martes, 20 de marzo de 2012

Cooperativas truchas, Ley de Servicios Audiovisuales y amparos

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Una cámara federal confirmó el cierre impuesto por el Inaes en 2008 a la Cooperativa Colonia Barraquero. A pesar de todas las irregularidades detectadas y haberse probado trabajo infantil, la cooperativa continuaba funcionando gracias a una medida cautelar dictada a su favor por una jueza mendocina. Se trataba de una pantalla con el fin de precarizar labores rurales y de temporada. Ofrecía sus servicios de Agencia de Empleo en Mendoza y sus ramificaciones llegaban a San Juan, Catamarca, La Rioja Neuquén y Río Negro, entre otras provincias.
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La jueza Olga Pura de Arrabal (foto) quien hizo lugar al recurso de amparo a favor de Colonia Barraquero. Permitiéndole así, la continuidad de su funcionamiento.
La señora Olga Pura de Arrabal es la misma magistrada que, mediante una medida cautelar, suspendió la aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La jueza en cuestión había dispuesto la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, al aceptar la presentación realizada por el diputado nacional Enrique Thomas, militante del peronismo disidente y aliado de Julio Cobos, quien denunció presuntas anomalías durante el tratamiento de la ley en el Congreso. La misma jueza, años atrás, había prohibido la instalación de una repetidora de Canal 7, la televisión pública, en Mendoza.


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