TDK de cinta. Todo lo demás era como un souvenir. La policía lo grababa y la mirada era de “cámara de seguridad”: sólo importaba el audio para la desgrabación, había una cámara super amplia, un plano recontra general, inmóvil, estático, no importaba si el testigo o quien hablaba se había ido de cuadro. Entramos nosotros y entró la sensibilidad, un plano más subjetivo, un contacto distinto con la realidad.

–¿Como definirían ese choque?

Laura Rodríguez Badillo: –Antes nos pasaba enfocar a un imputado y automáticamente venía alguien a decirnos que no. No podíamos tener primeros planos de los jueces o enfocar al público. Era todo no, no, no. Hubo jueces distintos. También nosotros nos tomamos algunas libertades como para correr límites. Tuvimos primeros planos de Astiz, de Acosta. De a poco las cosas fueron cambiando. Hoy no tenemos al personal de comunicaciones de la policía al lado nuestro.

Paredes: –Creo que también hubo una evolución nuestra: ir encontrando un lenguaje que ajustara nuestra sensibilidad y una “objetividad” entre comillas. Entender que también somos una herramienta para la memoria.

–¿No hacen cine?

–Hacemos un lenguaje testimonial, dentro de todo, clásico. De manera que el verdadero narrador de los juicios sea luego el montajista o la persona que decida contar un documental o usar este material para contar algo. En ese sentido, creo que terminamos institucionalizando nuestro lenguaje en términos de la técnica o el lenguaje del testimonio puro, del testimonio de memoria.

–¿Como género específico?

–Creo que jueces y tribunales hicieron un proceso. La idea de que un juicio sea oral y público y a la vez sea grabado y televisado era un problema para ellos. El TOF 5, por ejemplo, fue uno de los que más problemas generó, pero mas allá de nosotros: creo que los hipersensibilizaba que el juicio se filmara y que hubiera primeros planos. Otros tribunales no. (La jueza María del Carmen) Roqueta nos dio mucho espacio. En las inspecciones oculares a los ex centros clandestinos habilitó un espacio exclusivo para las cámaras: iban el testigo, la cámara y los jueces. Nos transformamos en una herramienta; el registro es un testimonio documental que sirve para abogadas, querellas. Creo que fue el mejor ejemplo de cómo articular nuestro trabajo como una herramienta incluso para el juicio. Y creo que un logro muy importante fue cuando se empezó a hablar de que se usara el material grabado que registramos y no volver a citar a los testigos.

El tiempo real

–¿En ESMA Astiz se escondía de la cámara?

Mosquera: –Esa la sabemos todos porque a todos nos tocó. Astiz se buscó astutamente la ubicación para estar detrás de sus abogados pero en una línea tal que ninguna cámara lo pudiera tomar. Buscó esa bisectriz. Se podría decir que hizo la inteligencia para lograrlo. Estaba atrás de su abogada.

–Ahora volvió a cubrirse.

–Ahora está en otro lugar y es mas fácil tomarlo. Pero ESMA III tiene otra cosa porque los imputados están en los lugares de detención y en la sala hay sobre todo abogados. Y hablando de adaptación, esto nos cambia la cosa: ESMA tiene video-conferencia, son tantos los imputados que colocaron video en Marcos Paz, en Ezeiza. Y tenemos otra variable. Las cámaras nuestras toman a los abogados, y luego viene una señal fría desde el video que tenemos que meter en el recinto, o no, porque los jueces quieren saber si los imputados están. Hay que introducir esa imagen en el relato y luego sacarlo. Y todo esto se hace mientras transcurre el juicio. Uno no puede frenar la filmación como haría en un rodaje, hay que seguir, hay que conseguir el material.

Mazure: –Como la cámara de un reality.

Mosquera: –Es que acá hay otra cosa: nosotros nos estamos metiendo en un hecho real, no podemos torcer el rumbo de ese hecho real. Tenemos que registrarlo, pero no podemos agarrar una cámara y ponernos a pasear, hacer un traveling porque entonces los jueces se vuelven locos. Es importante porque tenemos un límite que es un muy concreto: lograr lo mejor, el zoom nos ayuda, los paneos, pero siempre en una posición quieta. Y a veces, al principio, que nos hemos movido demasiado, hemos tenido algún tipo de freno.

Archivo y acceso

–¿El archivo será de acceso público?

Mazure: –Las consultas públicas se podrán hacer con las sentencias firmes de cada juicio. El archivo va a pasar a formar parte en cada lugar de la Secretaría de Derechos Humanos. También de las diferentes instituciones, de acuerdo con quién se firmó convenio. Quedará una copia en el Archivo Nacional de la Memoria, otra acá. La idea es que esto se difunda lo más posible. Todas las instituciones que quieran tener copia la van a tener en la medida en que tengan dónde archivarlo y puedan pagarse la copia.

–¿Y el Incaa producirá algún material de difusión?

–Nosotros no producimos, queremos visibilizar esta política y esta experiencia desde lo audiovisual. Después, lo que pase creo que va a depender de la Secretaría de Derechos Humanos, cómo se haga la difusión, que por supuesto se trabaja en conjunto, pero no es el Incaa el encargado de la etapa posterior.

Fuente: Pàgina/12

Un día como hoy nacía Rodolfo Walsh

Autor de cuentos y relatos policiales, precursor del Nuevo Periodismo y de lo que años más tarde se llamó "non fiction novel",  fue autor de "Operación Masacre", "¿Quién mató a Rosendo?", "El caso Satanovsky". Además de sus relatos agrupados en "Diez cuentos policiales", "Variaciones en rojo", "Los oficios terrestres", "Un kilo de oro", "Un oscuro día de justicia", presentó en 1965 las piezas teatrales "La granada"  y "La batalla". 

Colaborador de las revistas Leoplán, Vea y Lea, Panorama, Primera Plana, Semanario Villero, de las editoriales Hachette y Jorge Alvarez y los periódicos Mayoría y Noticias, creó y dirigió el semanario CGT y participó de la gestación y primeros pasos de la agencia cubana Prensa Latina y, años más tarde de la clandestina ANCLA. Su temprano compromiso político se evidenció en su paso por la Alianza Libertadora Nacionalista y, décadas más tarde, en su participación en la CGT de los Argentinos y su incorporación al grupo armado FAP y, posteriormente, a Montoneros. Después de enviar por correo los primeros ejemplares de su "Carta abierta de un escritor a la Junta Militar" en un buzón de Plaza Constitución, fue herido y secuestrado por un grupo de tareas de la Marina en las inmediaciones de la esquina porteña de San Juan y Entre Ríos, el 25 de marzo de 1977. Desde entonces se encuentra desaparecido. 

Fuente: Télam

Carta abierta de Rodolfo Walsh a la junta militar aquí: http://www.literatura.org/Walsh/rw240377.html

Homenaje a Rodolfo Walsh en el Conti a 35 años de su asesinato

El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Cchconti) rendirá homenaje al escritor, periodista y militante Rodolfo Walsh el sábado próximo, a 35 años de su secuestro y asesinato por parte de la última dictadura.

Intelectuales, artistas y referentes de la lucha por los derechos humanos participarán de la jornada "Rodolfo Walsh, a viva voz", de 16.30 a 22 en la sede del Cchconti, en el predio de la ex ESMA, Libertador 8151, con acceso vehicular por Comodoro Rivadavia 1273, informó hoy la Secretaría de Cultura de la Nación.

Estela de Carlotto, Víctor Hugo Morales, Lilia Ferreyra, Susana Rinaldi, Eduardo Aliverti, Antonio Birabent, Cristián Alarcón, Beatriz Spelzini, Lila Pastoriza, Lucila Pagliai, Leo Arias y Eduardo Jozami, leerán textos de Walsh.

A su vez, representarán escenas de dos obras del escritor los actores Osqui Guzmán, Arturo Bonín, Carlos Portaluppi ("La granada"), Lorenzo Quinteros, Claudio Gallardou y Cutuli ("La batalla"), ambas con la dirección de Enrique Dacal.

Además, se proyectará el cortometraje Los oficios terrestres (1985), basado en el cuento homónimo de Walsh, con la adaptación de Adrián Abonizio y la dirección de Gustavo Postiglione y Héctor Molina.

Jozami, director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, leerá el cuento inédito de Walsh Quiromancia.

La jornada concluirá con un espectáculo performático basado en el cuento "Esa mujer" y fragmentos del relato novelado "Operación masacre" sobre los fusilamientos de junio de 1956 en los basurales de José León Suárez.

Con la actuación de Leonardo Sbaraglia y la musicalización de Fernando Tarrés, presentan en conjunto la performance el Cchconti y la Secretaría de Cultura de la Nación a través de la Dirección Nacional de Artes.

Fuente: http://noticias.terra.com.ar

¿Cooperativizar Papel Prensa?

Los diarios del interior se hicieron eco en 1977 del traspaso de
acciones de papel Prensa a tres diarios capitalinos: "Es deplorable
que un simple juego de intereses haya colocado a tres destacados
exponentes del periodismo en una posición antinómica con la mayoría
del periodismo nacional", decía en sus páginas el diario cordobés La
Voz del Interior, que por aquel entonces era propiedad de la familia
Remonda y hoy pertenece al Grupo Clarín.
(Ansol).- Publicaba en marzo de 1979, la nota de La Voz del Interior
remitía a un documento de la Asociación de Entidades Periodísticas de
la República Argentina (Adepa). El precio del papel "constituye una
amenaza a la libertad de prensa en la medida que puede determinar el
cierre de periódicos que luchan por sobrevivir", continuaba la nota
citando a Carlos Ovidio Lagos -por entonces presidente de Adepa y
dueño del diario La Capital de Rosario-. "La industria del papel de
diario no debe montarse a expensas del periodismo nacional con un alto
costo que lesione la libertad, para beneficio exclusivo de los tres
diarios copropietarios asociados al Estado", sentenciaba la entidad
que reúne a los periódicos.
También en marzo del '79, junto a Adira (la asociación de los diarios
del interior), Adepa solicitó por entonces "al ministro de Economía,
José Alfredo Martínez de Hoz, la anulación del contrato firmado entre
el Estado nacional y Papel Prensa, al que atribuyen violaciones a
principios jurídicos y constitucionales que importan un ataque a la
libertad de expresión".
Cuentan los editores memoriosos, que Ovidio Lagos y los representantes
de La Voz del Interior fueron algunas de las principales voces que se
oponían al lugar dominante que adquirirían los diarios capitalinos
tras el traspaso de acciones de la productora papelera.
Pero el debate por el control del papel (que no es más que el debate
por el control de la palabra impresa y por el mercado publicitario
gráfico, cuestión que hace 30 años tenía un peso relativo mucho mayor
al actual), ni siquiera nace con la transferencia de acciones de Papel
Prensa.
Mucho antes de la existencia de la empresa papelera, en una asamblea
de la mencionada Adepa, dos de sus miembros –La Arena de La Pampa y
Comercio y Justicia de Córdoba -entre otros-,– propusieron crear una
fábrica de papel bajo la forma cooperativista. Los miembros de los
diarios porteños "se les rieron en la cara" ante la mínima posibilidad
de que todos los diarios, grandes o pequeños, pudieran tener los
mismos derechos de acceso al papel.
La posición dominante por parte de las empresas capitalinas no se
limitó a la transferencia de acciones que la dictadura hace. Luego de
la puesta en marcha de la planta en 1976, se elevó el arancel de
importación de papel a 44-48% para que no hubiera otra escapatoria que
comprarle a esa fábrica al precio que se fijara.
Pasaron 11 años para que durante el Gobierno del presidente radical
Raúl Alfonsín se diera término a esa inequitativa situación, al
eliminar en 1987 los derechos y aranceles para la importación de papel
con fines editoriales. Esta situación mejoró, sin dudas, la capacidad
de desarrollo de los medios que no tenían acceso irrestricto al papel
nacional. En la hemerotecas de numerosos medios del interior se puede
notar un seguimiento sobre esta cuestión de permanente preocupación.
No se trata, como se puede pensar, de un tema puesto en agenda en
estos últimos años.
Más tarde, durante los Gobiernos del presidente Carlos Menem, las
empresas dueñas de Papel Prensa, se vieron nuevamente beneficiadas por
las modificaciones de la Ley de Radiodifusión y, en desmedro de los
actores pymes regionales, desarrollaron su integración horizontal,
comprando empresas gráficas del interior golpeadas por años de
sobreprecios de papel y por el proceso hiperinflacionario. El 2001
significó la estocada final para muchos de estos emprendimientos.
Periódicos familiares con varias décadas de historia, cuyos nombres se
identifican con diferentes ciudades o provincias de nuestro país,
debieron ser vendidos a empresas más grandes, acentuando el proceso de
concentración económica del sector; muchas otras, fueron "aguantadas"
-por editores con vocación- con otra actividad económica o a fuerza de
endeudarse y reducir páginas; y también, hubo empresas que cerraron y
fueron recuperadas por sus trabajadores que apelaron a la solidaridad
cooperativa y evitaron de esta manera que sus comunidades perdieran
sus medios de comunicación.

* Periodista Comercio y Justicia (Córdoba)