Uruguay: Operadores de TV para abonados apoyan el decreto antimonopolio

(Por Eduardo Delgado). Televisión para abonados. Empresarios locales plantean que el tope fijado debe ser por clientes y no por hogares y piden cambiar el decreto. DirecTV sería la empresa más afectada por la norma.

Los operadores locales de televisión para abonados coincidieron con la filosofía del decreto del Poder Ejecutivo que limitó el porcentaje de clientes que puede tener cada empresa, aunque hubieran preferido que fuera más restrictivo.

El Poder Ejecutivo emitió un decreto el pasado 31 de diciembre que estableció un límite de clientes para las empresas operadoras de televisión para abonados: 25% del total de hogares a nivel nacional y 35% de hogares en cada localidad.

En el decreto, el Poder Ejecutivo argumenta que es necesario "limitar la participación en el mercado de los operadores de televisión para abonados" para evitar "la generación de monopolios u oligopolios".

La decisión va en línea con el reclamo de los operadores de televisión para abonados. Sin embargo, hubieran preferido que la normativa fuera más restrictiva.

El presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Horacio Rodríguez, dijo que el porcentaje debiera ser sobre la cantidad de abonados y no de hogares y que no debería superar al 10% o 15%. En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (ANdeBU), Rafael Inchausti, consideró que para establecer los limites "se tuvo que haber fijado en la ley de defensa de la competencia y no introducir elementos nuevos" a través de un decreto.

"Estamos de acuerdo con los criterios y conceptos vertidos en los considerando (del decreto), porque siempre hay que evitar la posición dominante en los mercados y sobre todo en Uruguay que es tan chico", dijo Rodríguez a El País.

"Pero hay un tema en las consideraciones de los números y es que en el decreto se habla de hogares. En Uruguay hay 1.160.000 hogares y 562.000 abonados a las empresas de televisión por cable. Cuando se fija la posición dominante en el 25% de los hogares, es más del 50% de los abonados y entonces se desvirtúa el principio de evitar una concentración que domine el mercado", explicó.

Rodríguez dijo que la directiva de CUTA analizó detenidamente el decreto y coincide "con el concepto de evitar la concentración" y que "haya participación de muchas empresas". Sin embargo, indicó que esa gremial creía que el decreto iba a hacer referencia a la cantidad de abonados en lugar de hogares.

"El concepto de hogares hace que la eficacia del decreto se vea totalmente desvirtuada", dijo Rodríguez, y consideró que tal como está redactada la norma deja a la empresa DirecTV "con una posición dominante muy importante".

DirecTV es la única operadora de televisión para abonados que está autorizada a operar a nivel nacional. Según los últimos datos de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSeC) de junio de 2012, DirecTV cuenta con el 11% del mercado, y tiene la mayor cantidad de abonados: 62.904. Desde DirecTV se comunicó ayer a El País que la empresa no iba a hacer comentarios sobre el decreto del Poder Ejecutivo.

Rodríguez dijo que a fin de evitar la concentración en los mismos valores que se maneja en el decreto, el porcentaje de abonados no debería superar el 10 o 15% por empresa.

El presidente de CUTA se mostró confiado en que el gobierno cambie el decreto. "Se puede corregir y por lo menos el Poder Ejecutivo entendió la inquietud del sector", acotó.

Rodríguez criticó la posición de DirecTV. "No cuenta con producción ni identidad nacional. Ellos manejan una concentración en toda Latinoamérica que es muy importante, que va en detrimento de la identidad de cada país. Es una invasión tecnológica sin contrapartida alguna, hasta los call center se manejan desde el exterior, por lo que no generan fuentes de trabajo ni ingresos tributarios", expresó.

Por su parte Inchausti, de ANdeBU, dijo que "con esta medida el gobierno después de muchos años resuelve un poco la situación de inequidad que se había planteado con el ingreso de operadores internacionales con tecnología satelital".

Agregó que en el año 2000 se otorgó la licencia a DirecTV "sin respetar un criterio que había sido la base del sistema, de áreas de servicios delimitadas para todos los operadores". Inchausti indicó que este permiso se otorgó en forma directa, sin llamado a aspirantes y en ese momento se modificó el criterio del tributo que pagan las empresas de televisión para abonados, que dejó de ser en relación a la población en la zona de servicio y pasó a ser por la cantidad de abonados.

"Fue una forma de favorecer a este nuevo operador ya que no debió pagar el tributo en función de toda la población del país sino de los abonados", acotó.

El director nacional de Telecomunicaciones, Sergio De Cola, dijo a El País que este decreto es "una especie de adelanto" del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual -conocido como ley de medios-, que está a estudio de la Presidencia y que se enviaría al Parlamento en los primeros meses de este año. Esta ley regulará los contenidos y la publicidad. También apunta a evitar la concentración de medios.

Dicha ley establecerá "nuevas reglas de juego" con el fin de evitar la concentración de la propiedad y propiciar la diversidad en el acceso, publicó en agosto la revista Políticas de Presidencia.

Vea el próximo capítulo. Según un ministro, el proyecto de ley de Comunicación Audiovisual está listo para ser aprobado este año.

Borrador del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) en mano, el titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Roberto Kreimerman, fue entrevistado por la diaria. El documento está en manos de Presidencia de la República y será presentado en el primer Consejo de Ministros del año -el 22 de enero- para que ingrese al Parlamento antes de que comience el año legislativo. Kreimerman habló también de la situación del país en materia de cambio de las matrices productiva y energética y de las perspectivas de cara a la localización de petróleo. En materia de competitividad, se mostró preocupado por la suba de la tasa de interés decretada por el Banco Central del Uruguay (BCU)

El proceso de elaboración del proyecto de ley de SCA no ha cumplido con los plazos que el MIEM se planteó en reiteradas oportunidades. ¿Cómo evalúa el proceso?

A partir de lo impulsado en el anterior gobierno, en el actual promovimos una fuerte inversión pública y privada en los distintos segmentos de las telecomunicaciones, desde la telefonía a la radiodifusión. Además, promovimos el ordenamiento legal de la radiodifusión y la optimización del espectro mediante leyes y decretos. A su vez, promovimos el acceso a la información, a la diversidad, y a la democratización de la información. Lo otro es la prioridad a la industria nacional, tanto de contenidos audiovisuales como en el desarrollo electrónico e informático. En las cuatro líneas hemos logrado avanzar bastante. En la elaboración de varios decretos 
-muy satisfactorios- que ordenan la comunicación y el uso del espectro, seguimos las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Con respecto a la elaboración de leyes, definimos hacer dos proyectos de ley, uno referido a las telecomunicaciones y otro referido a los servicios de comunicación audiovisual, cuyos procesos valoramos muy satisfactoriamente, mediante el mecanismo de los Comités Técnico Consultivos (CTC), en los que hubo un consenso bastante elevado. Más recientemente hubo distintas vicisitudes, que tienen que ver con algunas normativas que trata el proyecto, que ya está listo. Está en Presidencia y lo estamos discutiendo, por lo que aspiramos a que ingrese al Parlamento a principios de este período anual de legislatura para que se discuta y tras su aprobación dure el mayor tiempo posible, en un mundo en el que las tecnologías cambian constantemente. Nosotros consideramos que está listo; en la discusión con Presidencia podrá surgir algún tema puntual o jurídico, teniendo en cuenta que en total son dos proyectos que totalizan cerca de 200 artículos.

¿Las declaraciones del presidente José Mujica en diciembre de 2010, acerca de que tiraría a la papelera cualquier proyecto de ley de medios que le llegara, marcaron un antes y un después en el proceso?

No, eso lo conversamos en su momento con el presidente. Además, la redacción de la ley se hace más que nada en 2011 y el primer borrador está sobre la mesa en el segundo semestre de ese año, y luego vinieron las distintas versiones hasta que ahora llegamos a la cuarta. Lo que se aclaró reiteradamente es que no se interviene sobre los contenidos, en ese sentido es que a veces se usa “ley de medios”; a nosotros nos gusta más hablar de ley de SCA, por más de que el otro término sea el más popular. A veces nos dicen que la ley es una copia de determinado país, y en realidad, como toda ley marco, se toman experiencias de diversos lugares pero es una ley netamente uruguaya.

¿Entonces por qué el MIEM no pudo cumplir con los plazos previstos?

La ley significó una complejidad superior a lo que los principios acordados en los CTC implicaban. Hubo mucha conversación, fiel al estilo uruguayo, pero sana conversación. Entre la primera versión y la última hubo un período mucho más largo que el que esperábamos, pero fue necesario. No hubo más que trabajo y consultas, pero ningún hecho político que detuviera el proceso, porque los puntos centrales están marcados desde el principio y la dificultad es darles forma a algunos de esos puntos centrales. Participamos en la discusión del CTC de niñez y adolescencia por intermedio de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), y ello implicó algunos cambios. Fuimos perfeccionando un proyecto: cada vez que lo terminábamos encontrábamos cosas que se desajustaban de acuerdo a la realidad que se iba conociendo. Es un proceso de aprendizaje de todos los actores hasta llegar a un proyecto. Cuando se concrete van a surgir posiciones a favor o en contra, pero si se desmenuza, la mayoría de los artículos son consensuados.

En su momento Dinatel planteó que quería enviar el proyecto al Parlamento con suficiente antelación a 2014, año de campaña electoral...

Durante el año hemos ido al Parlamento por distintos temas y hay expectativa de los diferentes partidos, es más, creo que algunos esperaban la ley un poco antes. Después vendrán las diferencias, que esperamos que sean menores, pero estamos en buen tiempo para discutirlo en este 2013 sin problema. Es el año clave para cerrar esta discusión. En verdad, abrirla oficialmente y cerrarla.

¿Cómo procederá el gobierno para su envío al Parlamento?

El presidente nos pidió una presentación del esquema del borrador en el primer Consejo de Ministros del año, y la intención es que esté enviada en la apertura del período legislativo.

¿Cuáles son las líneas que se puede conocer del borrador?

Además del capítulo de principios generales, los nombres de los capítulos son: “de la naturaleza de la regulación del uso de las frecuencias”, “de los servicios de comunicación”, “de la diversidad y el pluralismo”, “del acceso universal a la radio y televisión” y “de la industria de contenidos audiovisuales”. Se habla de la libertad de expresión, la independencia de los medios de comunicación, el derecho a la información, y la transparencia. También se definen derechos culturales, de la participación ciudadana y la no discriminación, y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Luego tenemos el capítulo que habla de las concesiones a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, las normativas de plazos y demás. También está la regulación de los servicios y el sistema oficial de radio y televisión, el diseño institucional nuevo que va a tener, y las infracciones y sanciones en caso de que correspondan.

¿Se mantendrán las pautas que rigen para la normativa sobre concentración de medios?

En la ley de SCA habrá varios aspectos en ese sentido, y hay una base que es la legislación uruguaya existente. Hay mejoras, como algunos artículos específicos referidos a grupos económicos que pretenden mejorar la inexistente legislación, y vamos por un camino parecido al actual en cuanto a la cantidad de licencias que se puede tener. Hay mejoras sustanciales y no hay rupturas drásticas. En paralelo, seguimos avanzando en el tema de la concentración y los oligopolios, el lunes pasado se emitió un decreto relativo al tema en el área de la televisión para abonados de cobertura nacional. La televisión por cable se adjudica por región, y además tenemos empresas satelitales de alcance nacional con otra posibilidad de escala. El decreto busca evitar la concentración, porque vemos que empieza a haber un crecimiento en desmedro de la regionalidad prevista. Sin afectar derechos adquiridos, se trató de poner un máximo que hoy todavía no se ha alcanzado. Una empresa de televisión para abonados autorizada a nivel nacional no podrá superar el 25% del total de hogares del país. Como 25% es en promedio y puede darse que en una región en particular tenga más y en otras menos, se establece un máximo de 35% para un territorio específico.

¿Está previsto que mejoren los controles para el cumplimiento de la norma?

En general, hoy la normativa se cumple, aunque es laxa en algunos aspectos de comprobación que no tienen que ver sólo con la ley de SCA sino también con otros textos jurídicos. En ese sentido, el proyecto de ley refuerza tipificar situaciones anómalas. Se plantean mejoras, pero hay otros aspectos de la legislación que trascienden y habrá que ver cómo se solucionan.

¿Cómo será el vínculo de la nueva institucionalidad con los gobiernos de turno?

Se generaliza lo que ya venimos haciendo, que son llamados no arbitrarios, con adjudicaciones transparentes y concursadas. Estamos tratando de que la institucionalidad sea acorde a Uruguay y no sobrecargada, porque institucionalidades con demasiados pasos para decidir las adjudicaciones o las infracciones implican tiempos largos, dilaciones. Pero dentro de ese esquema la institucionalidad prevé un consejo, que va a tener una composición con algunos delegados aprobados por una mayoría importante a nivel legislativo, trascendiendo al partido de gobierno, y con otros delegados designados específicamente por el gobierno del momento.

¿La ley regirá la prestación de múltiples servicios mediante sistemas de triple play?

No, la ley va a fijar roles de los distintos actores públicos o privados. En su primer capítulo ya define para qué está autorizado y para qué no está autorizado un concesionario, no dice nada específicamente de otro tipo de consideraciones.

¿El gobierno hará cambios en el decreto de Televisión Digital Terrestre para que los actuales permisarios privados se presenten al llamado?

Hemos estado ajustando el decreto y recibimos distintas sugerencias que ya estaban dadas, no hay demasiadas novedades sobre el tema. Pienso que en los próximos días el decreto será emitido, pero sobre las mismas bases en las que está: un llamado para seis canales, tres de los cuales -y cumpliendo con las condiciones que se establecen- son para los canales ya existentes, y los otros tres para nuevos canales. Como la digitalización puede dar pie para que en un mismo canal haya varias señales, cada canal puede ser para una sola empresa o pueden presentarse como forma de consorcio. Se hace una solicitud en tres capítulos, un capítulo formal legal de la sociedad, un capítulo de proyecto de comunicación y otro de proyecto técnico. Las licencias son por un período, se pueden renovar, puede haber ajustes de último momento, pero serán sobre esas bases.

¿No se plantea que los canales actuales no tengan plazos en sus concesiones para señales digitales?

No, los plazos son para todos.

¿En algún momento los canales le plantearon al gobierno que no se presentarían al llamado bajo determinadas condiciones?

No, conversamos como lo hemos hecho con muchos actores: con los canales actuales, con otros que han venido a presentarse, y con todos en un tono muy respetuoso. Entendemos que el ambiente es positivo en líneas generales. Sí hubo pedidos de ajustes, algunos se consideraron y respecto de otros habrá que aceptar las condiciones en las que se emitieron.

El llamado se ha aplazado por motivos técnicos, ¿también políticos?

En 80% se debió a cuestiones técnicas y en 20% a aspectos de la elaboración del pliego, pero lo normal para mejorarlo y tener en cuenta distintas situaciones.

¿Cuándo va a estar funcionando completamente el sistema?

Todo el sistema podría estar funcionando sobre fin de año y principios del que viene. Hoy ya hay emisiones y muchos pueden comenzar a emitir en tres o cuatro meses. El primer llamado va a ser en Montevideo, pero después hay que sumarle todos los departamentos del interior.

¿Cuándo ingresaría la Ley de Telecomunicaciones al Parlamento?

También este año; son temas que van en conjunto. Lo hicimos en dos leyes para que la discusión sea más sencilla, pero hay países que lo tienen en una. Ambas entrarían en fechas próximas.

Fuentes: Diario El País y La Diaria