lunes, 5 de agosto de 2013

Papel Prensa: las pruebas clave que la justicia sigue ignorando

Hay dos documentos clave que duermen en un expediente que desde hace tres años se mueve lento.
Muy lento.
¿Qué contienen esos papeles?
Una prueba irrefutable.
La confirmación de que los directivos de Clarín, La Nación y La Razón se reunían con los represores en abril de 1977 en pleno proceso del despojo accionario de Papel Prensa que sufría la familia Graiver.  
La causa en la que se investiga la apropiación durante la dictadura cívico-militar de la principal productora de insumos de papel de diario está a cargo del juez Julián Ercolini. Recayó en el magistrado luego de sufrir una serie de demoras por "cuestiones de competencia" entre el juez federal Daniel Rafecas y su par platense Arnaldo Corazza. Ercolini recién en junio pasado, hace sólo dos meses, aceptó como querellante a Lidia Papaleo, viuda de Graiver.
La causa tramita lento. Muy lento.
Más aun si se observa que entre las miles de fojas que la componen, se leen con claridad los dos documentos que fueron revelados por Tiempo Argentino el 5 y el 26 de septiembre de 2010, cuando Cynthia Ottaviano y Juan Alonso los publicaron en exclusiva en las páginas de este diario. La investigación periodística dejó al descubierto la trama de complicidad entre Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Patricio Peralta Ramos –representantes de los diarios– con el general de brigada Oscar Gallino, responsable de los interrogatorios bajo tortura a la familia Graiver, secuestrada en las catacumbas de Ramón Camps por esos días.
Ante semejante evidencia irrefutable, la justicia aún no citó a indagatoria a Magnetto y Mitre, acusados de presuntos delitos de lesa humanidad.
¿Qué espera? Sólo se sabe en Comodoro Py.
Quizá una respuesta posible a la soporífera lentitud en que a veces se arrastra la justicia esté dada, en este caso, en que quien debe sentarse en el banquillo es uno de los hombres más poderosos de la Argentina.
Qué decir si ese hombre, Magnetto –que entre tantas obligaciones tiene tiempo para perseguir judicialmente a Víctor Hugo Morales–, cuenta con un pelotón de abogados que busca seguir dilatando la causa o delimitar su debate a una cuestión meramente económica: una transacción de acciones entre privados que, como mucho, se pudieron haber pagado a precio vil. De ser así, el delito que se le imputase sería otro, sin dudas. Una cosa es una truchada económica. Y otra, muy otra por cierto, es ser hallado culpable de un delito imprescriptible de lesa humanidad. Por eso llama la atención que mientras los documentos que confirman la relación entre los directivos de los diarios y los torturadores siguen ahí, durmiendo en el expediente a la vista de todos, la causa –lenta– avance en otra dirección: el magistrado dispuso que se realice una pericia contable para determinar si las acciones de Papel Prensa se pagaron a precio irrisorio, cuando quien las vendió sufría presiones y amenazas, y terminó soportando en su cuerpo las descargas eléctricas del terrorismo de Estado. Esos peritajes sobre los balances de la compañía y los informes que detallen la evolución del valor de las acciones desde los orígenes de la empresa pueden demorar años. Mientras tanto, Magnetto y su socio, Mitre, siguen esperando tranquilos que la justicia se digne a indagarlos para que respondan por el contenido de los documentos mecanografiados en abril del '77 por las manos de –entre otras cosas– un burócrata del horror: el general de brigada Oscar Bartolomé Gallino, "Oficial Superior Preventor".  En el primer documento, con fecha 7 de abril de 1977, Gallino detalla en la "diligencia" que, a las 16:30, recibió "a los Directores y Asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo 'Fundador' de Papel Prensa".
 
Dos días más tarde, en una diligencia del 9 de abril de 1977 Gallino volvió a dejar asentado que, siendo "las ocho horas y cuarenta minutos", recibió a "el secretario de Industria, Raymundo Podestá, los presidentes de los directorios de La Nación, Clarín y La Razón, que son los adquirentes del paquete accionario del 'Grupo Fundador' de Papel Prensa, que representa el 26 por ciento del total del paquete accionario". En el mismo documento, "Superior Preventor" Gallino detalló que a las 15 horas concurrieron a su despacho "el presidente y vicepresidente del banco central y el presidente del banco nación Argentina, para considerar la situación del Banco Comercial de la Plata y el Banco de Hurlingham", dos entidades que integraban los bienes de la familia Graiver. Luego de las entrevistas, Gallino cierra diligencia del 9 de abril de 1977: "En la misma fecha, y a las 20 horas, se preparan los interrogatorios a tomar el 11 de abril de 1977."
Así fue.
Minutos antes de las 22 horas de ese 11 abril, Lidia Papaleo temblaba de frío, de hambre y de miedo delante de Gallino, que las 21:47 daba por terminado el interrogatorio: "El señor Oficial Superior dispuso suspender este acto para continuarlo en la oportunidad que lo determine." Como narraron Ottaviano y Alonso en este diario el 26 de septiembre de 2010, a la viuda de Graiver volvieron a arrastrarla a su calabozo.
Lidia Papaleo fue secuestrada por un grupo de tareas  el 14 de marzo de 1977. Su marido David Graiver había muerto en sospechoso accidente aéreo el 7 de agosto de 1976 mientras regresaba de Nueva York a México.
El 8 de marzo del '77, la dictadura secuestró a Juan, el padre del empresario. Seis días más tarde, caerían junto a lidia Silvia Fanjul y Lidia Gesualdi, secretarias de Graiver. El 4 de abril fue el turno de Jorge Rubinstein, el hombre de confianza del empresario muerto y único capacitado para administrar sus empresas, en particular Papel Prensa. Rubinstein fue asesinado en plena sesión de tortura. No soportó la picana.
En ese contexto, durante esos días, mientras los Graiver padecían los tormentos en el Pozo de Banfield, Magnetto y Mitre se reunían con Gallino, que luego redactaría el interrogatorio al que sometería a la "detenida-desaparecida" Lidia Papaleo, que ya había sufrido las vejaciones más terribles en las sesiones de tortura.
Todo en pocos días. Entonces, el tiempo corría rápido.
Tan sólo 24 horas después del interrogatorio de Gallino a Papaleo, una patota secuestraba a Rafael Iannover, testaferro de "Dudi" Graiver. Iannover había firmado en noviembre de 1976 el traspaso accionario de Papel Prensa a los tres diarios.
El trabajo de Gallino no aceptaba dilaciones. A este burócrata criminal que fue subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno de la zona 4 de Campo de Mayo, y que no dudó en ejecutar a los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que habían intentado copar el Batallón 601 Domingo Viejo Bueno, en Monte Chingolo, lo designó el genocida Jorge Rafael Videla, junto a Camps y al general Carlos Guillermo Suárez Manson para investigar a los Graiver.  
Su tarea de limpieza arrancó el 6 de abril de 1977. Un día después ya compartía café con los directores de Clarín, La Nación y La Razón.
El 19 de abril de ese año, la Junta Militar le quitó a la familia Graiver el derecho a la ciudadanía, y el manejo y control de sus bienes que pasaron a ser administrados por la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial –CO.NA.RE.PA–.
Papaleo seguiría seis años más detenida. Gallino un buen día se murió. Pero mucho antes había mecanografiado los documentos que dan testimonio de la complicidad cívico-militar. Dos actas que fueron incorporadas en la querella que presentó en septiembre de 2010 en sede judicial el entonces secretario de Derechos Humanos, el recordado Eduardo Luis Duhalde –y que reimpulsó su sucesor en el cargo, Martín Fresneda–. Documentos revelados por Tiempo, que también integran el Informe "Papel Prensa, La Verdad", que realizó el secretario de Comercio Guillermo Moreno. Dos piezas clave en un expediente que corre riesgo de escurrirse en la impunidad. Pruebas que la justicia, tal vez, aún este analizando en una causa en la que todavía no fueron citados a indagatoria Mitre y Magnetto.  «
 
Gustavo Cirelli
 
 
Opinión
Vestigios de la dictadura cívico-militar
Por Roberto Boico
La causa judicial "Papel prensa" revela vinculaciones ocultas entre el poder mediático Clarín-Nación y la dictadura cívico-militar, en una de las manifestaciones económicas que impactan contra la democratización y pluralidad de la palabra: el insumo de papel para diarios. No es sólo una cuestión económica, es el ejercicio crudo del poder de la palabra. 
Las formas de dominación y ejercicio hegemónico adquieren en la sociedad moderna formas muy sofisticadas; las estructuras de vigilancia que Foucault pensó en los '80 desbordan por nuevas técnicas de control a partir de la comunicación. Esta asigna lugares, fija roles, establece jerarquías, nuevas formas de dominación social, sobre los individuos y los pueblos. Poder que en esencia invade el espacio de lo público y controla la privacidad de los sujetos; poder esencialmente político que determina quiénes deben gobernar y quiénes ser gobernados, a punto tal de naturalizar bondades inexistentes de algunos políticos que ofician de sirvientes de la palabra de "otro".
El terrorismo de Estado 1976/1983 no fue tan sólo la articulación de una multiplicidad de delitos aberrantes, sino el ejercicio de una violencia de carácter fundacional que permitió el asentamiento de una nueva hegemonía constitutiva de legalidad. Los forjadores del genocidio actuaron para solventar la vigencia de un nuevo orden, el más perverso que nos pudimos imaginar. La desaparición forzada de personas se corresponde con el ejercicio de una violencia irracional, basado en una particular legalidad y sobre pilares económicos que aún hoy enarbolan algunos voceros de la más rancia derecha. El crimen cometido tenía coloración de ley, de una ley que se estaba instituyendo y que requería el ejercicio de una violencia cruda; eran, en definitiva, los crímenes (violencia) de la ley. Avancemos definitivamente a desterrar y castigar los vestigios económico-mediáticos de la dictadura militar, con la única herramienta que la democracia ostenta: la justicia.
 
Fuente: Tiempo Argentino
 

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