Muchos más que el 7-D
(Por Ernesto Lamas) Hace tres años fue aprobada la Ley 26.522. Los
primeros nueve meses estuvo frenada por dos medidas cautelares. Hasta hoy no se
pudo aplicar el ya célebre artículo 161 de adecuación. Se acerca el 7 de
diciembre y la discusión gira en torno de lo que sucederá el día después. Sin
embargo, la ley de servicios de comunicación audiovisual es mucho más que el
7-D.
Cuando en ámbitos académicos y eventos
de medios comunitarios se denunciaba la ley de radiodifusión de la dictadura,
en pocas ocasiones esa discusión logró traspasar el microclima. Luego del envío
por parte del Ejecutivo del proyecto de ley al Congreso, el proceso de
discusión en foros de todo el país, las movilizaciones convocadas por
organizaciones vinculadas al campo de la comunicación y la acumulación de años
en los que el tema fue prioritario en la agenda de los medios alternativos, la
cuestión del derecho humano a la comunicación tuvo aire y tinta en los medios
tradicionales y luego en los debates cotidianos. Ya no es posible volver atrás,
existe una nueva conciencia acerca de la producción de sentidos, las empresas
de medios, el rol del periodismo y el derecho a recibir, buscar y difundir
información. Constituye un logro simbólico de suma importancia, pero hay otros
logros que no son tenidos en cuenta por buena parte de las empresas de medios
comerciales y opinadores que en estos días repiten que “no se hizo nada” con la
ley de medios. Información concreta –que puede ser verificada por cualquiera
que la solicite a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual– es importante para el balance que permita reconocer que en la
inclusión de nuevas voces (uno de los principales objetivos de la ley) se han
dado pasos importantes.
Se encuentran en curso los concursos
para 687 frecuencias de FM baja potencia (con y sin fines de lucro), en diez
provincias. Estos concursos sientan un precedente, ya que fueron los primeros
convocados con la reserva del 33 por ciento para el sector sin fines de lucro.
Se realizaron talleres de capacitación para la confección de los pliegos, para
minimizar errores y ampliar las posibilidades de los potenciales licenciatarios
que no pueden recurrir a abogados o gestores.
En marzo de este año se reglamentó el
artículo 49, que permite la adjudicación directa para radios de baja potencia
ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad social. La reglamentación se hizo en
diálogo con las principales redes de radios comunitarias (Farco y Amarc). En
este momento hay más de 250 actuaciones de solicitud de licencia en trámite
enmarcadas en este artículo.
La Afsca está tramitando más de cien
expedientes de cooperativas de servicios públicos que solicitan prestar
servicio de cable. Existen alrededor de 50 solicitudes que cuentan con alguna
oposición y esos trámites se encuentran en la Comisión Nacional de Defensa de
la Competencia. Los otros 50 se están tramitando en el organismo. Ya se
adjudicaron 16 licencias y se espera duplicar el número a fines del año.
Según está previsto en el artículo 151,
las comunidades originarias pueden solicitar licencias para crear radios.
Actualmente hay 45 solicitudes en trámite, que están siendo analizadas por una
comisión integrada por la Afsca y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Asimismo, se está analizando otorgar una autorización para gestionar una señal
de TV abierta a una comunidad mapuche en la zona de Bariloche.
En el marco del artículo 149, ya hay
134 escuelas primarias autorizadas para contar con su radio. Existen otros 80
expedientes en trámite, de los cuales más de 50 ya tienen la frecuencia
reservada. A fin de 2012 habrá 200 escuelas con radios operativas.
También hay temas pendientes. Son
prioritarios la convocatoria a concursos para licencias de televisión con
condiciones razonables para los canales comunitarios, actualización de un plan
técnico que transparente el estado del espacio radioeléctrico, la puesta en
marcha del fondo de fomento previsto en el artículo 97 por medio del cual se
prevé apoyar proyectos especiales de comunicación audiovisual, medios
comunitarios, de frontera, y de los pueblos originarios, con especial atención
a la colaboración en los proyectos de digitalización, la creación de un espacio
de capacitación para los medios de comunicación emergentes, un debate con
participación del Estado, el Parlamento y las redes de medios sin fines de
lucro acerca de la sostenibilidad económica de radios y canales comunitarios
que requieren condiciones especiales.
Los medios comunitarios junto con otros
sectores de la sociedad civil vieron materializarse un reclamo histórico y
tienen sus propios desafíos. Poder “aprovechar” la legalidad para desarrollar
una comunicación de nuevo tipo convocante, interesante, que además de abrir los
micrófonos y las cámaras a quienes no tenían voz pública, también puedan
demostrar que lo comunitario no está reñido con producciones de excelente
nivel, investigación periodística rigurosa, uso de las tecnologías creativo y
eficaz.
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