"El cooperativismo garantiza la libertad de expresión"

El abogado constitucionalista y presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Información y Comunicación dialogó con Ansol luego de su aplaudida intervención en la audiencia informativa propuesta por la Corte Suprema para destrabar la Ley de Medios.

El letrado Miguel Rodríguez Villafañe, quien representó a la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) como amicus curiae por la parte del Estado en el Palacio de Tribunales, analizó el rol de los medios de la economía solidaria que esperan la declaración de la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522). 

-¿Por qué es importante que la economía solidaria pueda acceder al mapa comunicacional en igualdad de condiciones que el resto de las empresas? 

-El cooperativismo en sí mismo implica una lógica que garantiza la libertad de expresión en el mismo sentido de la palabra, porque es una dinámica hacia adentro, en cada cooperativa, cada persona es un voto y tiene el mismo derecho de usar la palabra, de participar. Además, tiene una lógica solidaria que se aproxima a la aspiración de lo que pensamos que es una sociedad plural, participativa y democrática. Por todo eso es central que cooperativas y mutuales accedan a medios aunque tengamos que demostrar primero que no hacemos competencia desleal y después, poner la infraestructura al servicio, y aun así estar dentro de las reglas de juego.

-El 28 de agosto, en Palacio de Tribunales hubo diversas exposiciones a favor y en contra de la constitucionalidad de ciertos artículos de la Ley de Medios. Puntualmente, ¿cuál es la discusión de los actores que participaron?

-Lo que está en juego es la palabra para todos. Lo que se discutió en la Corte es que hay algunos que quieren tener la palabra pero también tener el potenciómetro y el altoparlante. Por lo tanto, por más que la tengan los otros, queda totalmente anulada. Porque la participación y el pluralismo en la información es una necesidad de la democracia, no es una necesidad del mercado. El mercado tiende a la concentración y al monopolio. 

-Mientras tanto Clarín dice que pueden desaparecer sus señales ¿cómo cree que perciben los ciudadanos esta disputa?

-En cierta forma Clarín está diciendo la verdad porque va a tener que optar en dar Canal 13 o tener TN ya que de acuerdo a la Ley puede tener una sola señal en el paquete de canales que brinde a través de Cablevisión. Pero eso no va a cambiar la situación de los ciudadanos, porque los canales pueden entrar y salir dentro de una lógica legal. El tema acá no es que se saque del medio a nadie, si no que se integre a todos.

-Durante su exposición en la Corte usted ejemplificó casos en los que el monopolio traba el desarrollo de las cooperativas, entre ellos Zapala, Punta Alta y Tres Arroyos ¿qué implicancias tuvo esto para las comunidades donde están insertas? 

-Todo este tiempo en que el cooperativismo no pudo estar en la televisión por cable en cada una de sus localidades, ocurrió un desapoderamiento de dinero local que fue a parar a otro lado, que de haberse permitido que sea la cooperativa la que lo preste hubiera sido una importante cantidad de dinero que quede en la sociedad para mejorar el servicio, para abrir fuentes de trabajo y para dinamizar la economía de cada uno de esos lugares. Se calcula que unos 40 mil millones de pesos en los 29 años fueron sacados de las pequeñas comunidades a través de estas organizaciones de empresas, que en algunos casos son multinacionales, porque detrás de Clarín el 18 por ciento de acciones es de un banco norteamericano, ni siquiera es capital argentino. 

-¿Las cooperativas están preparadas para responder a la demanda?

-He recorrido el país y sé que, de hecho, están dando muy buenos servicios. En Santa Rosa, La Pampa, en este momento la cooperativa está compitiendo directamente con Cablevisión e incluso ofrece muchos canales de alta definición a un precio de 85 pesos, lo cual obligó a que la otra firma tuviera que adecuar el valor, que estaba por encima de los 160 pesos. Desde ese punto de vista, el cooperativismo está dando una muestra importante de compromiso por la necesidad de democratizar la palabra.

Fuente: www.ansol.com.ar

Macri y su inconstitucional decreto sobre la prensa

El 29 de enero de este año 2013, la periodista Julieta Elgul, de la TV Pública, recibió dos impactos de bala de goma en la cintura y el camarógrafo de Canal 26 Cristian D`Amico, también resultó herido. Todo ello, durante la cobertura de la manifestación de los vecinos y el accionar de la Policía Metropolitana, en Parque Centenario, Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, el 26 de abril, también de este año 2013, la Infantería de la Policía Metropolitanaalizando la cobertura periodística de los incidentes que se dieron en el Hospital Borda, en la Ciudad de Buenos Aires. Con motivo de dicha represión policial fueron heridos con impactos de balas de goma y golpes varios, el camarógrafo Mario Ricci, de C5N; el fotógrafo Pepe Mateos, de Clarín; el camarógrafo Leonardo Piccone y el periodista Gabriel Eiriz, de Télam; el asistente de cámara Sebastián Vázquez, de Telefé y el fotógrafo de La Nación Ricardo Pristupluk. Por su parte, el cronista Rodrigo Frasinelli y el camarógrafo Pablo Albornoz, de CN23, denunciaron que efectivos policiales amenazaron con cortarles un cable con el que estaban transmitiendo. A los periodistas también se les impidió el ingreso a las instalaciones del Hospital. Además, a Pepe Mateos, los efectivos policiales metropolitanos lo detuvieron por un tiempo, sin ninguna clase de explicación. Tuvo que esperar ser liberado, para poder ir al Hospital Argerich y ser atendido por el impacto de bala de goma que había recibido en su mandíbula.

Esta última situación motivó que el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitiera un comunicado, en el que repudió la represión de la policía y reclamó a las autoridades de la ciudad, que “arbitren las medidas de protección necesarias para el seguro y libre trabajo de la prensa”.
Asimismo, el Gobierno de la la Ciudad Autónoma de Bs. As. (CABA), como también lo recordó FOPEA, “no se refirió concretamente a los colegas heridos ni expresó ninguna clase de autocrítica por la acción policial”.Decreto de Necesidad y Urgencia de Macri. 

Luego, el 14 de mayo de este año, a menos de un mes de los hechos antes referidos el Jefe de Gobierno de la ciudad Mauricio Macri, dicta un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que denomina de “Defensa de la Libertad de Expresión en la Ciudad de Buenos Aires”. En dicho decreto, sin arrepentimiento de los ataques a la prensa que se han dado en su gobierno, pretende aparecer como un ferviente defensor de una libertad de prensa, que días atrás no respetó en lo más mínimo. 
El DNU es, esencialmente, inconstitucional. La norma excede las facultades delegadas a la CABA, por la Constitución Nacional, reformada en 1994.

En el DNU, incluso, se busca erigir al Gobierno de la CABA, como investido de poderes propios de un Estado, con soberanía legal, por sobre el Estado Nacional, que es el que tiene su asiento y facultades genuinas en la ciudad, que es el asiento de la Capital Federal.
Sin pretender profundizar muy detalladamente en todas las irregularidades del decreto, cabe referir, algunos puntos que evidencian la ilegalidad y direccionalidad, especialmente, a favor de las necesidades del Grupo Clarín.

Macri pretende reservarse el derecho de revisar normas nacionales, por ejemplo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. En función de ello, se establece que la justicia de la CABA podrá revisar, por ejemplo, si la ley referida no afecta “las libertades de imprenta, prensa y expresión de los habitantes de la Ciudad ni de las personas físicas en ella domiciliadas”, (art. 21). Y se agrega que, “en ningún caso será competente la jurisdicción federal para entender en la aplicación del presente Régimen”, (art. 25).

Además, en el art. 21, circunscribe la facultad nacional sólo a regular a los medios que ocupen espacio radioeléctrico, por lo que, no considera que la Nación pueda legislar respecto de los otros medios audiovisuales, que no ocupan espacio radioeléctrico, como son, por ejemplo, los servicios de televisión por vínculo físico (TV por Cable). Este último aspecto, resulta que es el que le importa mucho al Grupo Clarín, dueño de Cablevisión y Multicanal, que quiere, en la Capital Federal, no cumplir lo que manda la Ley 26.522 y quedarse con las licencias de TV por Cable, sin desapoderarse del canal de aire que tiene. Por supuesto que en el DNU no tiene en cuenta lo dispuesto por el art. 75, inc. 19 de la Constitución Nacional, que dispone, como facultad de la Nación, el regular sobre “los espacios audiovisuales”, sin distinguir si ocupan espacio radioeléctrico o no.

A su vez, lo resuelto por Macri es contrario a lo que fija la Ley Nacional 24.588, que es la que determina las facultades de jurisdicción que se asignan a la Ciudad. En dicha norma se estableció, en el art. 8, que cabía intervenir a la Justicia de la CABA, sólo “en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativo y tributaria locales”, Luego, se le dio competencia en cuestiones penales menores. Por lo que no tiene facultad la justicia de la CABA, para asumir materias que no le corresponden y menos para intervenir en temas de la Ley 26.522, que son propios de la Justicia Federal.

También el DNU, en el art. 16, dispone, entre otras cosas, que la “licencias de comunicación audiovisual,… que pertenezcan a periodistas o medios de comunicación… con domicilio en la Ciudad o que se encuentren en ella instalados, estarán protegidos inclusive frente a… ejecuciones administrativas…”. Y en el art. 17 se fija además que, “No se podrá intervenir, desapoderar, despojar, reasignar, transferir ni ofertar pública o privadamente, sin la aprobación voluntaria y expresa de sus propietarios,… licencia de comunicación audiovisual…”. Estos artículos están hechos para neutralizar un fallo de la Corte Suprema de la Nación, que revocara la sentencia de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal y ordenara aplicar integralmente la Ley 26.522 al Grupo Clarín. En función de ello, si el Grupo no transfiriera las licencias que tiene en exceso de lo permitido por la ley, se tendrá que desapoderar y ofertar las mismas, sin aprobación voluntaria y expresa del Grupo, por lo que, en base al decreto, se pretende que, en la CABA, no se pueda ejecutar ni la ley, ni las resoluciones de la Corte.

El Decreto, en definitiva, no es de “necesidad”, porque los derechos de los periodistas y de la libertad de prensa están acabadamente garantizados por la Constitución Nacional, pero si demuestra, que tiene una “urgencia”, que sólo es la del Grupo Clarín y sus intereses.

    
Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado constitucionalista y periodista

El gobierno de Córdoba reinstaló la discriminación en el acceso a la TV

En la Argentina, antes que se dictara la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, se daba una inaceptable e inconstitucional discriminación, en las factibilidades de acceso a la televisión gratuita.

En el país, aproximadamente, sólo en doce localidades o espacios se podía tener más de una opción de TV no paga; también, en algunos lugares, se podía ver una sola señal televisiva de ese tipo, todo ello, en muchos casos, con mala calidad de la señal y por ende, de la recepción de la misma. Pero lo cierto era que, casi en el cincuenta por ciento del territorio patrio, no se tenía acceso a la televisión gratuita. Para mirar televisión era necesario poseer el dinero que permitiera comprar e instalar antenas parabólicas, con un equipamiento costoso o pagar un sistema de TV satelital o por cable. Se daba entonces que, para poder gozar de los derechos humanos de la información, de la comunicación, de la recreación, de la educación televisiva, entre otros, los que tenían capacidad económica y podían adquirir el servicio, lograban tener opciones para ver más de 150 canales y los que no podían abonar, estaban imposibilitados de acceder a la televisión.

Asimismo, en los lugares en los que se contaba con la mayor cantidad de TV gratuita, como por ejemplo, en el gran Buenos Aires o en la Ciudad de Córdoba -canales 8, 10 y 12-, tampoco se daban las opciones necesarias para disfrutar del servicio, con los requerimientos del Siglo XXI. En gran medida, la televisión paga brindaba también, canales especializados en noticias, deportes, infantiles, música, películas, documentales-educativos, etc., que no estaban en la oferta de la TV gratuita tradicional. Todo lo que potenciaba la brecha entre los que podían pagar y contar con dicha televisión, con opciones diversas e integrales, respecto de los que no tenían la capacidad económica para abonarla.

La TDA diversa y gratuita, un avance en derechos humanos
El proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se ha desarrollado el sistema de la Televisión Digital Abierta (TDA) diversa y gratuita, busca garantizar, para todos, de manera igualitaria y equitativa, el uso y goce de los derechos humanos que permite ejercer y desarrollar la TV. De esa manera se facilita que los habitantes del territorio argentino tengan opciones, por las que pueda contar con señales de televisión digital, -terrestre o satelital-, de contenido diverso, sin costo y con calidad técnica. Para asegurar aún más dicho objetivo, los decodificadores necesarios a los efectos de recibir las señales de la TDA, que se deben adquirir una sola vez, tienen un precio muy accesible. Y, se entregan sin costo a jubilados y personas que no tienen medios para comprarlos. Ya se llevan distribuidos, de esta última forma, más de un millón de decodificadores.
Por supuesto, este avance en derechos humanos para todos, afectó y afecta a importantes intereses políticos, de quienes apuestan a sus propios proyectos, sin importar los derechos de las personas, e intereses  económicos, de los que venden la señal televisiva por aire o por cable.
En ese contexto, resulta realmente denigrante y se reinstala en Córdoba la discriminación inconstitucional en el acceso a la TV gratuita, cuando la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Córdoba, de manera intempestiva, no permitiera inaugurar la antena para Televisión Digital Abierta (TDA) de Río IV y luego, clausurara las antenas del sistema ubicadas en Leones, Villa María, Villa Dolores y Malagueño. Muchas de estas antenas operaban ya hace más de un año. La medida burocrática administrativa, no encuentra fundamento en razones de particular emergencia o que no puedan ser subsanadas, sin atacar derechos humanos básicos. A más de 500.000 habitantes de la Provincia de Córdoba se les ha privado de poder ver gratis y con calidad digital, canales del país y regionales, como TV Pública, CBA24 y Canal 10, -está en prueba Canal 8-; infantiles, como Pakapaka y TATETI; de noticias, como CN23, C5N y Telesur; musicales, como Vivra y Arpeggio; de deportes, como DeporTV; documentales-educativos, como Encuentro, TEC y Suri TV; de películas, como INCAA TV; entre muchos otros.

Un derecho preferente, no regresivo
El acceso a medios de difusión, propio de la libertad de expresión, está garantizado por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y la Constitución de Córdoba, como un derecho de protección preeminente o preferente. Razón por la cual, no se puede cercenar por cualquier razón que no tenga particular trascendencia y no se logre solucionar de otra forma, ya que, dicho derecho, a su vez, goza del principio de progresividad. Esto último implica que, todo avance del goce de la libertad de expresión supone la necesidad de garantizar su disfrute, sin retrocesos en lo logrado. Y lo dispuesto por el gobierno de Córdoba, conlleva un grave retroceso en el derecho a acceder a con la TDA, por parte de todos los habitantes de la provincia, que ya tenían el servicio o estaban en condiciones de acceder al mismo, como es el caso de los que se hubieran beneficiado con la antena en Río IV.
          Es urgente que se restituyan los derechos humanos atacados por el Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado constitucionalista,especialista en Derecho de la Información


Fuente: http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=1488&El_gobierno_de_C%F3rdoba_reinstal%F3_la_discriminaci%F3n_en_el_acceso_a_la_TV
 

Papel para la palabra de todos

Por Julio Miguel Rodríguez Villafañe *
La actividad de la prensa es una de las garantías fundamentales para
la vida democrática y un instrumento básico para el ejercicio pleno de
diferentes derechos humanos. En este interés público imperativo, es
importante asegurar que haya una prensa diversa, que se pueda
desarrollar, con criterios de igualdad y equidad y que garantice que
no se vuelvan invisibles temas, personas o pueblos.
El Estado tiene la obligación de propiciar, respetar y garantizar una
prensa libre y plural para todos. Debe ayudar a superar los
condicionamientos externos que afecten la posibilidad de la presencia
de emprendimientos periodísticos diversos y no debe permitir que se
den, de hecho o de derecho, monopolios u oligopolios que afecten el
derecho a saber, (art. 42 de la C. N.).
A su vez, en un país federal es primordial que se tutele la
existencia de medios de prensa con dispersión territorial, para que
puedan escucharse voces diferentes, desde distintos lugares. Es la
manera de respetar a mujeres y hombres situados, cuya perspectiva,
desde su espacio, hay que evitar que se la condicione, con lógicas
centralistas y unipolares, que puedan silenciar o anular la visión
local. Cada espacio del territorio patrio debe tener la posibilidad de
contar con ámbitos de comunicación propios. De esa manera, ayudar a
gestar una democracia municipal, provincial y regional adecuada y
colaborar a tener una presencia, con personalidad propia, en el ámbito
nacional. La Constitución obliga al Congreso a "Dictar leyes que
protejan la identidad y pluralidad cultural… y los espacios culturales
y audiovisuales", (art. 75 inc. 19). Y la Ley 25.750 de "Preservación
de bienes y patrimonios culturales", determina que el Estado nacional
preservará especialmente, entre otros bienes culturales, los diarios,
revistas, periódicos y empresas editoriales en general.
Desde esos claros mandatos constitucionales la Cámara de Diputados de
la Nación ha dado media sanción al proyecto de ley por el que se
declara de "interés público" la producción, comercialización y
distribución de la pasta de celulosa de papel para diarios. En la
norma se busca, dentro de un objetivo de libre acceso y producción
nacional, una mejor operación de la industria de la pasta de celulosa
de papel para diarios, asegurando la igualdad de oportunidades y el
acceso sin discriminaciones al abastecimiento de papel. Para ello,
entre otros aspectos que contempla el proyecto, se pretende que exista
un precio único del papel que se pague al contado. Se regula también,
la necesidad de aplicar prácticas, que aseguren la preservación y
protección del ambiente, en la producción del papel.
En el país hay cientos de diarios, periódicos y revistas organizados
como pequeñas y medianas empresas comerciales (Pymes) o cooperativas.
Estas publicaciones, producto del esfuerzo por superar la
concentración, le dan voz a diferentes problemáticas, sectores
sociales, barrios, localidades, ciudades y regiones del país. También
ayudan a preservar identidades culturales y garantizan que se puedan
ejercer derechos humanos básicos, como los de información,
comunicación, educación, recreación, participación democrática,
control de gestión gubernamental, formación de opinión pública, entre
otros. Asimismo, generan fuentes de trabajo y dinamizan la economía
del lugar. Se debe tener presente, que muchos negocios o empresas
locales no tienen la capacidad económica o la necesidad de publicitar
en grandes medios nacionales, los bienes o servicios que ofrecen. De
no existir medios locales, no podrían hacerse conocer o lo tendrían
que efectuar abonando montos innecesarios. Para esos medios, uno de
los insumos más condicionantes de su desarrollo y funcionamiento
sustentable es el papel para imprimir, que representa entre el 50% al
70% de sus costos.
En este aspecto, ha sido muy positivo que el Estado Nacional haya
contemplado que es importante desarrollar una política de estado que
busque garantizar la provisión del papel para diario de manera
igualitaria. Recurso este que ya ha sido declarado de interés
nacional, desde hace tiempo (Ley 11.682). Y, en esa línea, la
Secretaría de Comercio Interior de la Nación dictó la Resolución
1/2010, que estableció que, desde una compra mínima de una tonelada,
"las operaciones de comercialización de papel para diario, en fábricas
nacionales, deberán efectuarse por un precio igualitario, en función
del precio del principal comprador".
Cabe referir que, respecto del proyecto se expresaron libremente más
de ciento veinte expositores, ante la Comisiones de la Cámara de
Diputados. Hicieron conocer su visión en el tema dueños de diarios de
todo el país, Universidades, constitucionalistas, gremios, etc.
Sin embargo, los grandes grupos, dueños de medios de difusión, que
siempre se beneficiaron del Estado para sus negocios, sostienen que la
nueva norma violará Pactos Internacionales y fundamentalmente, el
artículo 32 de la C.N., porque interfiere la libertad de imprenta e
implica una intromisión del estado federal con la prensa. Resulta
paradójico que dichos grupos económicos, dueños de grandes medios,
nunca consideraron que se violaba el art. 32 y era una intromisión del
Estado o que afectaba la libertad de prensa, cuando presionaron para
que todos los argentinos nos hagamos cargos de sus malos negocios con
el exterior, asumiendo sus deudas en dólares. Tampoco, cuando buscaron
que se dictara la Ley 25.750 de "Preservación de bienes y patrimonios
culturales", para no caer en manos de acreedores extranjeros; ni
cuando se asociaron al Estado Nacional y era funcional a los negocios
en Papel Prensa S. A., aunque se afectaba a medios gráficos pequeños.
Ahora, cuando nos estamos refrescando hacia una libertad de expresión
con igualdad de palabra para todos, garantizando el insumo básico para
toda la prensa gráfica, realmente se están cumpliendo, acabadamente,
los objetivos constitucionales.
* Abogado Constitucionalista, especialista en Derecho de la Información

Las condiciones estructurales para un periódico regional

Debieron endeudarse; se cooperativizaron tras quebrar; sobreviven a duras penas, sin poder agregar páginas ni diversificarse; o directamente cerraron. La otra historia indicará que después de 30 años de este esquema, debieron vender a grupos económicos con capacidad de compra, entre ellos los propietarios de Papel Prensa.

(Ansol).- La existencia de medios regionales, de alcance local o zonal, muchos de ellos centenarios, permaneció invisibilizada hasta no hace mucho tiempo atrás para incluso para los propios gobiernos nacionales, pero su aporte al desarrollo comunitario y las economía regionales es incuestionable. Sin ir más lejos, el debate sobre la distribución de la pauta publicitaria del Estado debe necesariamente interpretar esta notoria postergación.

Cuando se deja de mirar emprendimientos individuales y se visualiza un sistema global que realiza la importante función social de otorgar y circular relatos, distribuir conocimiento, incorporar o dejar afuera visiones, garantizar Derechos Humanos y además se observa que en ese sistema tiene actores que tienen la capacidad no solo de comunicar, sino de definir las posibilidades del resto, se visualiza el impacto que tiene un sistema de medios concentrado tanto empresarial como geográficamente en el desarrollo integral y federal de un país.

Según sostiene el constitucionalista Julio Miguel Rodríguez Villafañe: “En el país hay cientos de diarios, periódicos y revistas organizados como pequeñas y medianas empresas comerciales (pymes) o cooperativas. También hay publicaciones institucionales de sindicatos, clubes, demás instituciones de la sociedad civil, que deben imprimir en papeles caros porque ni siquiera está en su posibilidad intentar comprar papel para periódicos”.

Estas publicaciones, producto del esfuerzo por superar la concentración, le dan voz a diferentes problemáticas, sectores sociales, barrios, localidades, ciudades y regiones del país. También ayudan a preservar identidades culturales y garantizan que se puedan ejercer derechos humanos básicos, como los de información, comunicación, educación, recreación, la salud, participación democrática, control de gestión gubernamental, formación de opinión pública, entre otros. Asimismo, generan fuentes de trabajo y dinamizan la economía del lugar.

Una observación no menor. Si una empresa (o grupo empresario) vende un insumo que debe usar el resto de los emprendimientos, los segundos son parte de la cadena de valor de la primera. De cada peso que facturan los periódicos no propietarios de Papel Prensa, centavos van a La Nación y Clarín vía Papel Prensa. Se entabla así una situación donde incluso en zonas donde los medios regionales están consolidados, en determinada proporción realizan el negocio de grandes empresas enclavadas en Capital Federal.

Otro impacto de los medios regionales sobre el desarrollo local: muchos negocios o empresas locales no tienen la capacidad económica o la necesidad de publicitar en grandes medios nacionales, los bienes o servicios que ofrecen. De no existir medios locales, no podrían hacerse conocer o lo tendrían que efectuar abonando montos innecesarios.

* Periodista Comercio y Justicia (Córdoba)

Comunicado de FADICCRA

La Federación de Diarios Cooperativos (FADICCRA), adherida a la CNCT, celebra la aprobación de la ley que declara de interés público la fabricación y la comercialización del papel para diarios con 41 votos a favor, 26 en contra y una abstención.
(Ansol).- La Cámara Alta culminó la sesión extraordinaria con la aprobación de la Ley que declara de interés público la fabricación y la comercialización del papel para diarios con 41 votos a favor, 26 en contra y una abstención. Los comunicadores y diarios cooperativos, a través de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADICCRA), adherida a la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), celebran la sanción.
Los diarios cooperativos sufren “en carne propia los efectos del monopolio ejercido por la empresa Papel Prensa, controlada mayoritariamente por los diarios Clarín y La Nación” explicitaba FADICCRA en un comunicado de hace días.
Para el abogado constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe en el país hay cientos de diarios, periódicos y revistas organizados como pequeñas y medianas empresas comerciales (Pymes) o cooperativas. Estas publicaciones, producto del esfuerzo por superar la concentración, le dan voz a diferentes problemáticas, sectores sociales, barrios, localidades, ciudades y regiones del país.
También ayudan a preservar identidades culturales y garantizan que se puedan ejercer derechos humanos básicos, como los de información, comunicación, educación, recreación, participación democrática, entre otros. Para esos medios, uno de los insumos más condicionantes de su desarrollo y funcionamiento sustentable es el papel para imprimir, que representa entre el 50% al 70% de sus costos.
"Si alguien se benefició por la transferencia de acciones de la planta de Papel Prensa en 1977 son tres medios capitalinos, cuya integración vertical les permitió consolidar una posición dominante en el mercado de periódicos, y de la comunicación en general, durante más de treinta años", declara el periodista de la Cooperativa de Trabajo Comercio y Justicia (Córdoba) Nahum Mirad que plantea la falacia de que no hay soporte mediático que actúe por sí solo, el sistema de medios es un continuum que opera de manera global sobre la sociedad. Así como un medio no define lo que opina la población, cada medio cuenta para crear y recrear las visiones de la realidad sobre las que se construyen las ideas sobre el mundo que nos rodea, y por ende la forma de insertarse en él.