Ley de Medios en Uruguay: Colgados del aire

Mientras el Parlamento discute el proyecto de ley sobre medios de comunicación audiovisual presentado en mayo por el gobierno, parece que Uruguay carece por completo de normas que regulen el sector. En realidad, hay unas cuantas. Pero gran parte de las emisoras privadas se las arreglan desde hace décadas para pasearse todos los días y a toda hora, en mayor o menor medida, entre la llegada al borde y la franca transgresión de esas reglas.

 

Algunos ejemplos. El grueso de la oferta matutina televisiva en Montevideo se compone de programas de infotainment con metralletas de “chivos”. Por la tarde, enlatados argentinos y producciones nacionales que medran en las farándulas de ambas orillas del Plata reducen los valores humanos a “códigos” que premian con presencia en pantalla lo malo, tonto y vistoso, de modo que el monstruo se alimente de sus propios vómitos. Los informativos suelen identificar a menores infractores o sometidos a agresión sexual; enseñar a delinquir a los espectadores dispuestos a aprender; alimentar el dolor de las víctimas de delitos al reiterar escenas de sufrimiento y violencia, y faltarles el respeto a colectivos raciales, religiosos y de género. Todo eso en el horario de protección al menor, mientras a algunas de las mejores producciones nacionales se las entierra en horarios impotables.

 

Acá se violan leyes, decretos y reglamentos. La Ley de Seguridad del Estado que prologó en 1972 el golpe de Estado impuso multas y penas de prisión al responsable del medio de comunicación que identifique a víctimas y victimarios de delitos sexuales. El Decreto 734 de 1978 limita en Montevideo la publicidad a 15 minutos por hora en televisión y 18 en radio, con excepciones muy acotadas. El Código de la Niñez y la Adolescencia prohíbe identificar menores en conflicto con la ley penal.

 

Si no hubiera normas e imperara una absoluta libertad, cualquiera que cuente con el capital podría adquirir un transmisor con más de 50 kilowatts de potencia en la frecuencia de 850 kiloherzios AM, instalar la antena en la azotea de la casa y matar a Radio Carve. Pero la ley lo impide, en beneficio de quienes proclaman la mejor ley de medios como la que no existe.

 

Igual, muchos medios actúan como si tampoco rigiera la legislación penal y civil. Los canales 10 y 12 de Montevideo y varias radios arriendan espacios de madrugada, entre otros, a una tarotista, a un servicio de cortejo telefónico y a iglesias que, en medio de sermones machistas y homofóbicos, prometen salud, dinero y amor a cambio de dispensas en metálico. Estas acciones configuran o se acercan a delitos como estafa, incapacidad compulsiva e incitación al odio. Para colmo, la enorme mayoría de las ondas fueron adquiridas en pasamanos aceitados con lagunas legales, vínculos políticos y amiguismos, pues el Decreto 734 establece que esas licencias son personales y prohíbe hasta negociar cambios en su titularidad. Pero radios y canales de Uruguay se compran y venden como si fueran kioscos y no empresas de servicio social autorizadas por el Estado a usufructuar el espacio radioeléctrico público.

 

Al rechazar el proyecto, la Asociación de Broadcasters del Uruguay incurrió en contradicciones absurdas. Por un lado, evaluó ante los legisladores que “no existe necesidad de promover cambios sustanciales” en ese mismo régimen al que unos cuantos de sus socios violan. Por el otro, se olvidó de que había acordado el grueso de la iniciativa el año pasado en una comisión técnica asesora que integró con otras instituciones públicas y privadas.

 

La oposición no resistió la tentación de parangonar el proyecto con la ley que rige desde hace un año el sector audiovisual argentino. Pero, en realidad, el modelo es mucho más antiguo y consiste, a grandes rasgos, en impedir la concentración de la propiedad de los medios y garantizar la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad; someter las licencias a escrutinio periódico con participación ciudadana, “fortalecer la infraestructura nacional de telecomunicaciones”, defender la equidad en las campañas electorales y los derechos humanos, en especial los infantiles (aunque sea de 6.00 a 22.00); y alentar la producción nacional y local.

 

Si en lugar de integrarse con miembros propuestos sólo por el Poder Ejecutivo el Consejo de Comunicación Audiovisual del proyecto uruguayo funcionara en la órbita parlamentaria, como la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Comisionado para las cárceles, la iniciativa avanzaría un paso más hacia el modelo estadounidense gestionado desde 1934 por la Comisión Federal de Comunicaciones.

 

Al régimen de telecomunicaciones de Estados Unidos, bastante más estricto que el propuesto para Uruguay, se lo ha acusado de favorecer las posturas más conservadoras y los intereses de la industria, sobre todo desde que el gobierno de George W Bush (2001-2009) alentó la concentración de los medios y persiguió con ahínco los pezones que se asomaban por debajo de los corpiños. Y aun así es muchísimo mejor que el actual estado de la radio y la televisión uruguayas.

Fuente: http://ladiaria.com.uy/articulo/2013/8/colgados-del-aire/

En Uruguay, 7 de cada 10 ciudadanos apoya una nueva ley de medios

Según un trabajo realizado por el Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación de la Universidad de la República (Udelar), siete de cada diez uruguayos apoya la creación de una nueva regulación de medios audiovisuales, aunque sólo el 37% conocía la voluntad del Gobierno de legislar en el tema.

                                                          De  acuerdo a los datos aportados por el sondeo basado en una encuesta de opinión pública, la mitad de la población califica a la TV uruguaya  como buena; sin embargo,  el 72% opina que debería haber mayor diversidad de oferta. Más de la mitad de los uruguayos, el 54%, considera escasa la producción nacional en TV.

En momentos en que tanto el proyecto de ley de regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual y el llamado a la presentación de proyectos de Televisión Digital Abierta son puntos principal de la agenda política en Uruguay,  crece el interés de los ciudadanos por el debate en el terreno mediático: el 70% de los uruguayos considera necesaria la creación de una nueva regulación de los medios audiovisuales de comunicación. 

El 70% está de acuerdo con la prohibición a extranjeros de ser propietarios de medios audiovisuales de comunicación. Para el 63%, las unidades reguladores deberían ser independientes de todo poder, para el 14% deberían hacerlo del Poder Ejecutivo y para el 10% tendrían que estar en la órbita del Parlamento. 

Para el 64% de los uruguayos, la Televisión Digital Abierta es un asunto “políticamente importante”, aunque el 55% desconocía de qué se trataba técnicamente. El 67% pagaría por única vez para acceder a un decodificador, necesario para recibir este nuevo servicio que se prevé esté operativo en 2015. 

Según el informe, el 65% de la población tiene contratado un servicio de televisión para abonados. De los que no lo poseen, el 36% no tiene el servicio porque no le interesa, el 34% porque es caro y el 27% porque no puede pagarlo. 

En 2012 la principal fuente de información para el 56% de los uruguayos fue la televisión, la radio lo fue para el 20%, Internet 19%, y los diarios 4%.

Respecto al mercado televisivo actual, el 72% entiende que debería haber mayor diversidad,  el 12% afirma que debería mantenerse como está y el 10% señala que debería haber mayor concentración. Para el 54% el mercado tiene poca competencia, el 21% la juzga suficiente y el 17% afirma que está concentrado. 

Sobre la pluralidad de visiones: el 51% afirma que sólo se reflejan algunas, el 27% considera que no existe pluralidad y el 15% que todas las voces están representadas. 

La televisión pública: 47% calificó su calidad como buena, el 25% la consideró regular, el 9% mala, y el 7% muy buena.  Más de la mitad de los uruguayos, el 54%, considera escasa la producción nacional en TV. Para el 31% es suficiente, mientras que para el 8% es muy escasa. 

La presencia equitativa de los partidos políticos en los informativos y programas periodísticos es importante para el 49% de la población, muy importante para el 25%, poco importante para el 16% y nada importante para el 7%.

Fuente: www.espectador.com

Medios y Nuestra América: Mujica envió al Congreso el proyecto de Ley de Medios

El presidente uruguayo José Mujica envió ayer al Parlamento el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), una normativa con la que busca establecer nuevas reglas que permitan conformar un sistema comunicacional con competencia equilibrada, pluralista y de acceso universal. Mujica destacó que el proyecto, que consta de 13 capítulos y 183 artículos, "tiene vital importancia para el país".

Los SCA que serán regulados a partir de esta pieza legislativa son la radio, la televisión y otros prestados por medios de comunicación audiovisual. El proyecto los define  como "servicios de índole tanto económica como cultural y de carácter estratégico para el desarrollo nacional" y, por lo tanto, de especial interés público. Por ello, sostiene que "es deber del Estado asegurar el acceso universal" a los SCA para "contribuir así a la libertad de información, la inclusión social, la no discriminación, la promoción de la diversidad cultural, la educación y el esparcimiento".

Uno de los pilares de la ley es la definición sobre monopolios y oligopolios en los servicios de comunicación audiovisual, que "conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de las personas". Por ello, señala el proyecto, "es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar la formación de monopolios y oligopolios privados, así como establecer mecanismos para su control".

Para la aplicación de las medidas regulatorias, el proyecto prevé la creación de una autoridad de aplicación –el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA)– que tendrá como funciones las de "proponer, implementar, monitorear y fiscalizar el cumplimiento de las políticas" del sistema, y contempla la figura del ombudsman del sector.

La iniciativa propone el establecimiento de cuotas mínimas de producción local, disposiciones para regular los contenidos en horarios de protección al menor y garantizar la libertad editorial, de expresión e información y la independencia de los medios, además de postular la prohibición de la censura previa. Pretende la regulación de los mensajes publicitarios, la obligatoriedad de que los canales cedan espacios gratuitos en época electoral, el uso compartido de canales radioeléctricos y la prohibición a las empresas telefónicas de explotar ondas de radio y televisión.

El proyecto incluye un capítulo sobre "autorregulación ética" para los titulares de SCA a partir de un código "determinado libremente por cada prestador, teniendo como base los principios y derechos que reconoce y promueve" la futura ley. También contempla los derechos de los periodistas, quienes podrán "negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento".  «
Télam


Fuente: http://tiempo.infonews.com/2013/05/22/mundo-102357-mujica-envio-al-congreso-el-proyecto-de-ley-de-medios.php

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Medios y Nuestra América: Borrador de Ley de Comunicación Audiovisual ya está listo en Uruguay

 

Según el ministro Kreimerman, el proyecto de ley de Comunicación Audiovisual está listo para ser aprobado este año.

Borrador del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) en mano, el titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Roberto Kreimerman, fue entrevistado por la diaria. El documento está en manos de Presidencia de la República y será presentado en el primer Consejo de Ministros del año -el 22 de enero- para que ingrese al Parlamento antes de que comience el año legislativo. Kreimerman habló también de la situación del país en materia de cambio de las matrices productiva y energética y de las perspectivas de cara a la localización de petróleo. En materia de competitividad, se mostró preocupado por la suba de la tasa de interés decretada por el Banco Central del Uruguay (BCU).

  -El proceso de elaboración del proyecto de ley de SCA no ha cumplido con los plazos que el MIEM se planteó en reiteradas oportunidades. ¿Cómo evalúa el proceso?
-A partir de lo impulsado en el anterior gobierno, en el actual promovimos una fuerte inversión pública y privada en los distintos segmentos de las telecomunicaciones, desde la telefonía a la radiodifusión. Además, promovimos el ordenamiento legal de la radiodifusión y la optimización del espectro mediante leyes y decretos. A su vez, promovimos el acceso a la información, a la diversidad, y a la democratización de la información. Lo otro es la prioridad a la industria nacional, tanto de contenidos audiovisuales como en el desarrollo electrónico e informático. En las cuatro líneas hemos logrado avanzar bastante. En la elaboración de varios decretos 
-muy satisfactorios- que ordenan la comunicación y el uso del espectro, seguimos las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Con respecto a la elaboración de leyes, definimos hacer dos proyectos de ley, uno referido a las telecomunicaciones y otro referido a los servicios de comunicación audiovisual, cuyos procesos valoramos muy satisfactoriamente, mediante el mecanismo de los Comités Técnico Consultivos (CTC), en los que hubo un consenso bastante elevado. Más recientemente hubo distintas vicisitudes, que tienen que ver con algunas normativas que trata el proyecto, que ya está listo. Está en Presidencia y lo estamos discutiendo, por lo que aspiramos a que ingrese al Parlamento a principios de este período anual de legislatura para que se discuta y tras su aprobación dure el mayor tiempo posible, en un mundo en el que las tecnologías cambian constantemente. Nosotros consideramos que está listo; en la discusión con Presidencia podrá surgir algún tema puntual o jurídico, teniendo en cuenta que en total son dos proyectos que totalizan cerca de 200 artículos.

-¿Las declaraciones del presidente José Mujica en diciembre de 2010, acerca de que tiraría a la papelera cualquier proyecto de ley de medios que le llegara, marcaron un antes y un después en el proceso?
-No, eso lo conversamos en su momento con el presidente. Además, la redacción de la ley se hace más que nada en 2011 y el primer borrador está sobre la mesa en el segundo semestre de ese año, y luego vinieron las distintas versiones hasta que ahora llegamos a la cuarta. Lo que se aclaró reiteradamente es que no se interviene sobre los contenidos, en ese sentido es que a veces se usa "ley de medios”; a nosotros nos gusta más hablar de ley de SCA, por más de que el otro término sea el más popular. A veces nos dicen que la ley es una copia de determinado país, y en realidad, como toda ley marco, se toman experiencias de diversos lugares pero es una ley netamente uruguaya.

-¿Entonces por qué el MIEM no pudo cumplir con los plazos previstos?
-La ley significó una complejidad superior a lo que los principios acordados en los CTC implicaban. Hubo mucha conversación, fiel al estilo uruguayo, pero sana conversación. Entre la primera versión y la última hubo un período mucho más largo que el que esperábamos, pero fue necesario. No hubo más que trabajo y consultas, pero ningún hecho político que detuviera el proceso, porque los puntos centrales están marcados desde el principio y la dificultad es darles forma a algunos de esos puntos centrales. Participamos en la discusión del CTC de niñez y adolescencia por intermedio de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), y ello implicó algunos cambios. Fuimos perfeccionando un proyecto: cada vez que lo terminábamos encontrábamos cosas que se desajustaban de acuerdo a la realidad que se iba conociendo. Es un proceso de aprendizaje de todos los actores hasta llegar a un proyecto. Cuando se concrete van a surgir posiciones a favor o en contra, pero si se desmenuza, la mayoría de los artículos son consensuados.

-En su momento Dinatel planteó que quería enviar el proyecto al Parlamento con suficiente antelación a 2014, año de campaña electoral...
-Durante el año hemos ido al Parlamento por distintos temas y hay expectativa de los diferentes partidos, es más, creo que algunos esperaban la ley un poco antes. Después vendrán las diferencias, que esperamos que sean menores, pero estamos en buen tiempo para discutirlo en este 2013 sin problema. Es el año clave para cerrar esta discusión. En verdad, abrirla oficialmente y cerrarla.

-¿Cómo procederá el gobierno para su envío al Parlamento?
-El presidente nos pidió una presentación del esquema del borrador en el primer Consejo de Ministros del año, y la intención es que esté enviada en la apertura del período legislativo.

-¿Cuáles son las líneas que se puede conocer del borrador?
-Además del capítulo de principios generales, los nombres de los capítulos son: "de la naturaleza de la regulación del uso de las frecuencias”, "de los servicios de comunicación”, "de la diversidad y el pluralismo”, "del acceso universal a la radio y televisión” y "de la industria de contenidos audiovisuales”. Se habla de la libertad de expresión, la independencia de los medios de comunicación, el derecho a la información, y la transparencia. También se definen derechos culturales, de la participación ciudadana y la no discriminación, y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Luego tenemos el capítulo que habla de las concesiones a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, las normativas de plazos y demás. También está la regulación de los servicios y el sistema oficial de radio y televisión, el diseño institucional nuevo que va a tener, y las infracciones y sanciones en caso de que correspondan.

-¿Se mantendrán las pautas que rigen para la normativa sobre concentración de medios?
-En la ley de SCA habrá varios aspectos en ese sentido, y hay una base que es la legislación uruguaya existente. Hay mejoras, como algunos artículos específicos referidos a grupos económicos que pretenden mejorar la inexistente legislación, y vamos por un camino parecido al actual en cuanto a la cantidad de licencias que se puede tener. Hay mejoras sustanciales y no hay rupturas drásticas. En paralelo, seguimos avanzando en el tema de la concentración y los oligopolios, el lunes pasado se emitió un decreto relativo al tema en el área de la televisión para abonados de cobertura nacional. La televisión por cable se adjudica por región, y además tenemos empresas satelitales de alcance nacional con otra posibilidad de escala. El decreto busca evitar la concentración, porque vemos que empieza a haber un crecimiento en desmedro de la regionalidad prevista. Sin afectar derechos adquiridos, se trató de poner un máximo que hoy todavía no se ha alcanzado. Una empresa de televisión para abonados autorizada a nivel nacional no podrá superar el 25% del total de hogares del país. Como 25% es en promedio y puede darse que en una región en particular tenga más y en otras menos, se establece un máximo de 35% para un territorio específico.

-¿Está previsto que mejoren los controles para el cumplimiento de la norma?
-En general, hoy la normativa se cumple, aunque es laxa en algunos aspectos de comprobación que no tienen que ver sólo con la ley de SCA sino también con otros textos jurídicos. En ese sentido, el proyecto de ley refuerza tipificar situaciones anómalas. Se plantean mejoras, pero hay otros aspectos de la legislación que trascienden y habrá que ver cómo se solucionan.

-¿Cómo será el vínculo de la nueva institucionalidad con los gobiernos de turno?
-Se generaliza lo que ya venimos haciendo, que son llamados no arbitrarios, con adjudicaciones transparentes y concursadas. Estamos tratando de que la institucionalidad sea acorde a Uruguay y no sobrecargada, porque institucionalidades con demasiados pasos para decidir las adjudicaciones o las infracciones implican tiempos largos, dilaciones. Pero dentro de ese esquema la institucionalidad prevé un consejo, que va a tener una composición con algunos delegados aprobados por una mayoría importante a nivel legislativo, trascendiendo al partido de gobierno, y con otros delegados designados específicamente por el gobierno del momento.

-¿La ley regirá la prestación de múltiples servicios mediante sistemas de triple play?
-No, la ley va a fijar roles de los distintos actores públicos o privados. En su primer capítulo ya define para qué está autorizado y para qué no está autorizado un concesionario, no dice nada específicamente de otro tipo de consideraciones.

-¿El gobierno hará cambios en el decreto de Televisión Digital Terrestre para que los actuales permisarios privados se presenten al llamado?
-Hemos estado ajustando el decreto y recibimos distintas sugerencias que ya estaban dadas, no hay demasiadas novedades sobre el tema. Pienso que en los próximos días el decreto será emitido, pero sobre las mismas bases en las que está: un llamado para seis canales, tres de los cuales -y cumpliendo con las condiciones que se establecen- son para los canales ya existentes, y los otros tres para nuevos canales. Como la digitalización puede dar pie para que en un mismo canal haya varias señales, cada canal puede ser para una sola empresa o pueden presentarse como forma de consorcio. Se hace una solicitud en tres capítulos, un capítulo formal legal de la sociedad, un capítulo de proyecto de comunicación y otro de proyecto técnico. Las licencias son por un período, se pueden renovar, puede haber ajustes de último momento, pero serán sobre esas bases.

-¿No se plantea que los canales actuales no tengan plazos en sus concesiones para señales digitales?
-No, los plazos son para todos.

-¿En algún momento los canales le plantearon al gobierno que no se presentarían al llamado bajo determinadas condiciones?
-No, conversamos como lo hemos hecho con muchos actores: con los canales actuales, con otros que han venido a presentarse, y con todos en un tono muy respetuoso. Entendemos que el ambiente es positivo en líneas generales. Sí hubo pedidos de ajustes, algunos se consideraron y respecto de otros habrá que aceptar las condiciones en las que se emitieron.

-El llamado se ha aplazado por motivos técnicos, ¿también políticos?
-En 80% se debió a cuestiones técnicas y en 20% a aspectos de la elaboración del pliego, pero lo normal para mejorarlo y tener en cuenta distintas situaciones.

-¿Cuándo va a estar funcionando completamente el sistema?
-Todo el sistema podría estar funcionando sobre fin de año y principios del que viene. Hoy ya hay emisiones y muchos pueden comenzar a emitir en tres o cuatro meses. El primer llamado va a ser en Montevideo, pero después hay que sumarle todos los departamentos del interior.

-¿Cuándo ingresaría la Ley de Telecomunicaciones al Parlamento?
-También este año; son temas que van en conjunto. Lo hicimos en dos leyes para que la discusión sea más sencilla, pero hay países que lo tienen en una. Ambas entrarían en fechas próximas.
 
En otro orden

-¿Le preocupa que la decisión del BCU sobre la suba de la tasa de interés pueda ir en detrimento de la competitividad en la industria?
-Sí, claro. Nos preocupa mantener un tipo de cambio competitivo y, a su vez, una inflación controlada, y lo hemos discutido con las autoridades económicas. Al final la inflación en dólares, que es la que de fondo tiene importancia, es una combinación de la inflación en pesos y de cómo evoluciona el tipo de cambio. Tiene que ver con tres factores. En primer lugar, la devaluación de la moneda estadounidense y europea, que está fuera de nuestro alcance, que, por el contrario quiere decir una apreciación del peso. En segundo lugar, el ingreso por inversiones, y además con la matriz productiva que tenemos. Y, en tercer lugar, el tipo de exportaciones: aunque mejoró la parte industrial, la mejora es mucho menor que la exportación de granos sin procesar, por ejemplo. Y no quiere decir que el país no deba exportar ese tipo de cosas, sino que debe hacerlo con mayor valor agregado, que implica otro tipo de consumo. En el corto plazo los manejos de la inflación nos preocupan pero están orientados a un compromiso.

-¿Hacia dónde va el cambio de matriz productiva?
-El cambio de la matriz productiva, como el de cualquier matriz, quiere decir tres cosas: que crezca la producción, que se diversifique y que incorpore mayor capacidad de los trabajadores. Dentro de esos tres ideales, está claro que la matriz productiva ha crecido enormemente; en siete u ocho años se duplicó la tasa del volumen industrial, y me refiero a todo tipo de industria. Además, hemos diversificado mercados. Pasamos de 105 a 161 mercados en diez años y de 620 renglones de productos a 750, y han aparecido industrias nuevas.

-El gobierno ha planteado la idea de trascender al Mercosur en la búsqueda de mercados y ha apuntado hacia el Pacífico y Asia.
-Estamos en años de inclinación diferente. El desarrollo económico asiático ha llevado a que el eje básico no esté en Estados Unidos y Europa, aunque sigan siendo muy fuertes. Las tasas de crecimiento de los países asiáticos y la inserción de América Latina en los últimos años hacen que la estructura económica parezca más compleja que la de países desarrollados y en desarrollo. Esa clasificación aún sigue siendo válida en muchos aspectos, pero en otros va cambiando. El actual Mercosur sigue teniendo una importancia enorme, vamos a cerrar el año con 20% de las exportaciones a Brasil, una disminución de 13% de las exportaciones con respecto al año pasado a Argentina, y se agrega una Venezuela que aparece como cuarto socio comercial. Recordemos que el segundo, cerca del primero, es China, con lo cual los países del Mercosur ocupan tres de los cuatro primeros lugares. Asia y el resto de América Latina son lugares donde el país puede encontrar muchísima capacidad. Está superado el mito de años atrás de que hay que especializarse en dos o tres cosas.

-¿Cómo se proyecta el cambio de la matriz energética para los próximos años?
-El 2012 fue un año de mucha realización y sigue bien. Para hablar de matriz energética no sólo hay que plantearse los temas eléctricos; también tiene que ver con la búsqueda de nuevos combustibles. Se están completando las inversiones, se están construyendo los parques eólicos, las plantas de biodiésel, las de bioetanol, la planta desulfurizadora, la de biomasa. También es necesaria mayor soberanía, buscar nuestros propios energéticos. Las fuentes renovables ya son nacionales, y también está la inversión que hizo ANCAP para conocer nuestro subsuelo marítimo y terrestre.

-¿Hay un proyecto de un eventual Uruguay petrolero?
-No creo que tengamos un Uruguay petrolero, pero sí es posible que haya petróleo como uno de los demás elementos. Se ha hecho una muy buena ronda internacional, cosa que es muy difícil para un país que no es petrolero, y según nos dijeron las empresas que participaron se logró ejecutar muy bien. Para la prospección petrolera todavía quedan dos o tres años, pero mientras tanto hay que trabajar para darle soporte, cuidar los temas ambientales. Todavía no hay un plan en ese sentido sino varios trabajos.

[Comcosur al día / viernes 4 de enero de 2013].

Tomado de http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=ES&langref=ES&cod=73054

Uruguay: Operadores de TV para abonados apoyan el decreto antimonopolio

(Por Eduardo Delgado). Televisión para abonados. Empresarios locales plantean que el tope fijado debe ser por clientes y no por hogares y piden cambiar el decreto. DirecTV sería la empresa más afectada por la norma.

Los operadores locales de televisión para abonados coincidieron con la filosofía del decreto del Poder Ejecutivo que limitó el porcentaje de clientes que puede tener cada empresa, aunque hubieran preferido que fuera más restrictivo.

El Poder Ejecutivo emitió un decreto el pasado 31 de diciembre que estableció un límite de clientes para las empresas operadoras de televisión para abonados: 25% del total de hogares a nivel nacional y 35% de hogares en cada localidad.

En el decreto, el Poder Ejecutivo argumenta que es necesario "limitar la participación en el mercado de los operadores de televisión para abonados" para evitar "la generación de monopolios u oligopolios".

La decisión va en línea con el reclamo de los operadores de televisión para abonados. Sin embargo, hubieran preferido que la normativa fuera más restrictiva.

El presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Horacio Rodríguez, dijo que el porcentaje debiera ser sobre la cantidad de abonados y no de hogares y que no debería superar al 10% o 15%. En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (ANdeBU), Rafael Inchausti, consideró que para establecer los limites "se tuvo que haber fijado en la ley de defensa de la competencia y no introducir elementos nuevos" a través de un decreto.

"Estamos de acuerdo con los criterios y conceptos vertidos en los considerando (del decreto), porque siempre hay que evitar la posición dominante en los mercados y sobre todo en Uruguay que es tan chico", dijo Rodríguez a El País.

"Pero hay un tema en las consideraciones de los números y es que en el decreto se habla de hogares. En Uruguay hay 1.160.000 hogares y 562.000 abonados a las empresas de televisión por cable. Cuando se fija la posición dominante en el 25% de los hogares, es más del 50% de los abonados y entonces se desvirtúa el principio de evitar una concentración que domine el mercado", explicó.

Rodríguez dijo que la directiva de CUTA analizó detenidamente el decreto y coincide "con el concepto de evitar la concentración" y que "haya participación de muchas empresas". Sin embargo, indicó que esa gremial creía que el decreto iba a hacer referencia a la cantidad de abonados en lugar de hogares.

"El concepto de hogares hace que la eficacia del decreto se vea totalmente desvirtuada", dijo Rodríguez, y consideró que tal como está redactada la norma deja a la empresa DirecTV "con una posición dominante muy importante".

DirecTV es la única operadora de televisión para abonados que está autorizada a operar a nivel nacional. Según los últimos datos de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSeC) de junio de 2012, DirecTV cuenta con el 11% del mercado, y tiene la mayor cantidad de abonados: 62.904. Desde DirecTV se comunicó ayer a El País que la empresa no iba a hacer comentarios sobre el decreto del Poder Ejecutivo.

Rodríguez dijo que a fin de evitar la concentración en los mismos valores que se maneja en el decreto, el porcentaje de abonados no debería superar el 10 o 15% por empresa.

El presidente de CUTA se mostró confiado en que el gobierno cambie el decreto. "Se puede corregir y por lo menos el Poder Ejecutivo entendió la inquietud del sector", acotó.

Rodríguez criticó la posición de DirecTV. "No cuenta con producción ni identidad nacional. Ellos manejan una concentración en toda Latinoamérica que es muy importante, que va en detrimento de la identidad de cada país. Es una invasión tecnológica sin contrapartida alguna, hasta los call center se manejan desde el exterior, por lo que no generan fuentes de trabajo ni ingresos tributarios", expresó.

Por su parte Inchausti, de ANdeBU, dijo que "con esta medida el gobierno después de muchos años resuelve un poco la situación de inequidad que se había planteado con el ingreso de operadores internacionales con tecnología satelital".

Agregó que en el año 2000 se otorgó la licencia a DirecTV "sin respetar un criterio que había sido la base del sistema, de áreas de servicios delimitadas para todos los operadores". Inchausti indicó que este permiso se otorgó en forma directa, sin llamado a aspirantes y en ese momento se modificó el criterio del tributo que pagan las empresas de televisión para abonados, que dejó de ser en relación a la población en la zona de servicio y pasó a ser por la cantidad de abonados.

"Fue una forma de favorecer a este nuevo operador ya que no debió pagar el tributo en función de toda la población del país sino de los abonados", acotó.

El director nacional de Telecomunicaciones, Sergio De Cola, dijo a El País que este decreto es "una especie de adelanto" del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual -conocido como ley de medios-, que está a estudio de la Presidencia y que se enviaría al Parlamento en los primeros meses de este año. Esta ley regulará los contenidos y la publicidad. También apunta a evitar la concentración de medios.

Dicha ley establecerá "nuevas reglas de juego" con el fin de evitar la concentración de la propiedad y propiciar la diversidad en el acceso, publicó en agosto la revista Políticas de Presidencia.

Vea el próximo capítulo. Según un ministro, el proyecto de ley de Comunicación Audiovisual está listo para ser aprobado este año.

Borrador del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) en mano, el titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Roberto Kreimerman, fue entrevistado por la diaria. El documento está en manos de Presidencia de la República y será presentado en el primer Consejo de Ministros del año -el 22 de enero- para que ingrese al Parlamento antes de que comience el año legislativo. Kreimerman habló también de la situación del país en materia de cambio de las matrices productiva y energética y de las perspectivas de cara a la localización de petróleo. En materia de competitividad, se mostró preocupado por la suba de la tasa de interés decretada por el Banco Central del Uruguay (BCU)

El proceso de elaboración del proyecto de ley de SCA no ha cumplido con los plazos que el MIEM se planteó en reiteradas oportunidades. ¿Cómo evalúa el proceso?

A partir de lo impulsado en el anterior gobierno, en el actual promovimos una fuerte inversión pública y privada en los distintos segmentos de las telecomunicaciones, desde la telefonía a la radiodifusión. Además, promovimos el ordenamiento legal de la radiodifusión y la optimización del espectro mediante leyes y decretos. A su vez, promovimos el acceso a la información, a la diversidad, y a la democratización de la información. Lo otro es la prioridad a la industria nacional, tanto de contenidos audiovisuales como en el desarrollo electrónico e informático. En las cuatro líneas hemos logrado avanzar bastante. En la elaboración de varios decretos 
-muy satisfactorios- que ordenan la comunicación y el uso del espectro, seguimos las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Con respecto a la elaboración de leyes, definimos hacer dos proyectos de ley, uno referido a las telecomunicaciones y otro referido a los servicios de comunicación audiovisual, cuyos procesos valoramos muy satisfactoriamente, mediante el mecanismo de los Comités Técnico Consultivos (CTC), en los que hubo un consenso bastante elevado. Más recientemente hubo distintas vicisitudes, que tienen que ver con algunas normativas que trata el proyecto, que ya está listo. Está en Presidencia y lo estamos discutiendo, por lo que aspiramos a que ingrese al Parlamento a principios de este período anual de legislatura para que se discuta y tras su aprobación dure el mayor tiempo posible, en un mundo en el que las tecnologías cambian constantemente. Nosotros consideramos que está listo; en la discusión con Presidencia podrá surgir algún tema puntual o jurídico, teniendo en cuenta que en total son dos proyectos que totalizan cerca de 200 artículos.

¿Las declaraciones del presidente José Mujica en diciembre de 2010, acerca de que tiraría a la papelera cualquier proyecto de ley de medios que le llegara, marcaron un antes y un después en el proceso?

No, eso lo conversamos en su momento con el presidente. Además, la redacción de la ley se hace más que nada en 2011 y el primer borrador está sobre la mesa en el segundo semestre de ese año, y luego vinieron las distintas versiones hasta que ahora llegamos a la cuarta. Lo que se aclaró reiteradamente es que no se interviene sobre los contenidos, en ese sentido es que a veces se usa “ley de medios”; a nosotros nos gusta más hablar de ley de SCA, por más de que el otro término sea el más popular. A veces nos dicen que la ley es una copia de determinado país, y en realidad, como toda ley marco, se toman experiencias de diversos lugares pero es una ley netamente uruguaya.

¿Entonces por qué el MIEM no pudo cumplir con los plazos previstos?

La ley significó una complejidad superior a lo que los principios acordados en los CTC implicaban. Hubo mucha conversación, fiel al estilo uruguayo, pero sana conversación. Entre la primera versión y la última hubo un período mucho más largo que el que esperábamos, pero fue necesario. No hubo más que trabajo y consultas, pero ningún hecho político que detuviera el proceso, porque los puntos centrales están marcados desde el principio y la dificultad es darles forma a algunos de esos puntos centrales. Participamos en la discusión del CTC de niñez y adolescencia por intermedio de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), y ello implicó algunos cambios. Fuimos perfeccionando un proyecto: cada vez que lo terminábamos encontrábamos cosas que se desajustaban de acuerdo a la realidad que se iba conociendo. Es un proceso de aprendizaje de todos los actores hasta llegar a un proyecto. Cuando se concrete van a surgir posiciones a favor o en contra, pero si se desmenuza, la mayoría de los artículos son consensuados.

En su momento Dinatel planteó que quería enviar el proyecto al Parlamento con suficiente antelación a 2014, año de campaña electoral...

Durante el año hemos ido al Parlamento por distintos temas y hay expectativa de los diferentes partidos, es más, creo que algunos esperaban la ley un poco antes. Después vendrán las diferencias, que esperamos que sean menores, pero estamos en buen tiempo para discutirlo en este 2013 sin problema. Es el año clave para cerrar esta discusión. En verdad, abrirla oficialmente y cerrarla.

¿Cómo procederá el gobierno para su envío al Parlamento?

El presidente nos pidió una presentación del esquema del borrador en el primer Consejo de Ministros del año, y la intención es que esté enviada en la apertura del período legislativo.

¿Cuáles son las líneas que se puede conocer del borrador?

Además del capítulo de principios generales, los nombres de los capítulos son: “de la naturaleza de la regulación del uso de las frecuencias”, “de los servicios de comunicación”, “de la diversidad y el pluralismo”, “del acceso universal a la radio y televisión” y “de la industria de contenidos audiovisuales”. Se habla de la libertad de expresión, la independencia de los medios de comunicación, el derecho a la información, y la transparencia. También se definen derechos culturales, de la participación ciudadana y la no discriminación, y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Luego tenemos el capítulo que habla de las concesiones a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, las normativas de plazos y demás. También está la regulación de los servicios y el sistema oficial de radio y televisión, el diseño institucional nuevo que va a tener, y las infracciones y sanciones en caso de que correspondan.

¿Se mantendrán las pautas que rigen para la normativa sobre concentración de medios?

En la ley de SCA habrá varios aspectos en ese sentido, y hay una base que es la legislación uruguaya existente. Hay mejoras, como algunos artículos específicos referidos a grupos económicos que pretenden mejorar la inexistente legislación, y vamos por un camino parecido al actual en cuanto a la cantidad de licencias que se puede tener. Hay mejoras sustanciales y no hay rupturas drásticas. En paralelo, seguimos avanzando en el tema de la concentración y los oligopolios, el lunes pasado se emitió un decreto relativo al tema en el área de la televisión para abonados de cobertura nacional. La televisión por cable se adjudica por región, y además tenemos empresas satelitales de alcance nacional con otra posibilidad de escala. El decreto busca evitar la concentración, porque vemos que empieza a haber un crecimiento en desmedro de la regionalidad prevista. Sin afectar derechos adquiridos, se trató de poner un máximo que hoy todavía no se ha alcanzado. Una empresa de televisión para abonados autorizada a nivel nacional no podrá superar el 25% del total de hogares del país. Como 25% es en promedio y puede darse que en una región en particular tenga más y en otras menos, se establece un máximo de 35% para un territorio específico.

¿Está previsto que mejoren los controles para el cumplimiento de la norma?

En general, hoy la normativa se cumple, aunque es laxa en algunos aspectos de comprobación que no tienen que ver sólo con la ley de SCA sino también con otros textos jurídicos. En ese sentido, el proyecto de ley refuerza tipificar situaciones anómalas. Se plantean mejoras, pero hay otros aspectos de la legislación que trascienden y habrá que ver cómo se solucionan.

¿Cómo será el vínculo de la nueva institucionalidad con los gobiernos de turno?

Se generaliza lo que ya venimos haciendo, que son llamados no arbitrarios, con adjudicaciones transparentes y concursadas. Estamos tratando de que la institucionalidad sea acorde a Uruguay y no sobrecargada, porque institucionalidades con demasiados pasos para decidir las adjudicaciones o las infracciones implican tiempos largos, dilaciones. Pero dentro de ese esquema la institucionalidad prevé un consejo, que va a tener una composición con algunos delegados aprobados por una mayoría importante a nivel legislativo, trascendiendo al partido de gobierno, y con otros delegados designados específicamente por el gobierno del momento.

¿La ley regirá la prestación de múltiples servicios mediante sistemas de triple play?

No, la ley va a fijar roles de los distintos actores públicos o privados. En su primer capítulo ya define para qué está autorizado y para qué no está autorizado un concesionario, no dice nada específicamente de otro tipo de consideraciones.

¿El gobierno hará cambios en el decreto de Televisión Digital Terrestre para que los actuales permisarios privados se presenten al llamado?

Hemos estado ajustando el decreto y recibimos distintas sugerencias que ya estaban dadas, no hay demasiadas novedades sobre el tema. Pienso que en los próximos días el decreto será emitido, pero sobre las mismas bases en las que está: un llamado para seis canales, tres de los cuales -y cumpliendo con las condiciones que se establecen- son para los canales ya existentes, y los otros tres para nuevos canales. Como la digitalización puede dar pie para que en un mismo canal haya varias señales, cada canal puede ser para una sola empresa o pueden presentarse como forma de consorcio. Se hace una solicitud en tres capítulos, un capítulo formal legal de la sociedad, un capítulo de proyecto de comunicación y otro de proyecto técnico. Las licencias son por un período, se pueden renovar, puede haber ajustes de último momento, pero serán sobre esas bases.

¿No se plantea que los canales actuales no tengan plazos en sus concesiones para señales digitales?

No, los plazos son para todos.

¿En algún momento los canales le plantearon al gobierno que no se presentarían al llamado bajo determinadas condiciones?

No, conversamos como lo hemos hecho con muchos actores: con los canales actuales, con otros que han venido a presentarse, y con todos en un tono muy respetuoso. Entendemos que el ambiente es positivo en líneas generales. Sí hubo pedidos de ajustes, algunos se consideraron y respecto de otros habrá que aceptar las condiciones en las que se emitieron.

El llamado se ha aplazado por motivos técnicos, ¿también políticos?

En 80% se debió a cuestiones técnicas y en 20% a aspectos de la elaboración del pliego, pero lo normal para mejorarlo y tener en cuenta distintas situaciones.

¿Cuándo va a estar funcionando completamente el sistema?

Todo el sistema podría estar funcionando sobre fin de año y principios del que viene. Hoy ya hay emisiones y muchos pueden comenzar a emitir en tres o cuatro meses. El primer llamado va a ser en Montevideo, pero después hay que sumarle todos los departamentos del interior.

¿Cuándo ingresaría la Ley de Telecomunicaciones al Parlamento?

También este año; son temas que van en conjunto. Lo hicimos en dos leyes para que la discusión sea más sencilla, pero hay países que lo tienen en una. Ambas entrarían en fechas próximas.

Fuentes: Diario El País y La Diaria

Uruguay: Ley de medios, Estado intervendrá con "toda la regulación necesaria"

En las próximas semanas el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento un proyecto de ley de medios audiovisuales. Regulará los contenidos y la publicidad. También apunta a evitar la concentración de medios.

La iniciativa denominada "Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual" establece "nuevas reglas de juego" con el fin de evitar la concentración de la propiedad y propiciar la diversidad en el acceso, señala la última edición de la Revista Políticas que edita el Servicio de Comunicación de Presidencia.

El borrador del proyecto de ley audiovisual tiene 180 artículos y se encuentra a consideración del ministro de Industria, Roberto Kreimerman.

El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, definió así la futura ley: "se trabaja en procura de la corregulación, que implica tanta autorregulación como sea posible y tanta regulación del Estado como sea necesaria. Hablamos de una corregulación porque sabemos que muchas veces podemos tener disensos sobre el alcance de algunas recomendaciones".

Breccia dijo que "los organismos institucionales son los responsables de velar por los derechos de la ciudadanía, serán ellos los que fijarán una regulación heterónoma". Según Políticas: "Para Breccia, existe `algo de verdad` en lo que sostienen los empresarios de los medios en cuanto a que ellos están sujetos al rating, que eso es lo que los hace vender y subsistir, y que `la gente quiere ver lo que ellos emiten`. Sin embargo, sostiene Breccia que `el goce del derecho de usufructuar un bien con el poder tan brutal que tiene particularmente la televisión también supone un ejercicio muy importante de responsabilidad`".

"Yo puedo acordar con los dueños de los canales que ellos tienen que procurar ingresos y que para ello emiten lo que la gente quiere ver, pero de alguna manera eso también está inducido por lo que ellos emiten", sostuvo Breccia.

Dentro de la ley de medios se establece un capítulo especial referido a la niñez y adolescencia para la "actualización de la legislación actual" en la materia. Según se informa en el borrador entregado a organizaciones civiles y a medios de comunicación: "se fomentará la autorregulación de los medios de comunicación, agencias de publicidad, anunciantes y trabajadores de los medios, en el respeto de los derechos a través de la elaboración de códigos de ética". Además se definirá "qué imágenes o qué tipo de contenidos se pueden emitir en el horario de protección al menor, lo cual incluye a la publicidad", dijo el director del Servicio de Telecomunicaciones Sergio de Cola a la Revista Políticas.

Fuentes de gobierno agregaron a El País que uno de los objetivos es regular el contenido de los mensajes publicitarios dirigidos a niños. Explicaron que en países como Chile está prohibida la publicidad de alimentos que incluyen juguetes de regalo. Además se pretende reglamentar la presencia de niños en publicidades y se plantea la creación de estímulos económicos para la producción de contenidos audiovisuales nacionales para menores.

La futura legislación creará un nuevo organismo -con un formato institucional similar al de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) e incluirá la creación de la figura del ombusdman de las audiencias.

El defensor de audiencias se encargará de recibir las quejas de los espectadores de los distintos servicios de comunicación y podrá sugerir políticas a implementar por el gobierno, contaron fuentes del Ejecutivo. Sin embargo, no tendría potestades para imponer sanciones.

Por otra parte, De Cola señaló a la Revista Políticas que uno de los principales objetivos del paquete de medidas "es evitar la concentración de manera de impulsar la democratización y la pluralidad de los contenidos".

Según dijo, "la novedad principales residirá en la aplicación de nuevos mecanismos que garanticen absoluta transparencia en la concesión de los permisos de explotación de frecuencias, de manera de evitar la concentración solapada a través del uso de testaferros por parte de los empresarios".

Familias y el poder

Breccia aludió al canon que pagarán los dueños las frecuencias. "Los dueños de las televisoras se han beneficiado durante 60 años de una concesión gratuita. Son familias muy poderosas, que facturan decenas de millones de dólares todos los años y sobre eso no pagan nada".

Fuente: www.elpais.com.uy