Primer dictamen de la Defensoría del Público, el acceso a los medios de un reclamo vecinal

La defensora recomendó a medios públicos y privados “dar tratamiento a temas que afecten la salud y el ambiente” en un barrio jujeño. Los vecinos reclamaban por la presunta contaminación de una planta eléctrica, pero no lograban eco en los medios.

En su primer dictamen, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, a cargo de Cynthia Ottaviano, recomendó a los medios públicos y privados “dar tratamiento a temas que afecten a la salud y el ambiente de los habitantes de la provincia” de Jujuy. Lo hizo ante la denuncia de vecinos del barrio Malvinas Argentinas, ubicado en las afueras de la capital de esa provincia, que habían manifestado “dificultades de acceso a los medios de comunicación para difundir información” sobre su reclamo por presunta contaminación electromagnética a causa de la ampliación una planta de electricidad, en ese vecindario (ver recuadro). En una entrevista con Página/12, Ottaviano cuenta los alcances de esta primera medida y del trabajo que lleva a cabo en la Defensoría. “Cuando hablamos de libertad de expresión estamos hablando del derecho a la comunicación, de dar, recibir, investigar o difundir información como derecho humano”, enfatiza.

Ottaviano trabaja en una oficina que provisoriamente ocupa en el piso 8 de Bartolomé Mitre 1864 y aclara: “El lugar que estamos buscando tiene que ser con pleno acceso, también vamos a tener oficinas para atender a las personas que vengan y tiene que estar en un lugar donde lleguen colectivos, subtes”, cuenta.

La Defensoría no tiene capacidad de emitir sanciones, por lo tanto, se atiene a hacer recomendaciones. No obstante, en caso de que el problema no pueda ser resuelto, puede acudir a la Justicia. También puede exigir a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) que haga cumplir la Ley 26.522.

En su primera resolución, en más de veinte páginas, enumera las disposiciones y normativas nacionales e internacionales vigentes que definen la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información para, finalmente, resolver sobre seis puntos: recomendar a los servicios de comunicación que “brinden espacio para el tratamiento de temas que afectan a la salud y el ambiente de los habitantes de la provincia”; convocar a los medios públicos a firmar un compromiso de profundización del derecho de acceso a la información –en el punto 4 invita a los medios privados que también asuman el compromiso–; poner en conocimiento a titulares de medios privados para que también den ese espacio para el tratamiento de noticias de esa índole y poner a disposición de todos una capacitación sobre el tema, que la misma Defensoría brinda para todo el público.

Como consecuencia de esta actuación, y tras un llamado de la defensora, Radio Nacional de Jujuy y de Buenos Aires, que de acuerdo con las quejas de los vecinos desde hacía tiempo no trataban el tema, lo hicieron.

–Salud y ambiente son dos temas que están ligados y en los cuales los gobiernos a veces están involucrados porque fomentan determinadas actividades, como por ejemplo, la megaminería o este caso en Jujuy. ¿Cómo actúa la Defensoría en ese sentido?

–Cuando hablamos de libertad de expresión estamos hablando del derecho a la comunicación y de la posibilidad de dar y recibir, de investigar y de difundir. No importa si tenés un medio de comunicación o no, lo que importa es que vos tenés derecho a que tu voz sea escuchada en los servicios de comunicación audiovisual y acá había una problemática real y concreta, que tenía que ver con los temas ambientales y de salud y nosotros tenemos que garantizar el derecho a la comunicación. La solución final en los términos de salud y ambiente pasa por otros organismos, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar para que cobre visibilidad una problemática, que es de interés nacional, sin ninguna duda.

En ese sentido, Ottaviano plantea al organismo creado en el marco de los artículos 19 y 20 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual “como puente” entre las audiencias –planteadas en términos multidireccionales de comunicación con un sujeto de derecho con capacidad de analizar críticamente lo que ve, lee y escucha– y los medios.

Para esa tarea, está prevista la realización de audiencias en todo el país para evaluar la creación de dos observatorios, uno vinculado con la salud y el ambiente y otro con la violencia que ejercen los medios. Las denuncias pueden ser presentadas por cualquier ciudadano personalmente, a través de un correo electrónico a contacto@defensadelpublico.gob.ar, en la página web: http://www.defensadelpublico.gob.ar/contacto.php, por carta o por teléfono (con dirección y número a definir). También se abrirán dependencias en todo el país y hay convenios con el Inadi y la Defensoría del Pueblo de la Nación. La Afsca tiene la obligación de receptar denuncias o consultas.

La Defensoría también puede actuar de oficio y los temas a los que se aboca son variados, desde denuncias por violencia simbólica hacia una persona o un grupo de personas; discriminación o por el incumplimiento en la grilla de canales como CN23 o Paka Paka, entre otros.

“Los medios tienen que ser diversos, plurales, inclusivos y, fundamentalmente, que se pueda comunicar sin ser perseguido por eso”, destaca Ottaviano. Y sostiene que el derecho a la libertad de expresión tiene que ver directamente con el “desarrollo sociocultural de la Argentina”.

Informe: Carla Perelló.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-212414-2013-01-23.html