Hacia un nuevo modelo de comunicación en Latinoamérica

(Por Mercedes Acosta - Usina de Medios)

Argentina marcó un punto de inflexión en América latina, a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en el 2009. Tras 26 años de lucha, de avances y retrocesos, los medios de comunicación se insertaron en un marco legal democrático. Ecuador va hacia el mismo camino.
En el 2008 Ecuador incorporó a su Constitución la aprobación de un cuerpo legal para democratizar la comunicación. Al año siguiente se creó la Comisión Especial Ocasional de Comunicación para elaborar un proyecto de ley que sea tratado en la Asamblea Nacional. Durante el mismo año, el presidente Rafael Correa sometió a referéndum dicha propuesta y el 61% de la población votó a favor de la medida.  Luego de años de debates y de foros consultivos, el 11 de abril pasado la Asamblea Nacional de Ecuador debía tratar el proyecto de ley. Fueron muchas las presiones políticas y la sesión fue suspendida por tiempo indeterminado con el pretexto  de analizar punto por punto el proyecto.
El objetivo de la Ley Orgánica de Comunicación Ecuatoriana apunta a universalizar el derecho a la comunicación, democratizar el acceso a los medios y a los soportes tecnológicos. Propone que la distribución de licencias sea un 33% para el sector privado, un 33% para el sector público y un 34% para los sectores comunitarios. Uno de los puntos a destacar es que la ley limitará que las empresas de comunicación privadas, al igual que sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito comunicacional. El texto contiene 128 artículos y 16 disposiciones transitorias que apuntan a garantizar el ejercicio integral de los derechos comunicación de los ciudadanos (texto completo en http://documentacion.asambleanacional.gov.ec).  
En América Latina cuando se intentan hacer reformas para democratizar la comunicación se multiplican las notas periodísticas que hablan de ataque a la prensa y a la libertad de expresión. Esto sucedió en Argentina cuando se debatía la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y lo mismo está ocurriendo en Ecuador desde que este tema está en vigencia. Los medios de comunicación dominantes publican notas en contra de dicha reforma con titulares similares a los que publicaba la prensa Argentina: "Ley de medios K", "Ley mordaza de Correa" o "Ley para controlar la prensa". Es que los holdings mediáticos instalan, reproducen y convierten en hegemónicos discursos que resultan funcionales a sus necesidades políticas y económicas, utilizando como argumento la defensa de la libertad de prensa en pos de preservar sus intereses.
Aparecen, también, comunicados por parte de organismos, o de la clase política que responden a las empresas de comunicación. Organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa – SIP que se autodenomina como "una organización sin fines de lucro que busca defender la libertad de expresión", cuestiona el proceso de debate y los contenidos de la Ley, sosteniendo la defensa de la libertad de expresión de los monopolios mediáticos. Esta organización, que se arroga la representación de los medios de prensa y de la independencia frente a los gobiernos, en realidad está conformada por los grandes multimedios del continente, adoptando una posición opositora frente a los gobiernos populistas, sobre todo a los que se atreven a cuestionar el actual sistema de medios.