Análisis realizado días previos a las elecciones donde fue reelegido Rafael Correa el pasado domingo, enfocando en la importancia de la futura Asamblea Nacional para superar las trabas colocadas por los poderes concetrados para frenar la ley de Comunicación en Ecuador.
Uno de los temas que se definirán en
las elecciones presidenciales y legislativas del 17 de febrero es el de
la Ley de Comunicación, que no ha podido ser aprobada por la Asamblea
Nacional, por la tenaz oposición de la derecha y de los medios de
información tradicionales.
Rafael Correa, que aspira a la
reelección presidencial con un amplio margen de apoyo popular, ha
señalado que respaldará la expedición de esta la Ley para lo cual su
movimiento Alianza País buscará alcanzar la mayoría legislativa. [1]
El
Movimiento Alianza País, en su programa de gobierno 2013-2017, incluye
un capítulo dedicado a la comunicación en el que se compromete a aprobar
y poner en vigencia la Ley de Comunicación para “definir las nuevas
reglas del juego en la materia, a fin de democratizar la comunicación,
estimular nuevas tecnologías e incluir a más sectores en la
configuración de un nuevo y diferente sistema nacional de educación”. [2] Así
mismo, el movimiento político de gobierno propone consolidar los medios
públicos como espacios ciudadanos de participación, democratizar el
espectro radioeléctrico y colocar la comunicación como un tema
prioritario en la agenda de organismos regionales como UNASUR, CELAC y
ALBA.
Otro candidato presidencial,
Alberto Acosta, que representa a la Unidad Plurinacional de las
Izquierdas, también se ha pronunciado por que se sancione una nueva Ley
de Comunicación para que los medios de comunicación no sean controlados
por los grandes grupos de poder, a la vez que demanda que los medios
públicos dejen de ser gubernamentales y haya mayores posibilidades para
que se desarrollen los comunitarios. [3]
En cambio el candidato de la banca y
a la derecha, Guillermo Lasso, no expediría ninguna Ley de Comunicación
porque el “derecho a la libre expresión no debe tener limitaciones” ni
establecería un Consejo de Regulación, aunque las dos aspectos
fueron aprobados en la consulta popular del 7 de mayo de 2011. [4]
Disputas mediáticas
El tema de la comunicación se
encuentra en el centro de las disputas políticas e ideológicas ya
no solo en estas elecciones sino desde que asumió la Presidencia Rafael
Correa en enero de 2007.
Desde esa fecha, los medios
privados cuestionan “el proceso constituyente, a la Constitución, y, sin
duda al Presidente, a la Asamblea Nacional y a las políticas económicas
y sociales seguidas por el gobierno” [5]
señala el historiador Juan J. Paz y Miño Cepeda, agregando que
“progresivamente ese sector empresarial de medios de comunicación se
convirtió en un actor ideológico y político, que algunos analistas
consideran que reemplazó a los partidos”.
[6]
Ante esta permanente ofensiva de la
oposición de derecha, aliada a los medios privados, el gobierno de
Correa ha respondido con medidas que incluyeron la creación de un
sistema estatal de medios (hasta entonces inexistentes en el Ecuador),
la utilización de las redes digitales [7]
y la puesta en escena de los “enlaces ciudadanos” semanales a través de
los cuales el Presidente Correa informa de sus actividades pero, a la
vez, que denuncia en forma permanente el carácter mercantil de los
medios privados, la relación del poder mediático con el poder
económico y los métodos de lo que Correa denomina la “prensa corrupta y
mediocre”, muchas veces reñidos con las normas profesionales y de la
ética periodística.
Los medios privados y las
oposiciones de derecha e izquierda, por su parte, critican el estilo y
el lenguaje del Presidente al que acusan de ser “intolerante” y de
atentar a la “libertad de expresión”. Señalan que son atacados porque
denuncian actos de corrupción y la concentración del poder, en tanto
demandan la fiscalización del poder Ejecutivo. Más allá de esta
confrontación, la verdad es que, como señala el periodista ecuatoriano
Gustavo Isch, “Los medios masivos ecuatorianos devenidos en actores
políticos acostumbrados a dominar de modo casi monopólico la agenda
pública, se han visto vulnerables ante el embate de la ‘revolución
ciudadana’ liderada por un presidente capaz de disputarles sus públicos,
sus espacios, y utilizar la tecnología de comunicación para
movilizar en su contra a amplios sectores de la opinión pública”. [8]
Este enfrentamiento entre Correa y
el poder mediático, del que la ciudadanía se ha mantenido de cierta
forma apartada, ha ido de menos a más. Pese a que el presidente
cuestionaba a los medios privados, éstos recibían, sin decir
nada, jugosas sumas provenientes de la publicidad estatal. Pero el 28 de
julio de 2012, Correa ordenó dejar de enviar más "publicidad oficial a
los medios mercantilistas porque no tenemos porqué, con dinero de los
ecuatorianos, beneficiar el negocio de seis familias de este
país". Semanas antes había dispuesto que sus ministros no concurran a
entrevistas a los medios privados de carácter nacional, aunque la medida
no corría para los medios regionales y locales.
En esta disputas intervienen no
solo actores nacionales sino internacionales, como el grupo Prisa de
España, la CNN, Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP), las agencias financieras de Estados Unidos, como la
USAID, la NED, etc que apoyan a ONGs, como Fundamedios o el Grupo Faro.
Con dinero proveniente del exterior se organizan observatorios y se
elaboran informes sobre la violación a la “libertad de expresión”, se
formulan alertas urgentes en las redes, se convocan a concursos, se
“capacita’’ a periodistas y a la sociedad civil y se presentan demandas
contra el gobierno en los ámbitos nacionales e internacionales. Por este
trabajo no solo reciben dinero sino apoyo político y diplomático que se
expresa en la asignación de reconocimientos y premios.
Avances constitucionales
En el país se han registrado
avances (como la conformación de medios públicos), pero todavía queda un
amplio trecho que recorrer en materia de democratizar la comunicación.
Comencemos señalando que en el
campo jurídico hubo progresos con la incorporación en la nueva
Constitución del 2008 de varios artículos que reconocen los derechos a
la comunicación, la información y a la cultura en el mismo nivel que
otros derechos igualmente vitales para el ser humano como son la salud,
la educación, el buen vivir y otros. Se registra avances igualmente
en el empeño de democratizar la comunicación y repartir las frecuencias
radioeléctricas equitativamente entre los sectores privados,
comunitarios y públicos. Para las comunidades, pueblos y nacionalidades
se reconoce el derecho a “crear sus propios medios de comunicación
social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación
alguna”, y el derecho a que “la dignidad y diversidad de sus culturas,
tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación y en
los medios de comunicación” (Art 57-21) Cabe indicar que en la
elaboración de las propuestas que finalmente se incorporaron en la
Constitución jugó un rol destacado el Foro Ecuatoriano de la
Comunicación (FEC) compuesto por una veintena de entidades académicas,
gremios profesionales, medios alternativos y organizaciones indígenas.
Cabe resaltar también que la
Constitución, aprobada por el 64% de ecuatorianos, prohibió que las
entidades o grupos financieros controlen la inversión o el patrimonio de
los medios de comunicación social (Art 312). Posteriormente, en un
referéndum realizado en mayo de 2011, una mayoría de ecuatorianos aprobó
una reforma legal que prohíbe que “las instituciones del sistema
financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas, de
carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños
o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o
comunicacional, respectivamente”.
Una ley postergada
El siguiente paso, para que se
hicieran efectivos los derechos y avances consagrados en la
Constitución, era la expedición, por parte de la Asamblea Nacional, de
una Ley de Comunicación, que, según disponía la Carta Magna, debía ser
aprobada en un plazo de un año.
Han transcurrido más de cuatro años
y esta Ley no ha podido ser aprobada, pese a que en el mencionada
referendo de mayo de 2011, el pueblo se pronunció porque la Asamblea
Nacional, sin dilaciones, promulgue una Ley de Comunicación que cree un
Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos que contengan
mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios.
En la tarea de impedir la
aprobación de la Ley de Comunicación han confluido las fuertes
presiones de los poderes fácticos (nacionales e internacionales) y el
boicot de los asambleístas de oposición de derecha e izquierda que han
hecho causa común con los grupos mediáticos privados para los cuales la
“mejor ley es la que no existe”. En este tema cabe señalar que hubo
vacilaciones en el propio bloque legislativo oficialista de Alianza País
puesto que cuando éste tuvo mayoría en la Asamblea no le dieron la
importancia que tenía y no la tramitaron y aprobaron con la celeridad
que el caso ameritaba. Cuando el bloque de gobierno perdió la mayoría,
ya era tarde, porque se unieron las bancadas de derecha y de izquierda
(Movimiento Popular Democrático, MPD, Pachakutik) para poner un freno a
la Ley de Comunicación argumentando que daría más poder al Presidente
Correa para controlar los medios de comunicación a través del Consejo de
Regulación.
Algunos de los planteamientos formulados por el Foro Ecuatoriano de
la Comunicación y, cuando éste dejó de funcionar, por las
organizaciones de comunicación y derechos humanos[9] , fueron
recogidos en el último proyecto de Ley de Comunicación que se encuentra
en la Asamblea Nacional para su aprobación en un segundo debate.
El proyecto de 128 artículos
establece nuevas reglas para el ejercicio del derecho a la comunicación y
democratiza la radio y la televisión distribuyendo equitativamente las
frecuencias (33% para medios públicos, 33% para privados y 34% para
comunitarios).
Pero como la torta radioeléctrica
se encuentra concentrada en más de un 95 % manos privadas y queda poco
para los otros sectores, el proyecto de ley dispone que esa nueva
distribución se alcance de manera progresiva, mediante la reversión de
las frecuencias obtenidas ilegalmente (porque en anteriores gobiernos,
se pagaba con frecuencias los votos en el congreso) y la asignación de
las todavía disponibles. Este mismo criterio equitativo se aplicaría
cuando entre en vigencia la digitalización de los sistemas de
transmisión de radio y televisión.
Estas disposiciones afectan los
bolsillos de los propietarios de los medios y ello explica la forma
virulenta y agresiva con la que éstos han reaccionado en contra de esta
ley, argumentando que viola “la libertad de expresión”.
Pero los patrones de los grandes
periódicos y revistas también tienen sus motivos para estar
preocupados. En el proyecto de Ley de Comunicación se establece el
principio de la transparencia. Se obliga a los medios impresos a
difundir en cada una de sus publicaciones el número de ejemplares que
ponen en circulación (Art 97). El secreto mejor guardado de los impresos
es su tiraje. Ni siquiera las agencias de publicidad lo conocen.
También les obliga a seguir ciertas normas para evitar la manipulación:
responsabilizarse de las informaciones y opiniones que
difundan; diferenciar las noticias de las opiniones; cuidar que los
titulares se correspondan con los contenidos de las informaciones;
rectificar a la brevedad posible las informaciones y opiniones que se
han demostrado falsas, entre otras.
El proyecto promueve la
comunicación intercultural y plurinacional (artículos 15 y 35) y fomenta
el desarrollo de los medios comunitarios mediante acciones afirmativas
como crédito y exoneración de impuestos para la compra de equipos,
acceso a capacitación, participación en la publicidad estatal (art.
102), entre otros. Además contiene artículos para fomentar la
producción musical y audiovisual del Ecuador.
Medios públicos y comunitarios
Si comparamos el panorama actual
con el que imperaba hace 6 años, algunas cosas han cambiado. Ahora
tenemos, por primera vez, medios públicos (Ecuador TV, Radio Pública del
Ecuador, Diario el Telégrafo, la radio de la Asamblea Nacional, entre
otros) que se crean con la lógica del servicio público y no del lucro,
que es la que domina a los medios privados. Una crítica frecuente que se
les ha hecho a estos medios públicos como también a los incautados a
los banqueros (Gamavisión, TC Televisión, entre otros) es que tienen un
sesgo gubernamental. De cierta manera esto es así, pero lo importante de
destacar es que los medios públicos ya están creados y funcionando,
tienen aciertos y falencias (ciertamente son medios en construcción),
pero esto mismo obliga a abrir un debate público sobre su rol en la
generación de nuevos valores, identidades y consensos [10]
y sobre su autonomía económica, organizativa y
editorial. Indudablemente hace falta también un marco regulatorio que
debería ser provisto por la Ley de Comunicación cuya aprobación, como
señalamos, está pendiente.
Otro elemento a considerar es que
el sector comunitario de la comunicación no ha podido despegar ni
desarrollarse, como era de esperarse. Sin embargo, el gobierno, a través
de la Secretaría de Pueblos, ha entregado en el 2012 catorce radios a
pueblos indígenas, lo que les permitirá comunicarse en sus propias
lenguas. En este proyecto se han invertido dos millones de dólares y el
mismo incluye la instalación de equipos, capacitación y ayuda técnica
durante el primer año. Para el 2013 el gobierno prevé entregar 20
emisoras más. Para el 2015 se espera completar 57 emisoras comunitarias
incluyendo a pueblos afros y montubios. [11]
La
organización indígena Ecuarunari, filial de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ha manifestado su
desconfianza respecto a este proyecto gubernamental, señalando que al
entrega de unas pocas frecuencias para algunas nacionalidades tiene un
alcance de un kilómetro, lo cual es una “burla y un engaño” porque “los pueblos necesitamos medios de comunicación (radios y TV) de alcance nacional y regional”. [12]
El Foro de la Comunicación se
disolvió y finalmente desapareció, dejando que sean únicamente los
organismos y redes de comunicación alternativa los que sigan
pronunciándose, aunque sin regularidad y sin alcanzar la suficiente
fuerza social como para provocar cambios sustanciales que permitan
fortalecer la esfera pública, que es la esfera de universalización de
los derechos de la comunicación.
Ahora el destino final de la Ley de Comunicación dependerá de quien gane las elecciones presidenciales y parlamentarias.
[5] Juan J. Paz y Miño Cepeda, El gobierno de la revolución ciudadana: una visión histórica, en: Balance de la revolución ciudadana, Quito, Planeta, 2012, p. 34
[7]
Rafael Correa difunde frecuentemente sus mensajes en su cuenta en
twitter denominada @Mashirafael en la que tiene 731.665 seguidores
(14-02-2013)
[8] Gustavo Isch, De la guerra de guerrillas a las guerra de cuartillas, Quito, CIESPAL, 2012, p. 27
[9] Ver: Ecuador: 10 razones para apoyar la Ley Orgánica de Comunicación
[10] El
sociólogo brasileño Emir Sader sostiene que una prensa pública no solo
debe ser una prensa de debate, sino también una prensa de construcción
de nuevos valores, porque no hay otra forma de vida hoy día que dispute
la hegemonía de la forma de vida norteamericana y permita la
construcción de una hegemonía alternativa a la neoliberal, ver: Emir
Sader ¿Qué es una prensa pública?, en Comunicación, cultura y política, Quito, FLACSO, 2008, p. 114-115
[11]
Información de la ministra de la Secretaria de Pueblos, Mireya
Cárdenas, Programa La Cabina, Radio Pública del Ecuador, 2013-01-03.
[12] Pueblos indígenas y sectores sociales violentados de sus Derechos, 18-12-2012
Fuente: http://alainet.org/active/61640&lang=es
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