El #7D debería haber sido hace tres años

Algún día Clarín deberá rendir cuentas por demorar la ley de mayor impacto cultural de los años que fuimos felices. Sorteando  infinidad de chicanas judiciales y operaciones políticas, los argentinos arribamos al 7D. Sin jactancias, asistimos a un cambio de época. Un parto colectivo, un alumbramiento histórico, que aún está pujando para nacer. Ya lo dijo la Corte Suprema dos veces en el mismo año: el 7 de diciembre es ahora y no dentro de 30 días y 500 noches. Clarín no quisiera que fuera nunca.

De ahí que nadie llamaría loco a quien temiera que antes de las 12 de la noche del viernes 7 de diciembre el diablo judicial pudiera meter la cola y convalidar un gol de Magnetto con la mano, en innegable posición adelantada. El poder económico siempre obliga a dormir con los ojos abiertos.

En ese caso, la fiesta popular que se vivirá en las calles el próximo domingo adquiriría un nuevo significado. Ya no sería sólo una multitud festejando el triunfo de la ley por sobre los prepotentes económicos, sino una nueva muestra de fortaleza de quienes quieren democratizar los medios y condensar definitivamente en el marco normativo de la democracia una ley antimonopólica, profundamente plural, con un amplio sentido republicano, nacida –vaya paradoja– tras un traspié electoral. Si algo aprendió este pueblo es a resistir. De ahí su sabiduría: no darse jamás por vencido, ni siquiera ante el peor de los vaticinios. Como dijo Cristina a Rafael Correa, que sufrió un intento de derrocamiento y magnicidio con complicidad mediática, "si damos un paso atrás, es para tomar envión".

 ¿No se expondrían a un juicio político los jueces que desobedecieran flagrantemente el fallo de la Corte de hace diez días, que puso un término perentorio a los amparos ad infinitum? Si así ocurriera, ¿no se trataría de una evidente insubordinación judicial?

 El 7D debiera haber sido en octubre de 2009, pero la infinita bondad de una justicia demasiado contemplativa cuando de corporaciones económicas se trata extendió el privilegio de no cumplir la ley que un justiciable considera desventajosa, hasta hoy. Quien piqueteó durante tres años los tribunales y siempre buscó ganar tiempo, invierte la carga de la prueba y acusa al gobierno de querer dilatar la causa. Recurrió para sus "piquetes" judiciales a recursos más sutiles y mejor vistos que prender fuego una goma de camión, pero en el fondo parecidos. Con una diferencia insalvable: quienes cortaban rutas durante los años noventa lo hacían para pedir trabajo, para reclamar su derecho a la existencia social, a ser parte de una clase –la trabajadora– a la que el capitalismo en su versión más atroz había condenado a la extinción. Apelaban a métodos extremos, porque más extremo había sido el sistema para con ellos. Estaban legitimados. A Clarín, todo lo contrario.

 Aunque fijado demasiado tarde, el límite establecido por el máximo tribunal frustra la estrategia judicial planteada por Magnetto. La queja de Clarín fue convertida por el Grupo en una puja política como no se recuerde otra desde el reinicio de la etapa constitucional. Sus múltiples posesiones, lo diversificado de sus utilidades materiales, y su capacidad para producir subjetividad y crear opinión favorable a sus necesidades, hicieron del megagrupo empresarial el gran enemigo político de la democracia, plataforma de la articulación de las diferentes variables de la derecha argentina y de los más rancios y concentrados intereses económicos.

 Con el recurso de amparo, que lo mantuvo al margen de la legalidad durante larguísimos tres años, Clarín intentó diferir a otro mandato constitucional la total aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en el momento más difícil del kirchnerismo, tras las elecciones del 28 de junio de 2009, cuando muchos especulaban con su abrupta salida del poder. En el alucinógeno escenario proyectado por Magnetto, Cristina perdía las elecciones presidenciales del año 2011, y el gobierno que lo sucedía volvía atrás con el texto de la ley, o al menos con uno de sus puntos cardinales: el artículo 161. Nada de esto ocurrió.

 Sin embargo, son los medios que todavía resisten su aplicación los que califican de "obsesión presidencial" a la decisión oficial de hacer cumplir la ley a todos por igual, sin distinciones. Los medios hegemónicos declararon una guerra santa contra el gobierno nacional por lo menos desde 2008, y sin embargo la "irracional", según sus relatores, viene a ser la presidenta. En su estrategia plantearon hasta la denuncia penal a los periodistas que no acuerdan con su posición, a quienes atribuyeron ante sede judicial un improbable "delito" de lesa opinión.

 Para negar hasta lo obvio, dicen que en el fondo lo que la Ley de Medios persigue es la creación de un monopolio comunicacional estatal. "El peor de todos los monopolios", ponen nota de concepto. Otra zoncera jauretchiana. No es cierto, pero si lo fuera aunque sea en parte, ¿de dónde sacaron que ese eventual monopolio del Estado es menos plural, más tirano, absolutamente impropio a la idea más primaria de democracia, que el de los medios privados? Por lo menos las autoridades políticas del Estado se renuevan periódicamente en elecciones libres. Al capital privado, concentrado en poquísimas manos, no lo elige nadie. Las políticas de las corporaciones económicas las deciden en absoluta soledad los accionistas de esos grupos, en sus reuniones de Directorio. Bajo las espesas coordenadas que rigen la sociedad capitalista, es el dinero el único que tiene garantizada su reelección indefinida.

Algún día Clarín deberá rendir cuentas por demorar la ley de mayor impacto cultural de los años que fuimos felices. No sé si ante la justicia; sí estoy seguro que ante la historia y la sociedad de este tiempo inexorable. "La máquina de impedir", le decía Néstor Kirchner. "En libertad ambulatoria", definió Cristina. Nuestra democracia, si bien en expansión, nunca conoció una acción corrosiva de semejantes persistencia y voracidad. Sólo cuando la Ley de Medios se aplique en todo su articulado, nuestro sistema de representación sortearía la verdadera prueba del ácido, condición sine qua non para profundizarlo. 

"¿Dónde estuviste el día que el pulpo más grande, antidemocrático y retardatario de la historia se igualó con el resto y debió cumplir la ley?", nos preguntarán nuestros hijos, hoy niños, dentro de algunos años, protagonizando el país infinitamente mejor que empieza el 7D. "En Plaza de Mayo", les responderemos orgullosos, felices, en la nueva época.