Ley de Medios: Un avance sin retorno

(Por Agustín Lewit). Agustín Lewit sostiene que los debates en torno de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual han permitido desarrollar la mirada crítica de las audiencias ante los medios.

Hasta hace apenas un tiempo atrás, resultaba muy común escuchar frases tales como: “Te juro, lo leí en el diario”, “De verdad, lo vi en la televisión”, o “Aunque parezca increíble, lo escuché en la radio”. El hecho de que un acontecimiento o información apareciera difundido por algún medio de comunicación, y esto se reforzaba aun más mientras mayor masividad tuviera el medio, era condición suficiente para dotar al mismo de una objetividad incuestionable.

Hoy, sin embargo, aquello ya no resulta tan claro; o al menos no de la manera en que resultaba tiempo atrás. Por ejemplo, no sería extraño que, en el contexto actual, aquellas frases sean replicadas con otras del estilo de: “Sí, pero ¿en qué diario lo leíste?”, “Bien, pero ¿en cuál canal lo viste?”, “Ajá, ¿y en qué radio lo escuchaste?”. La pregunta por el quién informa y el desde dónde lo hace han cobrado de un tiempo a esta parte una relevancia inédita en nuestro país. Y ello debe ser leído, sin dudas, como un avance cultural, en tanto supuso empezar a romper con una idea muy instalada en el sentido común, la cual vinculaba de manera natural información y verdad objetiva; una relación, por lo demás, apuntalada y reforzada por décadas desde aquellos sectores que, paradójicamente, se dedicaron a hacer de la información un negocio. En los últimos años aquellas costuras que ligaban al periodismo con objetividad absoluta, han empezado a mostrarse. Claro que también tiene que haber voluntad de verlas.

Quizás haya aportado a este proceso las innumerables acusaciones cruzadas en el mundo periodístico, de un lado cuestionando a los “periodistas militantes adeptos al Gobierno” y del otro, respondiendo las críticas de los “periodistas al servicio de los intereses de un grupo económico”. Tal vez haya que condenar el tono violento con el que muchas de estas críticas se realizaron, pero lo cierto es que, como cuestión de fondo, no han hecho otra cosa que desnudar un elemento constitutivo –y por ello mismo inerradicable– de todo proceso de comunicación: todo acto de información responde a un conjunto determinado de intereses, los cuales definen un locus específico, desde dónde se informa, a la vez que un cierto recorte de aquello que se busca informar. La idea de la información como acto de neutralidad valorativa, presentada muchas veces también con aquella fórmula de periodismo independiente, resulta entonces una entelequia, una falsedad que niega, desconoce o evita hacer manifiesto el hecho ineludible de que cualquier acto informativo, en tanto no es otra cosa que una dotación de sentidos frente a lo que acontece, es siempre parcial, sesgado, incompleto.

Sobre estos supuestos, entonces, es que hay que pensar y dar batalla respecto de los perjuicios que supone para una sociedad el hecho de que la producción de la información –digámoslo un vez más: que la construcción sesgada y parcial de sentidos sobre la realidad– se encuentre monopolizada y concentrada en un pequeño sector; cuestión que se agrava aun más, cuando dicho sector es, antes que nada, un grupo económico que como cualquier otro grupo de su naturaleza, persigue el fin de maximizar sus ganancias.

Ahora bien, si la producción de la información nunca puede ser completamente objetiva, de lo que se trata, en consecuencia, es de asegurar la mayor cantidad de voces que cuenten e interpreten la realidad desde múltiples perspectivas. La objetividad informativa sólo encuentra su reaseguro en la existencia de una multiplicidad de visiones, es decir, en la coexistencia de diversas miradas subjetivas. Y es eso precisamente lo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se ha propuesto instalar en su sentido más profundo. Como una arista más de una tendencia que lleva casi una década, en la cual el Estado ha recuperado su papel de dinamizador y patrocinador de nuevos derechos políticos, civiles, sociales y económicos, esta nueva ley regula y busca democratizar una cuestión absolutamente sensible para la vida en sociedad.

Y por eso, también, resulta crucial que entre en vigencia de una vez por todas el afamado artículo 161, el cual obliga a la desinversión de aquellos grupos que se encuentran excedidos en licencias, y materializa uno de los pilares de la normativa: limitar y garantizar una estructura de propiedad de medios no oligopólica. Restan todavía los infinitos desafíos respecto de asegurar la multiplicidad de contenidos.

Entre los muchos cambios sustantivos de los últimos años, hay uno que consistió en comprender, desde el Gobierno pero también desde grandes sectores de la sociedad, que la información –para algunos, exclusivamente un negocio– puede y debe ser entendida también como un derecho y como un servicio. Y que ese derecho y ese servicio sólo pueden existir en un ámbito dónde se asegure la pluralidad. Haber comprendido eso excede por completo a cualquier gobierno. Es un avance que nos pertenece a todos y es irreversible.

* Politólogo, Centro Cultural de la Cooperación.

Fuente: Página/12