Se aprobó la Ley Audiovisual española, que favorece la privatización de medios

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que flexibiliza la gestión de las cadenas de televisión públicas autonómicas y abre la puerta a la entrada de empresas privadas en estos canales. 

La reforma, que fue enviada por el Gobierno por el trámite de urgencia, ha sido aprobada por el Pleno del Senado con 157 votos a favor del PP y UPN, 86 votos en contra del resto de grupos y la abstención de 5 senadores. Asimismo, el PP ha hecho valer su mayoría para rechazar los tres vetos y 87 enmiendas que quedaban vivas del resto de grupos. 

La Ley, que modifica la aprobada por el anterior Ejecutivo en 2010, permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio y si quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada. En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener déficit porque "no se permitirán desequilibrios en los presupuestos".

Hasta el momento, la Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha ya han avanzado su intención de aprovechar la reforma del régimen de gestión de las televisiones autonómicas aprobada por el Gobierno para privatizar la gestión o los servicios informativos de sus televisiones públicas, mientras que otras comunidades ya tienen 'de facto' algunos de los servicios de sus cadenas subcontratados a empresas privadas.

El  PSOE avisa que favorece la privatización.  El senador del PSOE Andrés Gil García ha criticado la reforma porque "no es neutral" en cuanto a los modelos de gestión de las televisiones autonómicas, sino que "favorece la gestión privada", y "busca un claro ventajismo político" para el PP mediante la privatización de los servicios informativos y su entrega a empresas "afines".

En este sentido, ha indicado que la reforma tiene un "propósito oculto", que es el "control de los informativos igual que ya han empezado a hacer con RTVE". Asimismo, ha señalado que la reforma "es una clara intromisión de las competencias" al imponer a las comunidades "obligaciones muy concretas y exhaustivas" sobre objetivos de déficit. "Usted con esta ley dan un paso más en el recorte de derechos de los ciudadanos", ha espetado a los senadores del PP.

FUENTE: www.europapress.es