viernes, 2 de agosto de 2013

Las nuevas leyes sobre medios de comunicación

(Por Guillermo Rothschuh Villanueva) Las razones por las cuales se emitieron en México, Honduras y El Salvador no son las mismas por las que se aprobaron en Venezuela, Argentina y Ecuador. A lo largo de los últimos cinco años, gobiernos de derecha e izquierda han coincidido en la necesidad de regular el funcionamiento de los medios. La aprobación de leyes en Venezuela, Argentina, México, Honduras, El Salvador y Ecuador son síntomas evidentes de la propensión por legislar en el campo mediático. No todas las leyes aprobadas tienen los mismos alcances y esconden iguales propósitos. El denominador común proviene de la voluntad política expresa de gobiernos y políticos por mediar en un terreno sumamente sensible y de enormes repercusiones en el campo de las libertades ciudadanas. El examen de cada una de estas leyes permite corroborar sus diferencias y deducir las motivaciones que encubren.

México

En México los diferentes intentos para revertir el duopolio constituido por Televisa y TV Azteca habían fracasado. El sector académico mantuvo posiciones beligerantes buscando liquidar el poder que ejercían ambos conglomerados en la sociedad mexicana. El problema se vio agravado por el crecimiento desmesurado de América Móvil. Carlos Slim se adueñó del sector de las telecomunicaciones (domina el 90% de la telefonía fija), una posición privilegiada. Los académicos han sido reacios a la concentración mediática. La familia Azcárraga, principal accionista de Televisa (controla el 70% de televisión abierta en México), siempre supo maniobrar y torpedear las iniciativas que trataban de romper su hegemonía. El acuerdo tripartita traducido en ley por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), no tiene retroceso. El quiebre de estos mastodontes vislumbra cambios significativos.

Honduras

En Honduras, buscando cómo evitar la intromisión de la Asamblea Nacional, diferentes Asociaciones de Medios de Comunicación, el Colegio de Periodistas y representantes de las iglesias católicas y evangélicas, aprobaron un Acuerdo Nacional por la Promoción de una Cultura de Paz y Libertad de Prensa (Mayo-2013). El documento contiene siete artículos y hace profesión de fe por promover la institucionalidad del país, la unidad de los hondureños y especialmente evitar escenas escabrosas en los canales televisivos. Un acuerdo de autorregulación. En Nicaragua este mecanismo no funciona. Los canales televisivos 8 y 10 continúan violando los derechos humanos de las familias más humildes. Jamás han querido escuchar los llamados encaminados a evitar lesiones en la dignidad de las personas, honra,  privacidad y derecho de imagen. Esclavos del rating no entienden que existen otros valores y principios más importantes que sus intereses comerciales.

El Salvador

En El Salvador las principales fuerzas parlamentarias acordaron aprobar la Ley Especial del Ejercicio del Derecho de Rectificación o Respuesta (Julio 2013). Su intención es preservar los derechos al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen en concordancia con el irrestricto ejercicio de la libertad de expresión e información. El derecho se ejerce mediante petición escrita ante el medio de comunicación, dirigido al gerente, director editorial, jefe de redacción o su equivalente. La acción procesal solo puede ejercerse cuando los medios se nieguen a recibir la solicitud, no la publiquen, le hacen saber que no lo harán, o bien en caso de publicarla sin respetar lo dispuesto en la ley. La negativa abre paso a la instancia jurídica.

Venezuela

El presidente Hugo Chávez creyó que la mejor manera de confrontar los medios era mediante la promulgación de una ley cuya finalidad inocultable estaba encaminada a frenar la crítica. El golpe fallido de 2002 dejó el camino despejado. Nadie puso en duda que RCTV alentó al grupo que perpetró su detención y auspició el golpe.

Argentina

La LSCA ha sido considerada como una de las leyes más completas y mejor elaboradas en América Latina. Frank Larue, Relator para la Libertad de Expresión de la Organización de Naciones Unidas ha elogiado su contenido en cónclaves y seminarios. En Guatemala se lo escuché decir por primera vez. Igual dijo en San Salvador. Medios y periodistas argentinos no  logran ponerse de acuerdo acerca de estas bondades.

Ecuador

El caso ecuatoriano ha sido el más polémico. La aprobación la Ley Orgánica de Comunicación por parte de la Asamblea Nacional vino a ser el desenlace de los frecuentes choques del presidente Rafael Correa con medios, periodistas y Organizaciones No Gubernamentales. Establece normas a las que deben sujetarse medios y periodistas, entre el fárrago de disposiciones, su aspecto más discutible está centrado en la Regulación de Contenidos (Título IV).

Legislar sobre medios induce siempre a preguntarse sobre quiénes lo hacen y con qué intenciones. Siempre será necesario interrogarse, ¿para qué legislar? El desempeño de los gobernantes resulta un indicador imprescindible para conocer qué les anima a dictar leyes de medios. Aunque resulta indispensable que los dueños de medios entiendan de una vez que la libertad de expresión es un derecho inalienable que asiste al conjunto de la sociedad. 

Fuente: El confidencial

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