En Uruguay aseguran que una empresa de Clarín viola la ley

El sindicato de prensa, la Asociación de la Prensa del Uruguay, calificó de esa manera a la compañía de televisión para abonados Cablevisión por no respetar los convenios sindicales.

La Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) denunció como "como violadores de la ley, ante el incumplimiento sistemático de lo acordado en los Consejos de Salarios" a Cablevisión y a la empresa Equital, consorcio de televisión por cable formado por los tres canales privados de Uruguay.

La denuncia de APU se da más de un mes después de que la gremial decidiera retirarse de los ámbitos de negociación salarial por los "incumplimientos" de parte de las firmas, según habían comunicado en junio pasado.

Además, durante la movilización del 1 de mayo por el día del Trabajador, el coordinador de la central sindical Pit-Cnt Ismale Fuentes había puntualizado en medio de un acto multitudinario en la Plaza Independencia que "no" iban a permitir que "Clarín siga violando la ley".

El comunicado en el que difunden su denuncia, la gremial de prensa agrega que "en virtud de la falta de respuesta del Poder Ejecutivo frente a esta situación, APU resuelve mantener la medida y solicitar una reunión con carácter grave y urgente" al ministerio de Trabajo "para buscar una solución que valide la importancia de esta herramienta de negociación colectiva".

Fuente: Télam

Cablevisión: Comercio Interior fijó en 138 pesos el abono básico

La Secretaría de Comercio Interior elevó a 138 pesos el monto que debe cobrar la empresa Cablevisión a sus clientes por el servicio de televisión paga.

La actualización de la tarifa del abono fue establecida a través de la resolución 61/2013, publicada hoy en el Boletín Oficial y firmada por el titular de la dependencia, Guillermo Moreno.

El nuevo valor, que representa un incremento de 8 pesos respecto a la anterior medida adoptada por la Secretaría de Comercio, comprende el período que va del 1 de julio a septiembre próximo.

En los considerandos del texto, se advierte "la empresa Cablevisión continúa sin presentar la información requerida" en resoluciones anteriores, por lo que, "como consecuencia del incremento de costos generados en la explotación de la actividad, corresponde actualizar el monto del abono básico mensual del servicio de televisión paga que presta a sus usuarios". 

En ese marco, la nueva medida añade que "a los fines de determinar el monto del abono básico citado, se procedió a obtener a través de fuentes oficiales (página web de la Comisión Nacional de Valores) los datos necesarios que requiere la fórmula".

"En función de ello y de acuerdo con los parámetros de razonabilidad previstos, esta Secretaría, en el marco de su competencia, procede a fijar el precio por el abono básico mensual del servicio de televisión paga de la empresa Cablevisión S.A. en la suma de $138, que los usuarios deberán abonar durante los meses de julio a septiembre de 2013, inclusive", concluye la resolución.
Además, dispone que el precio fijado "deberá mantener su vigencia e inmutabilidad sin variaciones durante el plazo indicado".

Fuente:infonews.com

 

Cablevisión presiona a la justicia para frenar los fallos en su contra

(Por Leandro Renou) Lo hizo a través de un escrito enviado al juez Alfonso Ziulu, en el que solicita el cese de las cautelares que le exigen la reducción del valor del abono básico del cable, porque de lo contrario quebrará y dejará de prestar el servicio

Más allá de las diferencias ideológicas y las disquisiciones políticas en el marco de los debates parlamentarios, lo que debería primar entre los sectores en pugna debería ser cierto grado de coherencia con las causas que se defienden y se atacan. En los últimos 15 días, y al calor del debate del proyecto de ley de reforma de la justicia, quedó en evidencia una posición corporativa de algunos sectores de la oposición, de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y de grupos de medios como Clarín, los que manifestaron su rechazo, con sus argumentos e intereses, a la iniciativa que ideó el kirchnerismo.

Paralelamente a esta posición monolítica –que puso como eje de la discordia las supuestas presiones futuras del Ejecutivo sobre los jueces y cruzó duro respecto de los nuevos plazos para las medidas cautelares de la reforma–, uno de esos sectores críticos a la nueva norma hacía, por otro lado, todo lo contrario a lo que pedía en público sobre el mismo tema: el respeto a la justicia.

Es que Cablevisión, la cablera del Grupo Clarín, acechada por distintas sentencias en la provincia de Buenos Aires que la obligan a facturar el servicio básico en $ 130 mensuales, tal como ordenó el Estado en lugar de los más de $ 250 actuales, salió a presionar fuerte a los magistrados que fallaron en su contra.

Y el término "fuerte" no es decorativo: la cablera amenazó con irse a la quiebra si los jueces no dejan sin efecto los fallos favorables a las cautelares que limitaron las tarifas. También aseguraron que echarían a toda la plantilla de trabajadores, planteo que desarrollan buscando arrastrar al sindicato de la actividad a pelear a favor de los intereses de su empleador, aunque sea contra la justicia. Concretamente, la cablera pide suspender el proceso normal de la justicia por considerar que los fallos afectan su estructura económica, una premisa por lo menos cuestionable a la hora de ver las enormes rentabilidades que ha obtenido la empresa sobrefacturando.

El pasado 8 de marzo, el letrado patrocinante de Cablevisión, José Francisco Sánchez Peralta, envió al Juzgado Federal 2º de La Plata, a cargo de Adolfo Ziulu, un escrito de 15 páginas en el que asegura que el cumplimiento de las resoluciones tarifarias de la Secretaría de Comercio Interior, "implica poner en riesgo la propia existencia de Cablevisión como empresa". En la nota, a la que accedió Tiempo Argentino, el abogado de la empresa asegura que "dicho de manera simple, si Cablevisión debe cobrar el precio fijado por la Secretaría de Comercio Interior, su negocio se torna inviable", y si esto sucede, "los usuarios se quedarán sin poder acceder al servicio de televisión por cable e Internet". Este último servicio está prestado por Fibertel, una empresa de Clarín a la que el gobierno denunció por operar con una licencia vencida pero contra la cual nunca logró avanzar en una investigación judicial seria.

El texto de presión a los magistrados tiene una particularidad: fue enviado un mes antes, el pasado 4 de abril, de que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata le rechazara a Cablevisión un recurso extraordinario para evitar corregir su tarifa.Es decir, Cablevisión buscó presionar con un supuesto colapso económico y pérdida de puestos de trabajo para revertir una decisión judicial que se dio, en todas las instancias, a favor de los usuarios bonaerenses.

La causa se inició el año pasado, cuando el defensor del Pueblo bonaerense, Carlos Bonicatto, inició una acción colectiva en representación de los más de un millón de clientes de Cablevisión en la provincia para que se respete la tarifa asignada. La acción surgió de más de 60 denuncias formales (hubo muchas anónimas) y pedidos de intendentes y legisladores. Cabe destacar que Cablevisión incumple más de diez fallos judiciales por tarifas en su contra emanados de juzgados de diversos puntos del país, y afronta amparos pedidos por más de 17 municipios bonaerenses. Además, la oficina que conduce Bonicatto inició acciones similares contra Telefónica y DirecTV por cuestiones vinculadas al servicio que prestan.

La nota de Cablevisión a la justicia asegura que los tribunales nunca analizaron los costos del servicio para saber si se puede o no establecer una tarifa de $ 130 mensuales con algo de renta. Y solicita que mientras tanto "se suspenda el cumplimiento de la medida cautelar (…) a fin de evitar que el negocio de Cablevisión se torne inviable". Asimismo, y mostrando un comportamiento binario respecto a las cautelares, Cablevisión le dice a los jueces que "ratifica la plena y efectiva vigencia de la medida cautelar colectiva obtenida por la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), en la Justicia Federal de Mar del Plata", la única decisión judicial a favor de la empresa.

El tema de los costos es una verdad a medias: desde la Asociación de las pymes de TV por cable se dijo en repetidas oportunidades que se puede prestar –y ellas lo hacen– igual servicio que Cablevisión por la tarifa exigida por Comercio Interior, y con muchos menos clientes. Y, además, la falta de información sobre los costos del servicio es responsabilidad de la compañía, y luego del Estado, ya que la firma nunca envío el detalle tantas veces pedido por la secretaría que conduce Guillermo Moreno.

La carta a la justicia asegura que, por no considerar el Estado costos extra del servicio –que la empresa se negó a informar– la empresa estaría resignando "$ 1.228.356.892 en el año 2010", suma que "hoy es bastante mayor", por cobrar $ 130 en lugar de los $ 250 que factura mensualmente. Asimismo, la cablera de Clarín afirma que “si el balance de Cablevisión al 31/12/2010, que arrojó un resultado positivo de $ 660.153.646, se le aplica la fórmula matemática prevista por la Resolución 50 (el cálculo que hizo el Estado ante la negativa de la firma a dar datos de costos), el mismo arrojaría un resultado negativo de –$798.431.980 como consecuencia de los costos no contemplados por la misma".

Llamativamente, la cablera presenta a la justicia datos del balance de 2010, pero omite intencionalmente cuantificar el excedente que le generó en los últimos años la sobrefacturación por la vía de la evasión de los fallos judiciales. Concretamente, en los últimos tres años la firma percibió $ 7400 millones extras por especular con las tarifas. El esquema de renta extraordinaria por sobrefacturación es sencillo, porque se nutre del cobro directo de un abono mensual caro: la cablera de Clarín tiene, según sus propios registros y balances, algo más de 3,5 millones de clientes en todo el país. En lo que va del año, en lugar de cobrar los $ 130 exigidos por resolución facturó hasta $ 205 mensuales, es decir, $ 75 más de lo debido por abonado. Así, terminaría 2013 (siempre y cuando no vuelva a subir la tarifa) obteniendo $ 3200 millones extras por no respetar la tarifa oficial.

Este diario consultó a la Defensoría del Pueblo si, en alguna instancia, había mantenido reuniones con la empresa para abordar este tipo de prácticas para con la justicia. "No, nunca sucedió", dijeron. Lo que sí ocurrió fueron varios pedidos de reuniones por parte del Sindicato Argentino de Televisión (SAT), cuyas autoridades provinciales se mostraron preocupadas por el futuro de sus fuentes de trabajo, luego de las amenazas de Cablevisión de mandar a la quiebra la empresa por los fallos de la justicia. La estrategia de presión de la firma ante los fallos adversos es muy similar, sin ir más lejos, a la aplicada por las empresa de medicina prepaga al momento de la sanción de la ley que regula la actividad. Por el rol de los medios de comunicación, la extorsión no tuvo éxito entre los diputados y senadores. En los próximos días se sabrá si la justicia es permeable o no a la presión de Cablevisión.

Respuesta de bonicatto al multimedios

Rápido de reflejos, el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicatto, contestó con un documento enviado al juez el informe del Grupo Clarín en el que se manejaba la posibilidad de quebrar ante fallos adversos de la justicia. “La insólita petición de la accionada pretende generar más confusión en este proceso con la sola finalidad de dilatar y evadir el cumplimiento de la Resolución cautelar de su Señoría, confirmada por la Excelentísima Cámara Federal de Apelaciones”, asegura Bonicatto en el escrito. Y agrega que “la argumentación autovictimizante y paralelamente ofensiva para la Institución que represento debe ser rechazada in limine, ya que no se puede pretender retrotraer el proceso a voluntad, con la recurrente intención de incumplir la obligación legal de obedecer el fallo del 14/12/2012, en clara contradicción con el principio de preclusión, que guía todo el proceso judicial”.

En este mismo sentido, Bonicatto aseguró que “niego que la demandada tuviese imposibilidad de cumplir con la sentencia cautelar (…), como que ello implicara poner en riesgo la existencia de la misma empresa Cablevisión (…), o como que la determinación de la Resolución de Comercio Interior fuese arbitraria o irrazonable”.

En definitiva, y en respuesta al documento emitido por Cablevisión, el defensor del Pueblo solicitó al juez Ziulu, que "rechace"  el pedido de suspensión del proceso efectuado por la demandada (…) así como también se resuelva no hacer lugar a las pruebas ofrecidas por Cablevisión, por no resultar el momento procesal oportuno para realizar las mismas”.

La respuesta de Bonicatto se enmarca en el típico conflicto que se genera en este país con las empresas que son monopólicas en cualquier sector de la economía. De hecho, en su carta a los jueces, el abogado de Cablevisión destaca que la firma "abastece a más del 46% del mercado argentino de TV paga en términos de cantidad de suscriptores, y más del 24% del mercado de banda ancha de Internet de Argentina en términos de cantidad de abonados". La cuestión de fondo, en este escenario, plantea el desafío de avanzar en el Congreso con alguno de los proyectos de regulación de la TV por cable y la inclusión del cable en la lista de los servicios públicos. Con estos dos puntos concretados, cualquier aumento tarifario deberá pasar por audiencia pública, justificado, evitando así subas que no tienen detalle de costos.

Fuente: Tiempo Argentino

Cablevisión, la Justicia Penal intervendrá para que se cumpla la tarifa

Carlos Bonicatto, Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, informó que la causa fue iniciada como delito de desobediencia, ante el incumplimiento de una medida cautelar que le exige a la empresa ajustar la tarifa del abono a $130.

Bonicatto, confirmó que las actuaciones contra los directivos de Cablevisión S.A. ante el incumplimiento de una medida cautelar que les exige ajustar la tarifa del abono a 130 pesos, fue llevado al ámbito a la justicia penal.

El Juez Federal de La Plata, Adolfo Ziulu,  pidió al juzgado federal penal en turno que investigue la posible comisión de delitos por parte de los directivos de Cablevisión S.A., ante el incumplimiento de una medida cautelar que le exige ajustar la tarifa del abono a $130 pesos.

En este sentido Bonicatto manifestó que el juez otorgará 24 horas más para que Cablevisión se adecúe, de no hacerlo la empresa será multada.

Por otra para, el Defensor del Pueblo explicó  que entre lo que debería cobrar y lo que efectivamente factura a sus clientes, Cablevisión está obteniendo una ganancia "extra" de por lo menos $40 millones.


Fuente: Argentina.ar

Evadiendo la ley, Cablevisión ganará $ 7400 millones extra en tres años

A pesar de la vigencia de fallos judiciales y las resoluciones oficiales que lo obligan a cobrar $ 130 mensuales, la firma utiliza una ingeniería sencilla para obtener renta extramillonaria del bolsillo de sus 3,5 millones de abonados.

En cualquier sector de la economía, la conducta compulsiva de evadir el cumplimiento de las decisiones judiciales tiene una raíz vinculada al dinero y a mantener niveles de renta elevados. Y esto es lo que sucedió y sucede con la pretensión de Cablevisión de "gambetear", vía negación de los fallos, la implementación de la tarifa oficial del servicio de TV paga establecido por la Secretaría de Comercio Interior. En pocas palabras, evadiendo la norma y facturando a sus clientes más de lo permitido, Cablevisión gana dinero, mucho dinero. Concretamente, en los últimos tres años la firma percibió $ 7400 millones extra por especular con tarifas.

El esquema de renta extraordinaria por sobrefacturación es sencillo, porque se nutre del cobro directo de un abono mensual caro: la cablera de Clarín tiene, según sus propios registros y balances, algo más de 3,5 millones de clientes en todo el país. En lo que va del año, en lugar de cobrar los $ 130 exigidos por resolución facturó hasta $ 205 mensuales, es decir, $ 75 más de lo debido por abonado. Así, terminaría el 2013 (siempre y cuando no vuelva a subir la tarifa) obteniendo $ 3200 millones extra por no respetar la tarifa oficial. 

 

Es difícil encontrar estos montos de dinero ganados con tanta facilidad en la economía nacional para lograr mensurar el fenómeno. Por ejemplo, los $ 3200 millones obtenidos vía estafa a sus usuarios por Cablevisión, equivalen a casi la totalidad del último préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le otorgó a la Argentina (U$S 700 millones) y que fue destinado a obras de infraestructura e innovación. Y aunque cueste creerlo, la cifra que gana extra esa firma se equipara a los $ 3000 millones que el gobierno nacional destinó para obras básicas en los municipios de la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. 

 

En todo este margen de ganancia millonaria se fundamenta, claramente, la decisión de Cablevisión de apelar hasta el hartazgo la denuncia colectiva por la tarifa que inició la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, a cargo del ombudsman Carlos Bonicatto. En esta causa, la Justicia Federal de la Plata rechazó los ardides de la firma y estableció que el viernes próximo debe bajar la tarifa a todos los clientes bonaerenses, que son cerca de un millón. De cumplirse lo ordenado, el fallo platense sería un antecedente importante para decisiones judiciales similares a nivel nacional. De hecho, hay provincias como Entre Ríos donde ya habido fallos a favor de usuarios, que la empresa tampoco cumplió. 

 

La práctica de jugar con las tarifas le permitió además a Cablevisión hacerse millonario vía sus clientes también en los dos años anteriores. En 2011, Comercio Interior había autorizado una tarifa de $ 109, Cablevisión cobró $ 144. Ese año, ganó $ 1740 millones extra. Un año más tarde y considerando la suba de costos de la economía, la cartera que conduce Guillermo Moreno autorizó una suba del abono a $ 123; Cablevisión cobró $ 188. Es decir, $ 2730 millones más de lo permitido en todo el año.  «

Fuente: http://tiempo.infonews.com/2013/02/17/argentina-96639-evadiendo-la-ley-cablevision-ganara---7400-millones-extra-en-tres-anos.php

Cablevisión debe informar el viernes la baja en sus tarifas

Ese día se vence el plazo para que, según ordenó la justicia, la firma modifique el abono a sus clientes bonaerenses. De negarse, el juez podría actuar de oficio y ordenar el cambio.


 Encerrada en su propio laberinto y sin instancias judiciales disponibles luego de que el Juzgado Federal 2 de La Plata le rechazara el jueves dos apelaciones, Cablevisión tiene hasta la semana próxima para establecer la tarifa en $ 130 en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, lo que estipula la última resolución de Comercio Interior.


Concretamente, y según los plazos ordenados por la justicia, el viernes vence el plazo de tres días hábiles para adecuar los valores. "A media mañana del viernes (el miércoles es feriado), la empresa tiene que haberles mandado una nota a sus clientes consignando que la nueva tarifa es de $ 130 mensuales”, explicó ayer a Tiempo Argentino Carlos Boniccato, el ombudsman bonaerense que, a raíz de denuncias de los vecinos, inició una serie de denuncias colectivas que terminaron obligando a la cablera de Clarín a cumplir, por primera vez en su historia, con la orden de cobrar una tarifa por el abono mensual acorde a su estructura de costos. El fallo de la justicia es de relevancia porque engloba, según pudo saber este diario, a más de 1 millón de abonados de la provincia de Buenos Aires, sobre un total a nivel nacional de más de 3,5 millones de clientes.


¿Qué puede ocurrir si Cablevisión se niega a corregir la tarifa? Los denunciantes manejan dos alternativas que operarán en el siguiente orden: en primer lugar, se le pedirá al juez que actúe de oficio y establezca que la tarifa es de $ 130, convocando a que la empresa informe el nuevo valor en medios nacionales. En segundo término, se llevará la cuestión a la Justicia Penal, si fuera necesario.

En este marco, la situación de la empresa es compleja, y los fallos le han jugado en contra porque la sobrefacturación le ha permitido a Cablevisión una renta extraordinaria millonaria. Por esta razón y otras cuestiones técnicas, el jueves último el Juzgado Federal N°2 de La Plata rechazó dos recursos presentados por la cablera del Grupo Clarín y ratificó los alcances de su fallo inicial, que obliga a la empresa a retrotraer a $ 130 la tarifa. El juez federal Adolfo Ziulu rechazó de esta forma los recursos de revocatoria y apelación en subsidio que habían sido presentados por la empresa prestadora del servicio de televisión por cable previamente con la voluntad de revertir la intención de los consumidores de terminar con los precios abusivos por la prestación del servicio.

La resolución que emitió el magistrado establece que el recurso presentado por Cablevisión no contiene una "crítica razonada" y sostiene, además, que no existe la posibilidad legal de apelar un fallo que actualmente está apelado en otra instancia judicial.Las denuncias del ombudsman bonaerense datan de noviembre de 2012.

En los últimos dos años, la prestadora nunca se ajustó al abono básico fijado por la autoridad estatal, que pasó de 109 pesos en 2011 a 123 pesos en 2012 y 130 pesos este año. Cablevisión decidió facturar, en cambio, 144, 188 y 205 pesos, respectivamente, es decir, hasta un 59% más.   «


Denuncias en 17 distritos de gba


La política de esquivar fallos judiciales vía apelaciones por parte de Cablevisión es de larga data. Es que, inicialmente, las quejas de los usuarios por abuso tarifario fueron individuales y perdieron peso en los juzgados. El cambio de paradigma en la forma de denunciar se dio en 2011, cuando los estados provinciales y los municipios del Conurbano empezaron a realizar denuncias colectivas a través de sus oficinas de defensa del consumidor.

En este contexto, ya hubo decisiones a favor de los usuarios en Buenos Aires, Córdoba, Salta, Entre Ríos, y en una cantidad de distritos del interior y el Conurbano Bonaerense.

Según consignó en aquel entonces Tiempo Argentino, ya son 17 los municipios que , por sus propios medios, llevaron amparos conjuntos en contra de la tarifa de Cablevisión. Entre ellos destacan Arrecifes, Bahía Blanca, Montes, Cañuelas, General Pinto, Chacabuco, Casares, Alem, Alberti, Carlos Tejedor, Vedia, Pehuajó, Lincoln, Lobos, San Antonio de Areco, Bragado y Chivilcoy

Fuente: www.info.news.com.ar

Cablevisión está hoy acorralado por incumplir

Quien llevó adelante las denuncias contra la firma de Clarín por tarifas, dijo que es posible ir a la justicia penal.

Tras la última resolución judicial contra la empresa Cablevisión, el defensor del Pueblo de la Provincia, Carlos Bonicatto, aseguró en diálogo con Tiempo Argentino que por primera vez la operadora de cable del Grupo Clarín no tiene escapatoria y deberá bajar sus tarifas a lo que marca la Secretaría de Comercio Interior.

En una entrevista con este diario, el funcionario asegura que "es un absurdo que exista una empresa de esta magnitud a la que nadie pueda decirle cómo regular sus precios", y considera que "hay un paralelismo con la Ley de Medios" en el uso de estrategias judiciales para ganar tiempo.

La Defensoría del Pueblo comenzó a funcionar en febrero de 2010 y desde entonces acumula unos 30 mil casos, miles de ellos por reclamos contra Cablevisión. En noviembre del año pasado, Bonicatto –junto a un grupo de legisladores– presentó un amparo contra la empresa en nombre de todos los usuarios bonaerenses del servicio de TV por cable para que respetara las tarifas fijadas por la Secretaría de Comercio Interior y devolviera el dinero cobrado de más desde enero de 2011. En los últimos dos años, la prestadora nunca se ajustó al abono básico fijado por la autoridad, que pasó de 109 pesos en 2011 a 123 pesos en 2012 y 130 pesos este año. Facturó, en cambio, 144, 188 y 205 pesos, respectivamente. Hasta un 59% más. Tampoco respetó los fallos en su contra en distritos como La Plata, Roque Pérez, Lobos, Bragado y Chivilcoy.

En diciembre, el juzgado Federal N° 2, que tiene al frente a Adolfo Ziulu, hizo lugar a la medida cautelar pero la empresa apeló. En enero, a raíz de la última suba que informó la empresa, la Defensoría pidió habilitar la feria judicial para tratar el caso. El último viernes, Ziulu intimó a la empresa a que en un plazo de tres días acredite que cumplió con la orden judicial o sus directivos incurrirán en el delito de desobediencia, que prevé prisión. A raíz de los feriados, el plazo vencerá recién el lunes 18.

–¿Qué pasa si la empresa no acata la intimación?¿Cómo sigue el camino judicial?
–Si la empresa no acata la intimación, nosotros vamos a plantear que pasen las actuaciones a la justicia penal.  Incurrirá en el delito de desobediencia tipificado en el artículo 239 del Código Penal, que prevé prisión de 15 días a un año para "el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones". Es decir que hay un procesamiento penal con las penas previstas en ese artículo para los directivos de Cablevisión. Pero además vamos a requerir que se le obligue administrativamente a reajustar las tarifas a lo que dice la secretaría. Eso lo tiene que hacer de oficio el juez porque si no seguiría la desobediencia. No puede ser que una empresa que está cumpliendo un servicio público impropio, pero servicio público al fin, ignore no sólo a la autoridad de aplicación sino también a la justicia. Parece un exceso. La Defensoría del Pueblo tiene, institucionalmente, una decisión doctrinaria: no somos neutrales y estamos a favor de los más débiles. Y acá el débil es la persona que no tiene posibilidad de discutir nada.

–¿Cómo analizan el fallo de la justicia marplatense del que se toma la empresa para fundamentar que puede fijar libremente la tarifa?
–Es un fallo que aparece como desconociendo la facultad propia de la Secretaría de Comercio Interior. Desconoce el poder regulatorio del Estado en las tarifas de las empresas que brindan el servicio público. Con ese fallo, Cablevisión pretende no estar regulado por ninguna normativa. A nosotros nos parece que eso es ilegítimo y contrario al criterio de intervención que tiene que tener el Estado en defensa de los derechos de las personas. Es absolutamente liberal y propio de otro momento de caracterización del Estado. Es más, creo que se están basando en alguna normativa de 1991. Ese fallo contraría todos los principios constitucionales y lo vamos a contestar cuando sea el momento oportuno.

–Hay un paralelismo con la Ley de Medios al buscar recursos para ganar tiempo y no cumplir…
–Absolutamente. Hay un paralelismo con la Ley de Medios incluso en términos de tiempo. ya que la empresa incumple desde 2011 y sigue buscando distintos elementos que le permitan no cumplir con la ley ni con los mandatos judiciales. En este caso, ya ahora tienen que cumplir. Es la primera vez que le dicen: "Señores, cumplan, porque si no interviene la justicia penal", pero además mientras tanto va a tener que cumplir igual. Después veremos cómo termina cuando se trate la cuestión de fondo.

–La cuestión de fondo es el reajuste de tarifas y la devolución. ¿Cómo debería hacerse la devolución del dinero cobrado de más a los usuarios?
–Lo tiene que resolver la justicia. Será en forma retroactiva y se verá si es en cuotas. Habrá que hacer un registro de todas las personas que están en la misma situación, es un tema bastante complejo. Lo importante es el reconocimiento del derecho a la gente.

–¿Qué puede esperar el usuario?
–Hay que esperar un poco más pero es la primera vez que la empresa está acorralada en el sentido del cumplimiento. El juez dice: "dejen de plantear recursos, cumplan, y después hablamos". Y si no vamos a dar intervención a la justicia penal.

–¿Hay otras empresas que presten un servicio público sin respetar la autoridad de aplicación?
–No. El único caso de desobediencia concreta es este. Puede haber otro tipo de reclamos en cuanto a si la prestación es buena o mala, como pasa con el agua, la luz. Tenemos muchos casos de esos. Tiene que ver con la discusión de la tarifa… pero hay discusión, acá no. En el inicio del conflicto desde enero de 2011, la Secretaría de Comercio le pidió que muestre las pautas para fijar los precios, que muestre sus costos, y no lo hizo. En enero de este año, la empresa dice: "como me aumentaron los costos, vuelvo a aumentar". ¿Cómo es esa relación? Una relación de poder absoluta, de sumisión. ¿Qué puede decir el usuario? La dilación, que tiene un parangón claro con la Ley de Medios, le permite a la empresa seguir cobrando en función de la diferencia de poder. Es absurdo que exista en el Estado moderno una empresa que presta un servicio de esta magnitud, con la importancia que tiene en la formación de las personas e información considerada como un derecho, a la que nadie pueda decirle cómo regular sus precios.  «

Intiman a Cablevisión para que ajuste su tarifa en un plazo de tres días

El juez federal de La Plata, Adolfo Gabino Ziulu, intimó a la empresa a que acredite si se encuentra cumpliendo con una medida cautelar anterior por la cual se le ordenó ajustar su tarifa por abono a la suma autorizada por la Secretaría de Comercio Interior.

Mediante la intimación, el juez ordenó a la empresa a que “acredite” si ajustó el valor de su abono domiciliario de 205 pesos a los 130 autorizados por la Secretaría de Comercio, algo que, según denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, no ocurrió.

El 1 de febrero, el juzgado federal número 2, encabezado por Ziulu, había ordenado cumplir fallos de diciembre pasado y ajustar su tarifa, “bajo apercibimiento de dar intervención a la Justicia Penal” si eso no ocurría.

Con ese criterio, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Boniccato, aseguró a Télam que “si la empresa no ajusta su tarifa, pediremos que pase el caso a la justicia penal. Debemos proteger a los consumidores”.

La disputa judicial comenzó el 27 de noviembre del año pasado cuando, en base a un pedido de un conjunto de legisladores y tras acumular miles de quejas, el Defensor del Pueblo de la Provincia interpuso una medida cautelar contra Cablevisión Sociedad Anónima por incumplimiento de las resoluciones de la Secretaría de Comercio, que fijaba el tope para las tarifas del servicio de televisión por cable.

Esa Secretaría había establecido que el monto máximo a cobrar por el servicio de televisión por cable era de 109 pesos para los meses de enero a abril de 2011 y, mediante posteriores resoluciones se prorrogó hasta diciembre de 2012 con el monto actualizado a 123 pesos.

El 14 de diciembre el juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar, lo que implicó que Cablevisión no podía emitir facturas que superaran los montos preestablecidos, pero eso no ocurrió.

La empresa cuyo dueño mayoritario es el Grupo Clarín intentó frenar la medida judicial por medio de diversas presentaciones, pero en las distintas instancias judiciales la respuesta fue la misma: se indicó que la empresa debe adecuar sus tarifas, sin prejuicio de la instancia en la que se encuentre la contienda judicial.

Fue con ese criterio que el juez federal de La Plata intimó a la empresa a “acreditar” su cumplimiento de la medida cautelar interpuesta por la Defensoría del Pueblo bonaerense.

En el mismo sentido, el defensor del Pueblo, Boniccato, insistió que con que si la empresa no se adecua, llevará el caso a la justicia penal “porque se está prestando un servicio público de manera impropia”.  


Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201302/7179-intiman-a-cablevision-para-que-ajuste-su-tarifa-en-un-plazo-de-tres-dias.html

Argentina: Cablevisión continúa con el cableado “ilegal” en la capital pampeana

La comuna que encabeza Luis Larrañaga explicó ante medios locales que no cuentan con la autorización judicial para "descolgar" el cableado ilegal que instaló la empresa del Grupo Clarín en Santa Rosa (La Pampa). Desde el área de Asuntos Jurídicos, el municipio argumentó la postura diciendo que la cuestión judicial de fondo no está resuelta y esperan una decisión al respecto ente año.

La posición del municipio santarroseño estaría entonces entrando en contradicción con la resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa que afirma que la comuna "está habilitada a bajar el cableado porque la cautelar”, que presentó Cablevisión para evitar la desconexión,  “fue rechazada por nosotros y por la Corte Suprema. Falta definir la cuestión de fondo", dijo el juez Tomás Esteban Mustapich.

Desde la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa (CPE), explican que legalmente “la Municipalidad está habilitada para bajar el cableado” y que Cablevisión “no tiene licencia” para dar televisión, afirma el asesor letrado de la CPE, Rodrigo Basiglio.

Si bien la cooperativa no interviene en la demanda que involucra actualmente a la Municipalidad de Santa Rosa y a la empresa del Grupo Clarín, Basiglio recordó que “Fuimos los que denunciamos esta situación que viene desde el 2009. A partir de la denuncia paramos el despliegue de la red que estaban haciendo”.

El tema de fondo que se encuentra sin resolución remite a un expediente de la Sala A del STJ  donde Cablevisión  solicitó la nulidad de la disposición comunal 1695/09 (de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos) para evitar las desconexiones de la red de fibra óptica.

Según explicó Basiglio a COLSECOR noticias, hay varios puntos que responden a decisiones políticas. El primero fue el cambio de gobierno local, ya que la resolución de obligar a bajar el tendido de fibra óptica de Cablevisión mediante ordenanza fue del anterior intendente Torraba. “Con la nueva gestión municipal  de Luis Larrañaga se planteó la cuestión si el municipio podría tener un juicio por esto”. Pero “no es cierto que no estén habilitados para descolgar los cables”.
Además, remarcó Basiglio, la “Afsca le notificó al municipio que Cablevisión no tiene licencia. No está registrada para dar cable en Santa Rosa”.

Perjuicio a los usuarios

La suspensión de la medida que obliga a desconectar la red de fibra de Cablevisión también estaría motivada por el perjuicio que podrían sufrir los usuarios del servicio de televisión. La empresa del Grupo Clarín, en medio de la disputa judicial con el municipio, bajó la vieja red de cable que había comprado a la empresa Difusora S.A. y que había comenzado a remplazar por la fibra en unas 40 manzanas del centro de Santa Rosa.

 Al quedar sólo la red digital, explica Basiglio, es probable que muchos usuarios se queden sin ver televisión pero el STJ explica en la resolución que Cablevisión “tiene que asumir la responsabilidad de haber bajado un cableado sin autorización y que si ahora la Municipalidad les baja la única red existente (fibra óptica) tiene que hacerse cargo ante los usuarios de dejarlos sin servicio”.

Otras voces toman vigencia

El lanzamiento del informativo diario de la CPEtv ha quebrado la hegemonía en la agenda de noticias que tenía LU 89 TV Canal 3,  el canal estatal pampeano.

El canal de televisión de la CPE,  que desde hace unos meses emite el  noticiero que conducen Gastón Borasio y Marcela López García, ha contribuido  a una mayor pluralidad de voces  al momento de abordar temas de actualidad. La información surge de un seguimiento realizado por el diario La Arena.

Desde fines del 2011, la Cooperativa Popular de Santa Rosa fue autorizada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) para prestar servicio de televisión, siendo la primera cooperativa de servicios públicos en obtener este permiso en el marco de la sancionada Ley 26.522.

Junto con el cable, la CPE tiene la obligación de poner en marcha de un canal propio cumpliendo porcentajes de participación local en la producción y generando una alternativa a los medios televisivos existentes. 


Fuente: http://colsecornoticias.com.ar/index.php/16-destacado/5037-cablevision-continua-con-el-cableado-ilegal-en-la-capital-pampeana

Clarín sigue operando licencias de 189 empresas que no están a su nombre

(Por Gabriel A. Morini). El multimedios admitió esta irregularidad en sus actas, donde también dejó en claro que incluso podía perder las licencias vinculadas. En 2009, el ex COMFER le había rechazado su pretensión de simular una desinversión. El Grupo Clarín intentó transferir bajo su órbita a finales de 2008 unas 189 compañías con sus correspondientes licencias de comunicación audiovisual, con el objetivo de "cesar en la superposición de licencias" fruto de "sucesivas fusiones" que tienen como cabeza  la nave insignia del multimedios: Cablevisión SA.

La autorización solicitada al ex COMFER quedó radicada en el expediente Nº 2005/08, pero le fue denegada el 3 de septiembre del año siguiente a través de la Resolución Nº 577, que lleva la firma del entonces interventor del órgano, Gabriel Mariotto.

Esta es la base al argumento del gobierno nacional para señalar ante la justicia la "falta de legitimación activa" del holding para demandar la inconstitucionalidad de la Ley de Medios, algo que fue convalidado por el fiscal de la causa, Fernando Uriarte. 

Para la actual Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el Grupo no figura como titular de las licencias que hoy explota a través de sus empresas, sino que la autorización para transmitir –más allá de la legalidad de los actos de venta de acciones de las firmas– sigue a nombre de los originales prestatarios.

La respuesta dada en su momento por el ex COMFER fue mucho más allá del rechazo a la pretensión de Clarín de normalizar la titularidad de las licencias, sino que le exigió que presentara un plan de desinversión del excedente un mes antes de que se promulgara la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se le dio la opción de presentar en 30 días una nómina de licencias con las que continuaría para evitar la multiplicidad, y se dispuso que, en tanto, mantuviera la prestación del servicio. Ya en 2009, el Grupo fue advirtió sobre su incumplimiento a la antigua Ley de Radiodifusión y se le ordenó "abstenerse de alterar la situación de prestación de los servicios y/o el destino de los bienes afectados en todos los servicios cuyas licencias fuesen materia de la fusión por absorción cuya autorización ha sido denegada.

OPERACIONES. En lo concreto, el multimedios presentó la documentación en 2008, para que la entonces autoridad de aplicación le diera luz verde sobre la "fusión por absorción" de Multicanal SA, Delta Cable SA, Holding Teledigital Cale SA, Teledigital Cable SA, Pampa TV SA, Construred SA, Cablepost SA y Televisora del Plata SA, con el objetivo de disolverlas sin liquidarlas. Quien quedaría a cargo de la operatoria de las mismas iba a ser Cablevisión, que solicitaba la "transferencia a su favor" de las licencias y servicios complementarios, así como de la extensión de los mismos derechos como "continuadora". Pero allí también aclaró que buscaba que fueran validadas todas las operaciones societarias vinculadas a esas empresas, previas a esas fusiones, con sus respectivas licencias. 

El Grupo, a través de Cablevisión, realizó cuatro operaciones de compra en las que se quedó con 93 firmas. En la primera de ellas, absorbió 58 empresas con efectos al 1 de abril de 1998, incluidas varias cableoperadoras en el interior de la provincia de Buenos Aires. La segunda fusión consta en el expediente Nº 1863 y también data de julio de 1998. En ella, Cablevisión se quedó con 12 pymes. Después, bajo el expediente Nº 193 de 2002, el multimedios propuso la "escisión-fusión" entre Cablevisión, Multicanal y Video Cable Comunicación SA (VCC), además de otras diez firmas con sus licencias. La cuarta operación detalla la absorción de Cablevisión Federal SA y señala que la compra es "con efecto retroactivo" al 1º de enero de 2007, junto otras once empresas que dependían de ella.

Pero también Multicanal SA registró seis adquisiciones previas por un total de 65 firmas, entre 1996 y 2008, muchas de ellas con varios años de retroactividad. La primera fue por la compra de tres compañías; la segunda por 17, ya en 1998; la tercera, por 15, en el 2001, pero –aclararon– con efectos a partir de julio de 1996; la cuarta y la quinta fusionaron 20 y cinco respectivamente, el mismo año; y la sexta fue por otras cinco empresas más pequeñas. Esto también incluyó un formato de transferencia a través de "convenios de canje" de acciones. Sin embargo, Multicanal le había solicitado también al ex COMFER que traspasara ad referéndum –es decir, a condición de ser aprobado por este órgano– los derechos sobre otros 20 licenciatarios que habían quedado bajo la órbita de Video Cable Comunicación SA. A su vez, en sendas operaciones en 2006, Teledigital Cable SA le aportó al holding unas 23 firmas más, que pasaron a engrosar la lista de adquisiciones por las que nunca obtuvo autorización.

En esta maraña de compras, fusiones y disoluciones societarias que fue construyendo el Grupo Clarín, se destaca una operación por la que Multicanal le transfirió, el 26 de septiembre de 2006, el 98,54% de su paquete accionario. Así, los dos principales conglomerados de TV por cable quedaban unificados.

DESISTIMIENTO. Si bien Clarín reconoció ante el ex COMFER su situación irregular, el organismo le respondió que el "desistimiento" –tal fue la fórmula que propuso el multimedios para normalizar su caso– implicaba una decisión formal de las sociedades, acto que nunca se cumplimentó. Y subrayó que "las licencias fueron otorgadas a los licenciatarios originales bajo los términos y condiciones de Los Pliegos y Condiciones" aprobados por el COMFER, de acuerdo al estado y situación patrimonial, y en base a que se acreditase la infraestructura y el equipamiento necesarios. Pero la autoridad de aplicación también enfatizó un punto clave: "El desistimiento de licencias a los fines de evitar la infracción a lo dispuesto por la Ley de Radiodifusión en relación a su multiplicidad efectuado por los apoderados de Cablevisión SA, resulta en un desistimiento 'nominal' de la licencia, atento a que retienen en poder de la empresa absorbente la infraestructura, las redes, y otros elementos", por lo que no podían considerarse válidos. En otras palabras, la propuesta del grupo era dar de baja las licencias superpuestas pero quedarse con su equipamiento e infraestructura para transmitir, y en algunos casos, con la autorización para prestar servicios complementarios, a título de "ampliación" de derechos sobre las firmas compradas. Esto fue considerado como "legalmente inviable". Y la maniobra estaba penada con la caducidad de la licencia, ya que podía considerársela una "forma de simulación o fraude". «

Ex COMFER

Resolución 577

El 3 de septiembre de 2009, el entonces interventor Mariotto negó el pedido de Clarín.

 El propio grupo ratificó la situación

En un acta del directorio de Cablevisión de 29 de octubre de 2008, la firma detalló las motivaciones para la fusión de sus ocho principales subsidiarias en aspectos de eficiencia y de costos operativos. Pero allí también plasmó que esta operación debía ser aprobada por los órganos de administración de las empresas y "ratificado por las respectivas asambleas extraordinarias de accionistas", algo que, según la documentación que obra en la AFSCA, jamás se completó.

Todo este proceso nunca quedó aprobado, por lo que las licencias se mantuvieron en cabeza de los originales poseedores. En la mencionada resolución del ex COMFER, el organismo apuntó que "las licenciatarias se encontrarían en infracción de lo dispuesto por el artículo 43, inciso b) de la Ley 22.285" de la dictadura, que limitaba en 24 las licencias en una misma zona geográfica y en un mismo titular, hecho que Clarín sólo atribuyó al crecimiento exponencial de las compras que realizó.

Pero ya en 1999, en el Prospecto de Oferta Pública de Acciones Ordinarias Clase B, el Grupo dio cuenta de la situación irregular de sus licencias, por lo que le podían ser revocadas. "Si así fuera, no podemos garantizar que podremos retener las mejores licencias", indicó el documento. En octubre de 2005, volvió a hacer la misma advertencia, aunque el entonces interventor del COMFER, Julio Bárbaro, jamás accionó su potestad para cancelarlas.

En el reciente dictamen del fiscal Fernando Uriarte –que no fue apoyado en este punto por el juez Horacio Alfonso, quien determinó la constitucionalidad de la Ley de Medios– retomó este punto. Así, Uriarte apuntó que "no reunían todas las condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en el anterior régimen legal en materia de radiodifusión para ser titulares de los derechos que dicen les fueron conculcados por la nueva ley, por cuanto se encontraban infringiendo el régimen de multiplicidad de licencias establecido por la Ley 22.285".

Fruto de esta situación, el fiscal había dicho que tanto Cablevisión, como Multicanal y Teledigital Cable, están impedidas de "alegar –válidamente– en su favor una situación jurídica definitivamente consolidada, en relación a las licencias de las que eran titulares".

Fuente: tiempo.infonews.com

Clarín quiere reemplazar la ley de medios por la ley de miedos

Los ribetes judiciales de la causa del Grupo Clarín – previsibles todos ellos- aunque nos pese, están atravesando circunstancias históricas que tienen como correlato empezar a delinear en el imaginario colectivo y en las leyes, las profundizaciones acerca de que es la justicia y los mecanismos y posibilidades de democratización de ese poder real.

Es imperante dar cuenta de dos elementos claves para entender razones e ilusiones en un lado – el de la mayoría de las voluntades de nuestro pueblo-, y por el otro, los enojos, iras y fracaso de una pequeña minoría – pero no menos poderosa históricamente-, y en esto a las pruebas por ahora hay que remitirse.

En primer lugar, si bien estos episodios judiciales por ahora sostienen las tarjetas a favor de Clarín, tienen un correlato positivo del cual sus logros se verán mucho más adelante. Estoy hablando literalmente que por primera vez en la historia, Clarín se vio obligado a salir de sus característico oscurantismo y de “invisibilidad”, para jugarse todas las cartas en esta batalla, pero como sujeto político declarado. Es decir le guste o no, la sociedad toda sabe quién es Clarín (aunque esto no sea igual que pensar que las grandes mayorías dejen de consumir Clarín), acompañado de otro dato no menor que es un simil de lo que pasa en la justicia, es decir está claro que la división de poderes y respeto hacen a una verdadera república, pero también está comenzando a quedar claro el rol político de los jueces, sus subjetividades y presiones endo y exógenas a la hora de decidir e impartir justicia que muchas veces no es lo mismo que justo.

En fin elementos revolucionarios para nuestra Argentina como hacer visible y desentrañar todo lo relacionado al rol de los medios masivos de comunicación y al rol del poder judicial, con la particularidad histórica de que esto en mayor o menos medida es agenda de los temas familiares y en casa. Ahora si “de esto se puede hablar”.

En segundo lugar, y a mi entender uno de los aspectos más relevantes de la ley de medios, es la posibilidad más allá de dotar de otras voces al espectro comunicacional y cultural de la Argentina, es cambiar las condiciones materiales de existencia, es ir por los aspectos patrimoniales, es sumar nuevos medios y dueños de producción, esto es también distribuir la riqueza.

Ahora bien… ¿Qué es lo que está en juego económicamente hablando?¿Por qué Clarín está tan nervioso?. 

Son 3,5 millones de hogares cautivos de Cablevisión y 1.432.286 hogares cautivos de Fibertel; y esto es explicable solo por las condiciones y modalidades monopólicas estructurales dentro de las redes en todo el país. Cablevisión es propietaria del 97% del tramado de las redes cableadas que trasmiten videocable e Internet, conformada por las de fibra óptica troncal y las coaxiales de última milla, en las provincias argentinas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Salta. Aquí están incluidas las redes que utilizan los otros operadores minoritarios de TV e internet. Sumado a sus más de 240 señales de cable operadores que se convierten en verdaderos voceros del mensaje hegemónico.

Esto conlleva a que estos operadores no tienen cableado propio en la mayoría de las localidades y en consecuencia tiene que pagar peaje al monopolio, con precios y condicionamientos innegociables. Es decir la propiedad y el control sobre la estructura de la red cableada le permiten al Grupo Clarín un dominio casi absoluto de contenidos, servicios y precios de TV e internet. Entonces deciden a sus ganas a que operadores les dejan alquilar sus cables para prestar servicios o a quienes les permiten conectarse a sus nodos para recibir las señales que transportan.

Otro dato cuando excepcionalmente otra empresa consiguió autorización para realizar el posteado y el cableado propios en alguna localidad, el monopolio recurrió al dumping, y de esto nuestras cooperativas lo saben y lo han padecido. Aunque fiel a su quehacer y acto cooperativo han sabido pelearlo y mostrar alternativas superadoras a esta realidad. También cabe mencionar que jueces honestos en primera y segunda instancia han ordenado a Cablevisión modificar sus procedimientos.

Resultado, advierten que con la ley de medios perderían entre 1500 y 3300 millones de peso. Por eso la batalla en primera instancia es por estos recursos, justamente para alguien que considera a la comunicación, la noticia y el entretenimiento como una mercancía para obtener ganancias y lucro; y no como un servicio público. 

Primero patrones del papel prensa con la complicidad de gobiernos de factos y democráticos, y del cable para televisión ahora. Dueños de casi todos los medios de producción y de los mensajes; y en esto a Clarín y Magnetto también se les van la vida. 

Todo este proceso está en disputa en la Argentina, no es una guerra del gobierno contra Clarín, es la defensa por un Estado de derecho perfectible pero pleno al fin, es cambiar el paradigma de la comunicación en Argentina. Por esto, astucia y trabajo en el Congreso, en la Justicia, en el sector privado sin fines de lucro, y sobre todo en las calles. La mayorías populares, en apoyo al gobierno, pero pensando en la trascendencia de la ley como un derecho de Estado de por vida – es decir consolidarlo para que a ninguna fórmula se le ocurra derogarla- lucharemos por el cumplimiento pleno de la Ley de Medios de la democracia que cumplió sus apenas 29 años, no solo para ganar la batalla material y cultural de la comunicación, sino para dar un paso adelante en nuestro país y mostrar el camino a los países de nuestra América, y defender as{i este nuevo paradigma ya no solo como argentinos sino como hermanos del continente.

Por Fabián Silveira

#7D: Un gran día para la libertad de expresión

Desde una España asfixiada por el modelo neoliberal, el periodista ib´rico Pascual Serrano analiza el impacto de la ley de medios en Argentina. 

Este 7 de diciembre vence en Argentina el recurso judicial interpuesto por el grupo de comunicación Clarín para impedir que entre en vigencia la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley que fue aprobada el año 2009 con el objetivo de acabar con la concentración empresarial de medios que mantiene la información en manos de unos pocos impidiendo una adecuada pluralidad y democratización de la comunicación en Argentina. Este día es la fecha límite para que 21 grupos de medios de comunicación presenten su plan de desinversiones para adecuarse a la ley, algo a lo que se ha estado negando el grupo Clarín, que se ha convertido en el principal agente de oposición al gobierno de Cristina Fernández. 

La fecha fue fijada por la Corte Suprema de Argentina, que determinó que ese día vence la medida cautelar que en la justicia de primera instancia había suspendido durante tres años la vigencia de un artículo de la ley de medios, la referida a la obligación de desinvertir para aquellas empresas excedidas en cantidad de radios, canales u operadoras de televisión satelital o por cable, un servicio que en este país se encuentra muy extendido. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue aprobada en Argentina el 10 de Octubre de 2009, sustituye la anterior normativa instaurada por la última dictadura cívico-militar. Esta nueva legislación, prevé que una persona o empresa puede poseer 24 sistemas de televisión por cable, 10 licencias de radiodifusión -sean de radio FM, AM o de televisión abierta- y una señal de contenidos (canal de cable). El grupo Clarín ostenta, según la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), 250 licencias. Ahora el Gobierno argentino adoptará las medidas necesarias para subastar las licencias que incumplan con la norma.

A Clarín le corresponde desprenderse de entre 150 y 200 medios, lo que da una idea del nivel de acaparamiento del grupo. Una de sus empresas, Cablevisión, acumula el 58% del servicio por cable del país, cuando la ley de 2009 establece que nadie podrá tener más del 35% de cualquier negocio audiovisual a nivel nacional. Cablevisión suma 257 licencias para operar en diversas ciudades y pueblos, mientras la norma solo permite contar con un máximo de 24. Ningún grupo puede disponer de más 10 licencias de uso del espacio radioeléctrico, pero Clarín cuenta con 25, incluidos cinco de televisión abierta, como El Trece, y 11 de radio, como Mitre, que operan en ciudades que suman más del 35% de la población argentina, por lo que también en este sentido estaría excediendo el límite establecido por la ley.

La norma establece también que en una misma ciudad no se puede contar al mismo tiempo con una operadora de televisión por suscripción y con emisoras de TV abierta. Clarín viola esta regla en Buenos Aires, Córdoba y Bahía Blanca. Tampoco una empresa de televisión por suscripción puede contar con más de un canal de TV cerrada. El conglomerado dueño del principal periódico argentino,Clarín, y de otros cinco diarios más tiene nueve canales de televisión por cable. El grupo, que además ha invertido en Paraguay y Uruguay, incumple otra norma por exceso de licencias audiovisuales en 37 municipios, incluidos Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata y Mar del Plata.

Poder poner en práctica la ley aprobada por los poderes elegidos por los ciudadanos, aunque sea con varios años de retraso, es una victoria de la democracia argentina, y así lo han entendido los medios comunitarios y alternativos latinoamericanos que han convertido el 7 de diciembre de 2012 en una jornada global de apoyo a la puesta en vigencia de esta importante legislación que supone un paso importante para la democratización definitiva de los medios de comunicación en Argentina. “El 7 de diciembre representa una fecha clave para quienes entienden que la comunicación es un derecho inclaudicable de los pueblos y, por eso, es necesario que exista una pluralidad de voces y discursos en los medios que difunden las noticias que interesan a los sectores sociales, porque afectan a los mismos o porque ellos son los propios protagonistas de esas historias. Para que se garantice este derecho y esta necesidad, es fundamental diversificar la propiedad de los medios de comunicación, porque la concentración de ellos en pocas manos no permite visibilizar la multiplicidad de realidades que existen en el mundo”, han afirmado en un comunicado [1] .

El acaparamiento de los medios de comunicación por parte de una pequeña cantidad de emporios económicos se ha convertido en una de las principales herramientas del neoliberalismo para el control ideológico de las sociedades. A este problema se añade la impunidad para manipular y el ocultamiento de sus accionistas con todos sus intereses económicos y políticos. Todo ello se cuidan mucho de presentarlo a través de sus cárteles empresariales -como la SIP- como una defensa de la libertad de expresión, convirtiendo este principio democrático en una coartada para su dominio y el atropello del derecho ciudadano a informar y estar informado. “Cuando la defensa de sus intereses económicos entra en contradicción con el interés general, los medios de comunicación son cualquier cosa menos modelos de virtud democrática”, resumen los investigadores Elisabeth Fox y Silvio Waisbord [2] .

Por ello es necesario que surjan gobiernos valientes y dignos que pongan coto a ese atropello. Argentina lo está haciendo, y no está sola. La necesaria reacción en defensa de la democracia mediática por parte de los gobiernos soberanos latinoamericanos requiere actuar en tres frentes. Primero, erradicar la impunidad para la mentira, la manipulación y la desinformación dominante; segundo, terminar con los latifundios mediáticos que dejan fuera de la oferta informativa a la gran mayoría de la sociedad; y tercero, garantizar el acceso de la ciudadanía a los medios de comunicación mediante el desarrollo de una oferta pública y comunitaria participativa y democrática.

En el primer frente se encuadra el decreto de aplicación de la ley de Responsabilidad Social de Radio y Comunicación (extendida a internet, en diciembre de 2010) que firmaba Chávez el 8 de diciembre de 2004. En él se regulaban algunos contenidos, además de fijar cupos mínimos de programas nacionales, el texto procuraba que Venezuela se ajustara a la Convención Americana sobre Derechos Humanos: controla la programación de imágenes de carácter sexual o violento (prohibidas entre las 7 y las 23 horas) y prohíbe la publicidad de alcohol y tabaco. Pero el dispositivo va más lejos. En el capítulo 7, artículo 28, penaliza los mensajes que “promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia”, aquellos que “fomenten zozobra en la ciudadanía”, así como... la información “falsa”. En noviembre de 2010, La Paz adoptaba un texto de ley similar, la Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, mientras que la Constitución ecuatoriana de 2008 condena la información errónea susceptible de generar “conmoción social”.

También la Ley de Radiodifusión y Televisión de Ecuador establece el deber de la promoción de valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas existentes en el país, así como el compromiso con la verdad y la responsabilidad social.

Argentina optó por el segundo frente, actuar contra los latifundios mediáticos, mediante la citada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que por fin será una realidad. Pero también desarrolla el tercero a favor del acceso a la ciudadanía al distribuir el espectro radioeléctrico en tres tercios: uno para el sector comercial, otro para el Estado y un tercero para el sector sin fines de lucro. De ahí que mientras los grandes grupos de comunicación mundiales se escandalizaban, el relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, vio “un paso importante en la lucha contra la concentración de los medios de comunicación” y calificó la ley argentina como una de las más avanzadas de América y un "modelo para el continente y para otras regiones del mundo" en materia de libertad de expresión [3]. De hecho ha inspirado a Ecuador y Uruguay. Argentina también ha puesto en marcha leyes que impiden la explotación cuasimonopolística del papel decretándolo de interés público.

No basta con actuar sobre la concentración, es necesario, como han entendido algunos gobiernos, asegurar que el gran capital no logre adueñarse de nuevo de ese bien público que es la información. Por ello, gobiernos como el de Ecuador primero y el de Venezuela después establecieron por ley que ni las entidades bancarias y financieras ni sus accionistas mayoritarios ni representantes podían tener participación accionarial en los medios de comunicación. En el caso de Argentina tampoco los políticos para evitar su utilización partidaria y en Ecuador tampoco los empleados públicos y miembros de consejos y directorios de órganos de reglamentación o concesión de licencias.

El tercer frente, desarrollar medios públicos y comunitarios, se ha materializado en Venezuela con la creación de una televisión fundamentalmente cultural como Teves y en Argentina con el canal también cultural Encuentro y otros infantiles y deportivos. También se han fundado diarios públicos en Ecuador, Bolivia y Venezuela. El proyecto multinacional de Telesur es otra iniciativa ambiciosa de desarrollar una televisión informativa con el apoyo de varios estados latinoamericanos que no se resignan a que la agenda informativa internacional esté en manos de televisoras como la estadounidense CNN. Existe otra batería de legislaciones destinadas a proteger y desarrollar la producción cultural independiente y nacional frente al dominio de las distribuidoras extranjeras, en especial estadounidenses. Se ha hecho en Argentina o en Venezuela con la Ley de Cinematografía Nacional que establece un mínimo de producciones nacionales que se deben exhibir en el país, medida que también se ha establecido en Brasil. Los países latinoamericanos han iniciado programas de integración regional sin fines de lucro que suponen intercambios informativos y audiovisuales entre agencias de noticias y canales de televisión estatales; coproducción, codistribución y reserva de mercado para películas, documentales y series televisivas. Brasil, Argentina y Venezuela han creado un fondo internacional de coproducción [4].

Los medios alternativos y comunitarios han logrado reconocimiento legal en Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Chile. Una de las normas más audaces es reservar un tercio del espacio radioeléctrico para licencias a radios y televisiones sin ánimo de lucro, como ya hemos señalado que sucede en Argentina y también en Uruguay.

Por supuesto, queda mucho por andar para lograr que la democracia se instale en el sistema mediático. En Brasil, los dueños de medios de comunicación ocupan uno de cada diez escaños en la Asamblea y uno de cada tres en el Senado, el grupo Globo poseía en 2006 “el 61,5% de los canales de televisión” y “el 40,7% de la difusión total de los diarios” [5]. Con más de ciento veinte canales en el mundo, la red televisiva del magnate Roberto Marinho (cuyo fallecimiento “Lula” conmemoró decretando tres días de duelo nacional, en 2003) llega a más de ciento veinte millones de personas al día.

Mientras tanto en España bancos, grandes editoriales, empresas de telefonía, Berlusconi, familias franquistas y multinacionales italianas se reparten la propiedad de los medios. Las licencias de televisión digital se han distribuido a los pocos grupos que ya contaban con una licencia analógica, las radios y televisiones sin ánimo de lucro tienen prohibido facturar más de cincuenta y cien mil euros por año, es decir, deben ser marginales por ley. Una anécdota que muestra el poder sobre los gobiernos que tienen los medios de comunicación: ningún gobierno se ha atrevido a impedir los anuncios de prostitución en la prensa escrita. 

Notas

[1] “7D en Argentina: Un paso más hacia la democratización de la comunicación”. Alai, 4-12-2012

[2] Elizabeth Fox y Silvio Waisbord (bajo la dirección de), Latin Politics, Global Media, University of Texas Press, Austin, 2002.

[3] Efe, 15-10-2012

[4] De Moraes, Dênis. La cruzada de los medios en América Latina . Paidós. Buenos Aires. 2011

[5] Lambert, Renaud. “En Latinoamérica, los Gobiernos se enfrentan a los dueños de los medios de comunicación”. Le Monde Diplomatique. Diciembre 2012.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=160402&titular=un-gran-d%EDa-para-la-libertad-de-expresi%F3n-